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Con cash… sigue Julión con sus palenques y shows

El martes se dio a conocer que Televisa terminó su relación laboral con Julión Álvarez, quien formaba parte del equipo de coaches para su programa La Voz Kids y se justificó con el anuncio que emitió el Departamento del Tesoro el pasado 9 de agosto, donde lo señaló como presunto prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, ‘El Tío’.

El comunicado citaba también a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes trabajan a la par con las autoridades estadunidenses.

Excélsior consultó al abogado Salvador Mejía, socio director de ASIMETRICS, al respecto de la situación que pudo influir en la decisión que tomó la televisora.

Las consecuencias que tiene estar dentro de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es directamente que te revoquen la visa y se le prohíbe a todos los ciudadanos estadunidenses tener alguna relación comercial o contractual con estas personas, ésta puede ser la clave.

Si yo trabajo en una empresa que tiene accionistas de Estados Unidos en automático me van a decir ellos que no podemos tener relación con esa persona, creo que seguramente puede ser el caso de una posible rescisión de contrato a Julión, no sé si sea cierto o falso, pero es un posible escenario”, explicó el licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especializado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Otro caso lo planteó el Dr. Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo -UNAM al explicar que Televisa también se puede escudar en las cláusulas del contrato o acuerdo que pudo firmar con Álvarez, pues las compañías siempre buscan no perder ante cualquier escenario.

Hasta ahora se pueden dar puras especulaciones si no se conocen las condiciones de su contrato, además de que la empresa se puede cubrir al trabajar con figuras públicas. Respecto a una posible rescisión por presunta complicidad de trabajar con una persona señalada, pues es algo improbable, porque las compañías se desentienden y no saben qué haces fuera de sus instalaciones o en tu vida privada”, explicó el catedrático.

Mejía agregó que el proceso para que Julión pueda salir de la lista negra de la OFAC es a través de abogados, pues él no tiene permiso de ingresar a Estados Unidos mientras esté en la lista. Primero, debe juntar a un equipo de defensa en México, que a su vez toque tierra en Estados Unidos con un legista especialista en la OFAC que pueda cumplir con los llamados.

El tiempo que pueda tardar en revocar su nombre es lo de menos, puede ser un mes, un año hasta 20 y 40 años en estar en la lista, lo verdaderamente importante para Julión es que tenga cómo demostrar ante el Departamento del Tesoro que no tiene ninguna relación con esta persona (Raúl Flores Hernández)”, dijo.

Mientras eso no suceda y forme parte de la lista, sus cuentas en Estados Unidos permanecerán congeladas y esto afecta también directamente a las regalías obtenidas a través de las plataformas de streaming. Respecto a su situación financiera en México, es un misterio y nada se ha dado a conocer públicamente.

Existe un casi seguro proceso de congelamiento de cuentas, ya a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Nadie la ha podido confirmar, ni siquiera mis fuentes en el gobierno federal, pero la lógica dicta que sí las hay”, explicó.

Sin embargo, el socio y miembro de ASIMETRICS compartió que Julión puede seguir con sus actividades laborales en México, como el próximo palenque que realizará el sábado en San Luis Potosí con localidades agotadas y sus shows en el Auditorio Telmex en Guadalajara a fin de mes y el 1 de septiembre.

Puede trabajar, pero no puede tener acceso a sus cuentas y terceras personas no le pueden depositar. La mejor manera de comprobar si sus cuentas están congeladas es ir al banco y realizar un depósito, si el sistema lo rechaza ahí está la respuesta. Esto no impide que él pueda cobrar en efectivo, lo puede hacer a través de una tercera persona, una empresa y ésta le puede dar el dinero.

O el promotor le puede pagar en efectivo, siempre y cuando, él pueda acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria el ingreso y pagar el impuesto correspondiente. La inclusión en la lista no le impide laborar en México. Puede recibir su sueldo y sus honorarios sin problema, con la debida comprobación y el mismo caso sucede con Rafa Márquez y el Atlas”, agregó.

Revista

Detienen a Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla

Marilyn Cote, quien se hacía pasar por psiquiatra en Puebla, fue detenida este jueves 21 de noviembre en el estado de Tlaxcala. La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con la Fiscalía de Tlaxcala, cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el delito de usurpación de profesión.

Cote, abogada de profesión con una maestría en Criminalística y un doctorado en Psicología Clínica, ejercía ilegalmente como psiquiatra, prescribiendo medicamentos controlados sin contar con la cédula profesional correspondiente. Su consultorio, ubicado en las Torres Médicas de Angelópolis, fue clausurado por la Secretaría de Salud de Puebla tras descubrirse que no contaba con la documentación necesaria para operar.

La Fiscalía de Puebla ha recibido al menos cinco denuncias de pacientes que fueron atendidos por Cote, quienes reportaron efectos adversos debido a la medicación prescrita por ella. Durante un cateo en su consultorio, las autoridades aseguraron documentos con aparentes falsificaciones que le permitían ejercer profesiones sin los requisitos legales.

Este caso ha generado preocupación sobre la verificación de credenciales de los profesionales de la salud en México. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la gravedad de ofrecer servicios de salud sin la cédula profesional adecuada, subrayando que, además de ser un fraude, representa un riesgo significativo para la salud pública.

Marilyn Cote enfrenta cargos por usurpación de profesión y falsificación de documentos, delitos que podrían conllevar penas de hasta seis años de prisión. Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más víctimas y si se cometieron otros delitos relacionados.

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