Conecta con nosotros

Slider Principal

Cárteles cobran a agricultores “impuestos de guerra” en Michoacán

Published

on

Las extorsiones a los agricultores de aguacates en el occidente de México han llegado a tal grado que 500 vigilantes de un grupo de autodefensas conocido como Pueblos Unidos se congregaron el sábado para pedir ayuda a la Policía.

Los vigilantes realizaron una protesta en la localidad de Nuevo Urecho, en el estado occidental de Michoacán, armados con fusiles AR-15 y de otro tipo, así como con una variedad de escopetas.

Señalaron que los cárteles de la droga como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han estado cobrando a los agricultores de aguacate unos “impuestos de guerra” de alrededor de dos mil 500 dólares por hectárea (mil dólares por acre).

El grupo de autodefensas Pueblos Unidos ha denunciado que grupos criminales como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los extorsionan con “impuestos de guerra”. Foto: Armando Solís, AP.
Hartos de las extorsiones y los secuestros, agricultores y granjeros de la zona formaron el grupo en 2020, el cual, según ellos, tiene cerca de tres mil miembros.

“Varios fuimos víctimas de esta situación de secuestros, extorsiones”, comentó uno de los líderes del grupo, quien tenía el rostro cubierto y pidió que no se utilizara su nombre por temor a represalias por parte de los grupos delictivos.

De momento, los vigilantes parecían dispuestos a responder a la promesa el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desarmar a los varios grupos de autodefensas del estado.

“Llegamos a acuerdos con la Presidenta Municipal para que ella aumente el número de policías” que vigilan la zona, dijo el líder del grupo. “Las armas se guardan momentáneamente, pero cualquier situación estaremos alertas para apoyar a nuestra Policía”.

Pueblos Unidos ha realizado marchas armadas en varios municipios de Michoacán durante el último año, pero siempre ha dicho que prefiere que las fuerzas de seguridad oficialmente constituidas hagan el trabajo de expulsar a las organizaciones criminales.

La Ley mexicana prohíbe a la mayoría de los civiles poseer casi todas las armas de fuego, excepto los fusiles o escopetas de caza de muy bajo calibre.

Pero Michoacán tiene un historial de movimientos de milicias civiles armadas de “autodefensa” que surgieron en 2013 y 2014. En ese entonces, los vigilantes lograron expulsar al dominante cártel de los Caballeros Templarios, pero las organizaciones rivales como Los Viagras y el CJNG han ingresado al territorio. Los secuestros, asesinatos y tiroteos han provocado que miles de personas huyan de sus hogares.

El Ejército mexicano ha enviado soldados al estado, pero sólo para que actúen como amortiguador entre los cárteles en guerra, que tratan de asegurar que ninguno invada el territorio de la otra organización.

Fuente: AP

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

Published

on

By

Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto