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Opinión

Caso Hidalgo: la lógica y la amnesia del poder Por Aquiles Córdova Morán

Dos semanas llevan los antorchistas de Hidalgo plantados en la céntrica plaza Juárez de Pachuca, frente al palacio de gobierno, en busca de solución a demandas que vienen, en buena medida, de anteriores administraciones. Pero, como siempre ocurre, esta protesta no surgió de manera súbita e intempestiva, ni brota de la intolerancia y de la incapacidad de los inconformes para entender los hechos ciertos y los argumentos legítimos que el gobierno aduce en su favor. Muy lejos de eso, antes de tomar la difícil decisión de plantarse, los antorchistas pasaron por un verdadero calvario que puso a prueba, una y otra vez, precisamente su capacidad para escuchar y discernir la sinceridad de los argumentos de los funcionarios, y también su paciencia para soportar la ordalía de antesalas interminables, de citas canceladas a última hora “por problemas de agenda”, o cumplidas sólo para decirles que “no hay todavía ninguna propuesta”, o para hacerles ofrecimientos tan obviamente inaceptables que no cabe duda sobre su carácter de simple provocación para reventar la negociación. Finalmente, no hay que olvidar, en este rosario de maniobras, las “minutas de acuerdos” firmadas y jamás cumplidas por los propios funcionarios que las validaron. Ninguna exageración hay en este recuento sucinto de los antecedentes del plantón.

Pero en la lógica de los gobernantes, los sucesos tienen otra dimensión y otro significado. Por ejemplo, el día 18 de junio, el diario digital elvistobueno.com.mx publicó las declaraciones del secretario de gobierno hidalguense, Fernando Moctezuma Pereda, sobre el plantón antorchista. De entrada, dijo que son instrucciones del gobernador, Francisco Olvera Ruíz “darle todas las atenciones a cualquier organización, y Antorcha no ha sido la excepción. Cuantas veces han venido a gobierno se les ha recibido”. En primer lugar, como dije, esto no es verdad; ha ocurrido, y no pocas veces, que los solicitantes han tenido que devolverse sin que nadie se digne escuchar sus quejas; pero lo más significativo es el juego de manos que se avienta el señor Secretario, pues finge olvidar que la protesta de los antorchistas no es “porque no se les haya recibido”, no es de eso de lo que se duelen, sino de que, a más de un año de la actual administración, no han obtenido ninguna solución aceptable a sus demandas más urgentes. Se trata aquí de un sofisma elemental cuyo propósito evidente es desviar la atención del asunto central hacia una cuestión secundaria que nadie ha subido a la mesa de las discusiones. El Secretario Moctezuma Pereda se sale por peteneras.

Pero el eje central de sus declaraciones es el mismo que los antorchistas hemos escuchado cientos (si no es que miles) de veces, a lo largo y ancho del país: sencillamente no hay dinero. Moctezuma Pereda lo dice así: “…el gobierno del estado entiende que las necesidades antorchistas pudieran ser sentidas, pero insiste en que nunca habrá dinero que alcance para resolverlas todas. Las demandas son muchas y no de este ejercicio gubernamental, sino que vienen generándose desde gestiones pasadas y obviamente ellos las toman como bandera”. Aquí tenemos otro sofisma: el pliego petitorio que actualmente defiende Antorcha no incluye “todas” las necesidades de los pobres de Hidalgo, sino sólo una mínima parte, aquellas que han logrado salvar las innumerables “depuraciones” y “jerarquizaciones” impuestas por el propio gobierno como condición para sentarse a discutirlas; si a pesar de ello al señor Secretario se le hacen muchas y, por eso, imposibles de atender, la culpa no es ni de Antorcha ni de los marginados hidalguenses, sino, como él mismo lo reconoce, de quienes, en pasadas administraciones, se negaron a atenderlas y las dejaron acumularse, tal como pretende hacerlo la administración actual. Y por ello resulta, ya no un sofisma, sino un verdadero dislate, decir que Antorcha aprovecha esta situación para hacerse de “banderas”, es decir, de simples pretextos para alardear de organización de lucha popular, lo que implica una ligereza imperdonable frente a las necesidades vitales de los más desamparados de nuestra patria.

La nota dice que el Secretario no dio cifras en vista del proceso electoral que se avecina, pero que, “por instrucciones” del gobernador, “después del primero de julio dará a conocer las obras, las acciones, los avances, los apoyos que se le brindan –a Antorcha Campesina-, porque finalmente esto transparenta el ejercicio gubernamental”. Esto, en buen romance, es una amenaza de guerra mediática que hoy está en suspenso por el interés de no espantar los votos de Antorcha en la elección que viene; pero, pasada la emergencia, están ya giradas las instrucciones del gobernador para abrir fuego dando a conocer las obras, apoyos y avances “que se le brindan”, acompañados seguramente de los montos en dinero que eso representa. Se trata de exhibir a los dirigentes antorchistas como insaciables devoradores del erario estatal, como viles (¡ya se habían tardado en usar la palabrita de moda!) chantajistas y extorsionadores que, so capa de defender a los pobres, sólo buscan el medro personal. Esto tampoco es nuevo; los antorchistas lo conocemos bien por haberlo sufrido más de una vez. Por eso, me adelanto a precisar que esto es tan endeble y falaz como todo el discurso del Secretario, porque, suponiendo que la cifra de obras y de dinero fuera realmente “impresionante”, ello no demostraría automáticamente que esos recursos fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes y de los activistas de Antorcha. Nosotros, en cambio, con sólo recurrir al testimonio de los beneficiarios, podemos probar sobradamente que todo ha sido en beneficio de sus legítimos destinatarios cuyas necesidades y carencias son obligación del gobierno atender. Desafío desde ahora al Secretario de Gobierno a que demuestre lo contrario. Y también digo que eso de que es “mucho” lo que han “dado”, sólo tiene sentido en un marco de menosprecio reaccionario al bienestar del pueblo trabajador, pero no si se le contrasta contra el tamaño de la pobreza y contra el monto total de recursos que su verdadero combate demanda. Así visto, lo que han “dado” no pasa de ser una ridícula migaja. Hasta aquí la lógica del poder.

Ahora, muy brevemente, la “amnesia”. Cuando el actual gobernador hidalguense, Francisco Olvera Ruíz, era candidato, tuve el honor de entrevistarme con él a solicitud suya. En esa entrevista, refiriéndose al trato de tropa enemiga que nos dispensaba la administración saliente, me dijo: yo no entiendo este tipo de conductas; parece que el gobernante olvida que él es pasajero, pero que una organización popular como Antorcha no lo es. Se olvida que, ya fuera del poder, quizá la vida lo lleve a requerir un respaldo como el de ustedes, y que es necesario ganárselo desde ahora. Yo no lo olvidaré; y desde aquí y desde ahora me comprometo a tratar siempre de encontrar una solución a sus demandas, que son esencialmente justas (cito de memoria). Y ahora, a la vista de lo que ocurre en Hidalgo, yo me pregunto: ¿Tan inevitable y fatal es la amnesia que el poder engendra en quien lo detenta? ¿Tan profundo es el cambio que genera en los hombres? La respuesta la conocemos todos los mexicanos.

 

 

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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