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Caso Hidalgo: la lógica y la amnesia del poder Por Aquiles Córdova Morán

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Dos semanas llevan los antorchistas de Hidalgo plantados en la céntrica plaza Juárez de Pachuca, frente al palacio de gobierno, en busca de solución a demandas que vienen, en buena medida, de anteriores administraciones. Pero, como siempre ocurre, esta protesta no surgió de manera súbita e intempestiva, ni brota de la intolerancia y de la incapacidad de los inconformes para entender los hechos ciertos y los argumentos legítimos que el gobierno aduce en su favor. Muy lejos de eso, antes de tomar la difícil decisión de plantarse, los antorchistas pasaron por un verdadero calvario que puso a prueba, una y otra vez, precisamente su capacidad para escuchar y discernir la sinceridad de los argumentos de los funcionarios, y también su paciencia para soportar la ordalía de antesalas interminables, de citas canceladas a última hora “por problemas de agenda”, o cumplidas sólo para decirles que “no hay todavía ninguna propuesta”, o para hacerles ofrecimientos tan obviamente inaceptables que no cabe duda sobre su carácter de simple provocación para reventar la negociación. Finalmente, no hay que olvidar, en este rosario de maniobras, las “minutas de acuerdos” firmadas y jamás cumplidas por los propios funcionarios que las validaron. Ninguna exageración hay en este recuento sucinto de los antecedentes del plantón.

Pero en la lógica de los gobernantes, los sucesos tienen otra dimensión y otro significado. Por ejemplo, el día 18 de junio, el diario digital elvistobueno.com.mx publicó las declaraciones del secretario de gobierno hidalguense, Fernando Moctezuma Pereda, sobre el plantón antorchista. De entrada, dijo que son instrucciones del gobernador, Francisco Olvera Ruíz “darle todas las atenciones a cualquier organización, y Antorcha no ha sido la excepción. Cuantas veces han venido a gobierno se les ha recibido”. En primer lugar, como dije, esto no es verdad; ha ocurrido, y no pocas veces, que los solicitantes han tenido que devolverse sin que nadie se digne escuchar sus quejas; pero lo más significativo es el juego de manos que se avienta el señor Secretario, pues finge olvidar que la protesta de los antorchistas no es “porque no se les haya recibido”, no es de eso de lo que se duelen, sino de que, a más de un año de la actual administración, no han obtenido ninguna solución aceptable a sus demandas más urgentes. Se trata aquí de un sofisma elemental cuyo propósito evidente es desviar la atención del asunto central hacia una cuestión secundaria que nadie ha subido a la mesa de las discusiones. El Secretario Moctezuma Pereda se sale por peteneras.

Pero el eje central de sus declaraciones es el mismo que los antorchistas hemos escuchado cientos (si no es que miles) de veces, a lo largo y ancho del país: sencillamente no hay dinero. Moctezuma Pereda lo dice así: “…el gobierno del estado entiende que las necesidades antorchistas pudieran ser sentidas, pero insiste en que nunca habrá dinero que alcance para resolverlas todas. Las demandas son muchas y no de este ejercicio gubernamental, sino que vienen generándose desde gestiones pasadas y obviamente ellos las toman como bandera”. Aquí tenemos otro sofisma: el pliego petitorio que actualmente defiende Antorcha no incluye “todas” las necesidades de los pobres de Hidalgo, sino sólo una mínima parte, aquellas que han logrado salvar las innumerables “depuraciones” y “jerarquizaciones” impuestas por el propio gobierno como condición para sentarse a discutirlas; si a pesar de ello al señor Secretario se le hacen muchas y, por eso, imposibles de atender, la culpa no es ni de Antorcha ni de los marginados hidalguenses, sino, como él mismo lo reconoce, de quienes, en pasadas administraciones, se negaron a atenderlas y las dejaron acumularse, tal como pretende hacerlo la administración actual. Y por ello resulta, ya no un sofisma, sino un verdadero dislate, decir que Antorcha aprovecha esta situación para hacerse de “banderas”, es decir, de simples pretextos para alardear de organización de lucha popular, lo que implica una ligereza imperdonable frente a las necesidades vitales de los más desamparados de nuestra patria.

La nota dice que el Secretario no dio cifras en vista del proceso electoral que se avecina, pero que, “por instrucciones” del gobernador, “después del primero de julio dará a conocer las obras, las acciones, los avances, los apoyos que se le brindan –a Antorcha Campesina-, porque finalmente esto transparenta el ejercicio gubernamental”. Esto, en buen romance, es una amenaza de guerra mediática que hoy está en suspenso por el interés de no espantar los votos de Antorcha en la elección que viene; pero, pasada la emergencia, están ya giradas las instrucciones del gobernador para abrir fuego dando a conocer las obras, apoyos y avances “que se le brindan”, acompañados seguramente de los montos en dinero que eso representa. Se trata de exhibir a los dirigentes antorchistas como insaciables devoradores del erario estatal, como viles (¡ya se habían tardado en usar la palabrita de moda!) chantajistas y extorsionadores que, so capa de defender a los pobres, sólo buscan el medro personal. Esto tampoco es nuevo; los antorchistas lo conocemos bien por haberlo sufrido más de una vez. Por eso, me adelanto a precisar que esto es tan endeble y falaz como todo el discurso del Secretario, porque, suponiendo que la cifra de obras y de dinero fuera realmente “impresionante”, ello no demostraría automáticamente que esos recursos fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes y de los activistas de Antorcha. Nosotros, en cambio, con sólo recurrir al testimonio de los beneficiarios, podemos probar sobradamente que todo ha sido en beneficio de sus legítimos destinatarios cuyas necesidades y carencias son obligación del gobierno atender. Desafío desde ahora al Secretario de Gobierno a que demuestre lo contrario. Y también digo que eso de que es “mucho” lo que han “dado”, sólo tiene sentido en un marco de menosprecio reaccionario al bienestar del pueblo trabajador, pero no si se le contrasta contra el tamaño de la pobreza y contra el monto total de recursos que su verdadero combate demanda. Así visto, lo que han “dado” no pasa de ser una ridícula migaja. Hasta aquí la lógica del poder.

Ahora, muy brevemente, la “amnesia”. Cuando el actual gobernador hidalguense, Francisco Olvera Ruíz, era candidato, tuve el honor de entrevistarme con él a solicitud suya. En esa entrevista, refiriéndose al trato de tropa enemiga que nos dispensaba la administración saliente, me dijo: yo no entiendo este tipo de conductas; parece que el gobernante olvida que él es pasajero, pero que una organización popular como Antorcha no lo es. Se olvida que, ya fuera del poder, quizá la vida lo lleve a requerir un respaldo como el de ustedes, y que es necesario ganárselo desde ahora. Yo no lo olvidaré; y desde aquí y desde ahora me comprometo a tratar siempre de encontrar una solución a sus demandas, que son esencialmente justas (cito de memoria). Y ahora, a la vista de lo que ocurre en Hidalgo, yo me pregunto: ¿Tan inevitable y fatal es la amnesia que el poder engendra en quien lo detenta? ¿Tan profundo es el cambio que genera en los hombres? La respuesta la conocemos todos los mexicanos.

 

 

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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