Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, ha sido señalado en una investigación sobre irregularidades en la gestión de Liconsa en Chihuahua, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al año 2023. Chávez Treviño ocupaba el cargo de gerente estatal de Liconsa desde noviembre de 2022.

La auditoría reveló que existen 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa, además de diversas acciones para determinar posibles responsabilidades administrativas. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran pagos realizados a personas fallecidas y recursos entregados a proveedores que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder al precio de garantía.

En el caso específico de Chihuahua, se identificó una irregularidad relacionada con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, en el que se realizaron pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido. Uno de ellos murió en febrero de 2023 y el otro en marzo del mismo año, sin embargo, los pagos continuaron durante ese ejercicio, según la revisión de la ASF.

Además, Gregorio Chávez está vinculado a otra observación que asciende a aproximadamente 4.5 millones de pesos, correspondiente a pagos de precios de garantía a proveedores que, de acuerdo con la auditoría, no cumplían con los requisitos establecidos para recibir dicho beneficio.

La investigación también ha documentado irregularidades en las operaciones de Liconsa en otros estados, como Jalisco y Coahuila, donde se han observado montos adicionales por pagos a proveedores no elegibles y por leche cuya recolección no pudo ser acreditada.

Hasta el momento de la publicación de la investigación, las posibles responsabilidades administrativas aún no habían sido determinadas de manera definitiva, y el procedimiento seguía pendiente de avanzar hacia las áreas encargadas de investigar y, en su caso, sancionar.

Gregorio Chávez fue contactado para conocer su postura respecto a las observaciones, pero no se obtuvo respuesta. Es importante señalar que las irregularidades detectadas por la ASF no implican por sí mismas una determinación de responsabilidad administrativa o penal.