México

Caso Ayotzinapa: juez negó amparo a Tomás Zerón y ahora podrá ser capturado

Un juez federal negó a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

El impartidor de justicia en materia de Amparo y Juicios Federales, José Fernando García Quiroz, negó el instrumento de defensa solicitado por el ex funcionario federal que fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de la causa penal 112/2020.

Tomás Zerón de Lucio es buscado por la justicia mexicana por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

En el amparo que presentó el ex titular de la AIC, calificó de infundada la imputación en su contra y trató de descalificar el papel del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Sin embargo, el juez aseguró que el GIEI fue creado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica internacional, con el propósito de ser fiscalizadores de las acciones desarrolladas por el Estado mexicano en el caso Ayotzinapa.

En su escrito, Zerón de Lucio alegó también que su presencia en el Río San Juan, en Cocula, el 28 de octubre de 2014, fue apegada a la ley, algo que la administración actual calificó como ilegal.

Ese día se llevó a cabo la cuestionada diligencia en la que se localizó una bolsa de plástico con restos óseos supuestamente de los normalistas. Este hallazgo se hizo a partir de una declaración de Agustín García Reyes, “El Chereje”, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, pero es una de las que desvaneció la llamada “verdad histórica” que fue dada a conocer durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto.

En 2020, el gobierno mexicano informó que el exfuncionario se encontraba en Canadá, pero posteriormente se trasladó a Israel, por lo que se emitió una ficha roja de Interpol para su localización.

Funcionarios israelíes y mexicanos señalaron a The New York Times que el “forcejeo diplomático” ha complicado la extradición, pues, hasta ahora, Israel no habría tomado medidas sobre la solicitud de asilo o la petición del gobierno, a pesar de que Zerón lleva más de dos años viviendo en Israel.

Embajada de México en Tel Aviv, Israel (Captura de pantalla: Google Street)

Uno de los funcionarios consultados por el NYT aseguró que aunque no se ha hablado públicamente sobre el caso, la inacción contra Tomás Zerón responde a una reprimenda diplomática porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos”.

Dijo también que la solicitud de asilo del ex funcionario mexicano podría estar justificada, pero que aun se estaba investigando el tema. No obstante, agregó: “¿Por qué habríamos de ayudar a México”.

Es importante señalar que esye país que no cuenta con un tratado de extradición con México, por lo que el ex funcionario se mantuvo el mayor tiempo posible como turista hasta que su visa venció, aseguró el medio estadounidense, pero al concluir su estancia en ese estado solicitó el asilo político “alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento del presidente actual por ajustar cuentas con su predecesor”.

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Colonias como la Roma, Condesa, Juárez y San Rafael se han convertido en epicentro de protestas vecinales por el aumento desmedido en las rentas, el despojo inmobiliario y la pérdida de identidad barrial. El fenómeno detrás de estas inconformidades es la gentrificación, un proceso urbano que, aunque para algunos simboliza renovación, para otros representa expulsión, desigualdad y ruptura social.

La gentrificación ocurre cuando barrios de clase trabajadora reciben fuertes inversiones económicas y una oleada de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo. Este cambio trae consigo mejoras en infraestructura y servicios, pero también incrementos abruptos en el precio de rentas y propiedades, desplazamiento de residentes originales y una transformación profunda en la cultura e identidad del barrio.

En la Ciudad de México, el fenómeno se ha intensificado con la llegada de nómadas digitales y extranjeros atraídos por el bajo costo de vida, quienes elevan la demanda de vivienda en zonas céntricas. Esto ha generado una turistificación desmedida, en la que muchas viviendas se destinan a rentas de corta estancia (como Airbnb), reduciendo la oferta para los habitantes locales.

A ello se suma la presión de desarrolladores inmobiliarios para que inquilinos tradicionales abandonen sus viviendas, con el fin de remodelarlas o demolerlas y construir nuevos complejos de lujo. Tiendas de abarrotes y fondas han sido reemplazadas por cafeterías de cadena y boutiques, alterando la vida comunitaria.

Además, la desigualdad urbana se agudiza: quienes no pueden pagar los nuevos precios se ven obligados a mudarse a zonas más lejanas, con mayores tiempos de traslado y menor acceso a servicios básicos.

En respuesta, colectivos ciudadanos y legisladores han exigido medidas que regulen el mercado inmobiliario, protejan a los arrendatarios y prioricen un desarrollo urbano equitativo. La gentrificación, advierten, debe atenderse antes de que transforme por completo el rostro y el alma de la capital.

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