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México

Caravana migrante salió de Tapachula rumbo a la CDMX

La mañana de este sábado, una nueva caravana migrante integrada por alrededor de 4,000 personas, partió de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México, pero con la finalidad de ingresar a Estados Unidos.

La movilización comenzó alrededor de las 7 de la mañana y de acuerdo con medios locales, miles de personas provenientes de países de Centroamérica, como Haití y Cuba avanzaron con dirección a la capital de México en lo que denominaron la “caravana madre”.

El grupo logró pasar el primer retén en el que había alrededor de unos 200 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicado en la entrada de la comunidad de Viva México por lo que ahora se dirigen a Huehuetán.

Los migrantes caminan en cadenas humanas y pidan a las autoridades mexicanas respeto para poder avanzar y lograr regularizar su situación en alguna oficina administrativa del Instituto Nacional de Migración (INM) de la capital, según explicaron el pasado miércoles a Efe.

“Estamos haciendo un sacrificio, por lo que pedimos por todas las personas que vamos ya que vamos a caminar hasta donde llegue y nos permita el Señor”, señaló la migrante guatemalteca Estela de León, quien viaja sola.

Estela añadió que en su país existe mucha violencia, pobreza y extorsiones, por lo que decidió salir de su nación.

Indicó que su último destino en México es Tijuana, donde busca trabajar y tener una vida segura.

Desde hace varios meses, miles de migrantes de al menos 11 nacionalidades han buscado la manera de salir de Tapachula buscando avanzar en sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o el INM, instituciones saturadas por el volumen de solicitantes.

El viernes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió proteger los derechos y seguridad de los migrantes ante la caravana que partió este sábado desde Chiapas.

“Este organismo nacional solicitó proporcionarles ayuda humanitaria y que, ante el probable uso de la fuerza para su contención, esta se realice en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, indicó el ente en un comunicado.

La CNDH emitió medidas cautelares a diferentes autoridades federales y estatales como la Secretaría de Salud (SS), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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