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Caro Quintero no puede ser extraditado: PGR

El narcotraficante Rafael Caro Quintero no podría ser extraditado a Estados Unidos por el crimen del agente de la DEA: PGR

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El narcotraficante Rafael Caro Quintero no podría ser extraditado a Estados Unidos por el crimen del agente de la DEA, Enrique Camarena, pues aún está en proceso, no ha causado ejecutoria y la PGR interpondrá el recurso de revisión que permitió su libertad.

Al término de un evento en el Colegio de México, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo que “el ex líder del Cártel de Guadalajara tendría que ser extraditado a Estados Unidos por una causa distinta a las que están en el proceso”, aunque dijo desconocer si hasta el momento hay una petición formal con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.

Asimismo, dijo que el fallo del tribunal no ha causado ejecutoria, pues la PGR tiene 10 días hábiles para interponer otro recurso, y en este caso interpondrá un recurso de revisión, reiteró que el fallo que liberó a Caro Quintero le preocupa, pues hay muchísimos casos que están en la misma circunstancias y que podrían quedar libres bajo este mismo criterio.

‘Caso produce escozor’

Murillo Karam, afirmó que el fallo judicial que dejó en libertad a Rafael Caro Quintero causa «escozor», porque genera impunidad el hecho de que un personaje que causó tanto daño social no cumpla en prisión los 40 años a los que fue sentenciado.

Al participar en el «Seminario sobre la violencia en México», organizado por el Colegio de México, el funcionario dijo no entender el «mecanismo mental» de los magistrados que decidieron liberar al capo con el argumento de que su proceso no era competencia de la justicia federal, sino de la local.

Aseguró que existe preocupación en la PGR por este criterio, debido a que existen muchos casos como el de Caro Quintero que están a la espera de ser resueltos por el Poder Judicial de la Federación.

«En este caso no podemos hablar de total impunidad, cubrió una sentencia de 28 años, en otros países 28 años son las sentencias más altas que pueden darse; yo, sin embargo, creo que debió haber cumplido los 40 por lo menos, porque la personalidad y el tipo de delitos que él cometió afectan seriamente a la sociedad mexicana.

“Por lo pronto la Procuraduría va a interponer los recursos que tiene todavía a su alcance y estamos haciendo otro tipo de cuestiones que son muy importantes para evitar este tipo de impunidad, y digo este tipo de impunidad porque no es la impunidad total, pero sí es la impunidad y en consecuencia también es combatible”, apuntó.

De acuerdo con Murillo, la resolución del Primer Tribunal Colegiado Penal de Jalisco es contraria al criterio que emitió en marzo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los casos que fueron juzgados en el fuero equivocado, deben ser remitidos a la jurisdicción que le corresponde y no debe ser razón para liberar al acusado.

“El fuero no puede convertirse en razón para liberar a nadie porque en este caso la sentencia de primera entrada nos produce escozor, porque resulta que el tribunal dice que quien lo juzgó no era competente y ordena al (tribunal) incompetente que prácticamente lo sentencie sin juicio y obviamente lo tiene que sentenciar dejándolo en libertad.

“En consecuencia, es la libertad total, es decir, no entiendo el mecanismo mental y no juzgo todavía sobre cuestiones de buena o mala fe, pero no entiendo el mecanismo que lo lleva a resolver una situación de esta naturaleza, no lo entiendo y me preocupa, me preocupa porque están en la misma circunstancia muchos otros procesos muy delicados”, expuso.

Murillo Karam fue acompañado durante su intervención por los académicos Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Leticia Bonifaz y Arturo Alvarado.

Los Gobiernos de México y Estados Unidos coinciden en que la liberación de Rafael Caro Quintero no fue respetuosa del marco jurídico, aseguró a su vez el canciller José Antonio Meade.

En rueda de prensa, afirmó que la liberación del narcotraficante no ha causado conflicto en la relación bilateral, y reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) tomará cartas en el asunto para revertir la decisión del juez.

“La decisión, a nuestro juicio, no fue respetuosa del marco jurídico y habremos de buscar la forma de revertirla”, indicó.

“Como ya ha comentado el Procurador (Jesús Murillo Karam), nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso de Rafael Caro Quintero, y habremos de buscar por las vías jurídicas que tiene a su disposición el Estado mexicano, que esta definición que tomó el juez quede sin efecto”, dijo.

Afirmó que si bien el Ejecutivo federal es respetuoso de la división de poderes y de la autonomía del Poder Judicial, es precisamente dentro de ese contexto en el que la PGR hará uso de todos los instrumentos que tiene a su disposición para alcanzar el objetivo primario de combatir la delincuencia organizada.

Con información El Universal/Reforma.

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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