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Caro Quintero no puede ser extraditado: PGR

El narcotraficante Rafael Caro Quintero no podría ser extraditado a Estados Unidos por el crimen del agente de la DEA: PGR

El narcotraficante Rafael Caro Quintero no podría ser extraditado a Estados Unidos por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena, pues aún está en proceso, no ha causado ejecutoria y la PGR interpondrá el recurso de revisión que permitió su libertad.

Al término de un evento en el Colegio de México, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo que “el ex líder del Cártel de Guadalajara tendría que ser extraditado a Estados Unidos por una causa distinta a las que están en el proceso”, aunque dijo desconocer si hasta el momento hay una petición formal con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Asimismo, dijo que el fallo del tribunal no ha causado ejecutoria, pues la PGR tiene 10 días hábiles para interponer otro recurso, y en este caso interpondrá un recurso de revisión, reiteró que el fallo que liberó a Caro Quintero le preocupa, pues hay muchísimos casos que están en la misma circunstancias y que podrían quedar libres bajo este mismo criterio.

‘Caso produce escozor’

Murillo Karam, afirmó que el fallo judicial que dejó en libertad a Rafael Caro Quintero causa «escozor», porque genera impunidad el hecho de que un personaje que causó tanto daño social no cumpla en prisión los 40 años a los que fue sentenciado.

Al participar en el «Seminario sobre la violencia en México», organizado por el Colegio de México, el funcionario dijo no entender el «mecanismo mental» de los magistrados que decidieron liberar al capo con el argumento de que su proceso no era competencia de la justicia federal, sino de la local.

Aseguró que existe preocupación en la PGR por este criterio, debido a que existen muchos casos como el de Caro Quintero que están a la espera de ser resueltos por el Poder Judicial de la Federación.

«En este caso no podemos hablar de total impunidad, cubrió una sentencia de 28 años, en otros países 28 años son las sentencias más altas que pueden darse; yo, sin embargo, creo que debió haber cumplido los 40 por lo menos, porque la personalidad y el tipo de delitos que él cometió afectan seriamente a la sociedad mexicana.

“Por lo pronto la Procuraduría va a interponer los recursos que tiene todavía a su alcance y estamos haciendo otro tipo de cuestiones que son muy importantes para evitar este tipo de impunidad, y digo este tipo de impunidad porque no es la impunidad total, pero sí es la impunidad y en consecuencia también es combatible”, apuntó.

De acuerdo con Murillo, la resolución del Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco es contraria al criterio que emitió en marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los casos que fueron juzgados en el fuero equivocado, deben ser remitidos a la jurisdicción que le corresponde y no debe ser razón para liberar al acusado.

“El fuero no puede convertirse en razón para liberar a nadie porque en este caso la sentencia de primera entrada nos produce escozor, porque resulta que el tribunal dice que quien lo juzgó no era competente y ordena al (tribunal) incompetente que prácticamente lo sentencie sin juicio y obviamente lo tiene que sentenciar dejándolo en libertad.

“En consecuencia, es la libertad total, es decir, no entiendo el mecanismo mental y no juzgo todavía sobre cuestiones de buena o mala fe, pero no entiendo el mecanismo que lo lleva a resolver una situación de esta naturaleza, no lo entiendo y me preocupa, me preocupa porque están en la misma circunstancia muchos otros procesos muy delicados”, expuso.

Murillo Karam fue acompañado durante su intervención por los académicos Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Leticia Bonifaz y Arturo Alvarado.

Los Gobiernos de México y Estados Unidos coinciden en que la liberación de Rafael Caro Quintero no fue respetuosa del marco jurídico, aseguró a su vez el canciller José Antonio Meade.

En rueda de prensa, afirmó que la liberación del narcotraficante no ha causado conflicto en la relación bilateral, y reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) tomará cartas en el asunto para revertir la decisión del juez.

“La decisión, a nuestro juicio, no fue respetuosa del marco jurídico y habremos de buscar la forma de revertirla”, indicó.

“Como ya ha comentado el Procurador (Jesús Murillo Karam), nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso de Rafael Caro Quintero, y habremos de buscar por las vías jurídicas que tiene a su disposición el Estado mexicano, que esta definición que tomó el juez quede sin efecto”, dijo.

Afirmó que si bien el Ejecutivo federal es respetuoso de la división de poderes y de la autonomía del Poder Judicial, es precisamente dentro de ese contexto en el que la PGR hará uso de todos los instrumentos que tiene a su disposición para alcanzar el objetivo primario de combatir la delincuencia organizada.

Con información El Universal/Reforma.

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México

Explota escándalo internacional: acusan a Peña Nieto de recibir 25 mdd por venta de Pegasus en México

El expresidente Enrique Peña Nieto vuelve al centro del huracán tras revelarse que habría recibido un soborno de 25 millones de dólares por facilitar la venta del software de espionaje Pegasus durante su sexenio. La denuncia surge de una investigación publicada por el medio israelí The Marker, que vincula directamente al exmandatario con una red de corrupción para introducir el sistema en diversas instituciones mexicanas.

Según el reportaje, los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah habrían actuado como intermediarios para comercializar Pegasus con dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El pago millonario habría sido dirigido a una figura de alto nivel en el gobierno mexicano, identificada en documentos judiciales como “el hombre mayor” o “el N”, en clara referencia a Peña Nieto.

La revelación surgió tras una disputa legal entre ambos empresarios, quienes rompieron relaciones comerciales y terminaron enfrentándose ante tribunales en Israel. En el proceso, Ansbacher exigió la devolución de parte del dinero entregado para las gestiones con el entonces presidente de México. El caso se complicó con la presentación de pruebas que vinculan el dinero a la obtención de contratos para Pegasus, un software conocido por haber sido utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Uno de los elementos clave del caso es el testimonio de un testigo protegido identificado como “Zeus”, excolaborador de la empresa fachada KBH, responsable de operar Pegasus en México. Según su declaración ante la Fiscalía General de la República, “El Patrón”, como se refería al expresidente Peña Nieto, ordenaba personalmente a quiénes se debía espiar. Las listas de objetivos, entre los que figuran periodistas como Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y Héctor de Mauleón, eran entregadas al Cisen para su seguimiento.

Otro dato relevante en la trama es que Avishai Neriah fue nombrado Cónsul Honorario de México en Haifa, posición que habría utilizado para facilitar los contactos diplomáticos y políticos necesarios para concretar la venta del software.

Aunque el nombre de Peña Nieto no aparece de forma literal en los documentos judiciales, los apodos utilizados, el contexto de las gestiones y los testimonios recabados refuerzan la sospecha de que fue un actor central en el esquema de corrupción. Este escándalo se suma a las investigaciones que el exmandatario ya enfrenta por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, mientras permanece en España, donde reside desde el fin de su mandato.

La Fiscalía General de la República no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas acusaciones, pero se espera que el testimonio del testigo protegido y los documentos internacionales formen parte de una nueva línea de investigación que podría comprometer seriamente al expresidente.

La compra y operación de Pegasus en México ha sido ampliamente criticada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, al haber sido utilizada para vigilar de forma ilegal a voces críticas del poder. Con esta revelación, el caso toma una nueva dimensión que apunta directamente al más alto nivel del gobierno en el sexenio 2012-2018.

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