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México

Carlos Slim y periodistas fueron espiados por Pegasus en gobierno EPN: Testigo

En julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México.

Ciudad de México.- Empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea,dos de los hombres más ricos del país, y una decena de periodistas fueron espiados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) mediante el software Pegasus, según reveló un testigo protegido en el juicio contra el operador de esta herramienta.

De acuerdo con información del portal Aristegui Noticias, esto fue revelado durante el juicio contra Juan Carlos ‘N’, empleado de la empresa KBH Aplied Technologies Group, una red de empresas fantasma que se utilizó para comercializar en México el programa propiedad de la empresa israelí NSO Group.

Según el testigo identificado como ‘Zeus’, el jefe de la empresa, el israelí Uri Emmanuel Ansbacher, recibía instrucciones vía telefónica del entonces presidente Peña Nieto para espiar a personajes específicos.

En julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50 mil teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta.

El testigo afirmó que en septiembre de 2015 recibió una USB a través del chofer de Ansbacher, pues debía enviar unos archivos contenidos en ella, sin embargo, al abrir “por accidente” uno de ellos encontró unos mil 500 registros de nombres de periodistas y políticos, los cuales eran objetivo de espionaje.

Entre los nombres, reveló, estaban los de Larrea, director ejecutivo de Grupo México, Slim presidente de Grupo Carso y el hombre más rico de México, y de periodistas como Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Carmen Aristegui.

De acuerdo con las declaraciones de ‘Zeus’, Juan Carlos ‘N’ también recibía órdenes del ex secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el ex titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz Gispert, también daban indicaciones al dueño de KBH para definir a los objetivos de la intervención de comunicaciones.

Juan Carlos ‘N’ fungió como director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, una de las compañías que vendió el software espía, sus licencias de uso y sus actualizaciones al extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen); a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía.

Los casos de espionaje han sido un escándalo en México, pues además de los revelados durante la administración de Peña Nieto, el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre del año pasado documentos que hackeó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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