Opinión
Caso Hidalgo: la lógica y la amnesia del poder Por Aquiles Córdova Morán
Dos semanas llevan los antorchistas de Hidalgo plantados en la céntrica plaza Juárez de Pachuca, frente al palacio de gobierno, en busca de solución a demandas que vienen, en buena medida, de anteriores administraciones. Pero, como siempre ocurre, esta protesta no surgió de manera súbita e intempestiva, ni brota de la intolerancia y de la incapacidad de los inconformes para entender los hechos ciertos y los argumentos legítimos que el gobierno aduce en su favor. Muy lejos de eso, antes de tomar la difícil decisión de plantarse, los antorchistas pasaron por un verdadero calvario que puso a prueba, una y otra vez, precisamente su capacidad para escuchar y discernir la sinceridad de los argumentos de los funcionarios, y también su paciencia para soportar la ordalía de antesalas interminables, de citas canceladas a última hora “por problemas de agenda”, o cumplidas sólo para decirles que “no hay todavía ninguna propuesta”, o para hacerles ofrecimientos tan obviamente inaceptables que no cabe duda sobre su carácter de simple provocación para reventar la negociación. Finalmente, no hay que olvidar, en este rosario de maniobras, las “minutas de acuerdos” firmadas y jamás cumplidas por los propios funcionarios que las validaron. Ninguna exageración hay en este recuento sucinto de los antecedentes del plantón.
Pero en la lógica de los gobernantes, los sucesos tienen otra dimensión y otro significado. Por ejemplo, el día 18 de junio, el diario digital elvistobueno.com.mx publicó las declaraciones del secretario de gobierno hidalguense, Fernando Moctezuma Pereda, sobre el plantón antorchista. De entrada, dijo que son instrucciones del gobernador, Francisco Olvera Ruíz “darle todas las atenciones a cualquier organización, y Antorcha no ha sido la excepción. Cuantas veces han venido a gobierno se les ha recibido”. En primer lugar, como dije, esto no es verdad; ha ocurrido, y no pocas veces, que los solicitantes han tenido que devolverse sin que nadie se digne escuchar sus quejas; pero lo más significativo es el juego de manos que se avienta el señor Secretario, pues finge olvidar que la protesta de los antorchistas no es “porque no se les haya recibido”, no es de eso de lo que se duelen, sino de que, a más de un año de la actual administración, no han obtenido ninguna solución aceptable a sus demandas más urgentes. Se trata aquí de un sofisma elemental cuyo propósito evidente es desviar la atención del asunto central hacia una cuestión secundaria que nadie ha subido a la mesa de las discusiones. El Secretario Moctezuma Pereda se sale por peteneras.
Pero el eje central de sus declaraciones es el mismo que los antorchistas hemos escuchado cientos (si no es que miles) de veces, a lo largo y ancho del país: sencillamente no hay dinero. Moctezuma Pereda lo dice así: “…el gobierno del estado entiende que las necesidades antorchistas pudieran ser sentidas, pero insiste en que nunca habrá dinero que alcance para resolverlas todas. Las demandas son muchas y no de este ejercicio gubernamental, sino que vienen generándose desde gestiones pasadas y obviamente ellos las toman como bandera”. Aquí tenemos otro sofisma: el pliego petitorio que actualmente defiende Antorcha no incluye “todas” las necesidades de los pobres de Hidalgo, sino sólo una mínima parte, aquellas que han logrado salvar las innumerables “depuraciones” y “jerarquizaciones” impuestas por el propio gobierno como condición para sentarse a discutirlas; si a pesar de ello al señor Secretario se le hacen muchas y, por eso, imposibles de atender, la culpa no es ni de Antorcha ni de los marginados hidalguenses, sino, como él mismo lo reconoce, de quienes, en pasadas administraciones, se negaron a atenderlas y las dejaron acumularse, tal como pretende hacerlo la administración actual. Y por ello resulta, ya no un sofisma, sino un verdadero dislate, decir que Antorcha aprovecha esta situación para hacerse de “banderas”, es decir, de simples pretextos para alardear de organización de lucha popular, lo que implica una ligereza imperdonable frente a las necesidades vitales de los más desamparados de nuestra patria.
La nota dice que el Secretario no dio cifras en vista del proceso electoral que se avecina, pero que, “por instrucciones” del gobernador, “después del primero de julio dará a conocer las obras, las acciones, los avances, los apoyos que se le brindan –a Antorcha Campesina-, porque finalmente esto transparenta el ejercicio gubernamental”. Esto, en buen romance, es una amenaza de guerra mediática que hoy está en suspenso por el interés de no espantar los votos de Antorcha en la elección que viene; pero, pasada la emergencia, están ya giradas las instrucciones del gobernador para abrir fuego dando a conocer las obras, apoyos y avances “que se le brindan”, acompañados seguramente de los montos en dinero que eso representa. Se trata de exhibir a los dirigentes antorchistas como insaciables devoradores del erario estatal, como viles (¡ya se habían tardado en usar la palabrita de moda!) chantajistas y extorsionadores que, so capa de defender a los pobres, sólo buscan el medro personal. Esto tampoco es nuevo; los antorchistas lo conocemos bien por haberlo sufrido más de una vez. Por eso, me adelanto a precisar que esto es tan endeble y falaz como todo el discurso del Secretario, porque, suponiendo que la cifra de obras y de dinero fuera realmente “impresionante”, ello no demostraría automáticamente que esos recursos fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes y de los activistas de Antorcha. Nosotros, en cambio, con sólo recurrir al testimonio de los beneficiarios, podemos probar sobradamente que todo ha sido en beneficio de sus legítimos destinatarios cuyas necesidades y carencias son obligación del gobierno atender. Desafío desde ahora al Secretario de Gobierno a que demuestre lo contrario. Y también digo que eso de que es “mucho” lo que han “dado”, sólo tiene sentido en un marco de menosprecio reaccionario al bienestar del pueblo trabajador, pero no si se le contrasta contra el tamaño de la pobreza y contra el monto total de recursos que su verdadero combate demanda. Así visto, lo que han “dado” no pasa de ser una ridícula migaja. Hasta aquí la lógica del poder.
Ahora, muy brevemente, la “amnesia”. Cuando el actual gobernador hidalguense, Francisco Olvera Ruíz, era candidato, tuve el honor de entrevistarme con él a solicitud suya. En esa entrevista, refiriéndose al trato de tropa enemiga que nos dispensaba la administración saliente, me dijo: yo no entiendo este tipo de conductas; parece que el gobernante olvida que él es pasajero, pero que una organización popular como Antorcha no lo es. Se olvida que, ya fuera del poder, quizá la vida lo lleve a requerir un respaldo como el de ustedes, y que es necesario ganárselo desde ahora. Yo no lo olvidaré; y desde aquí y desde ahora me comprometo a tratar siempre de encontrar una solución a sus demandas, que son esencialmente justas (cito de memoria). Y ahora, a la vista de lo que ocurre en Hidalgo, yo me pregunto: ¿Tan inevitable y fatal es la amnesia que el poder engendra en quien lo detenta? ¿Tan profundo es el cambio que genera en los hombres? La respuesta la conocemos todos los mexicanos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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