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Caso Hidalgo: la lógica y la amnesia del poder Por Aquiles Córdova Morán

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Dos semanas llevan los antorchistas de Hidalgo plantados en la céntrica plaza Juárez de Pachuca, frente al palacio de gobierno, en busca de solución a demandas que vienen, en buena medida, de anteriores administraciones. Pero, como siempre ocurre, esta protesta no surgió de manera súbita e intempestiva, ni brota de la intolerancia y de la incapacidad de los inconformes para entender los hechos ciertos y los argumentos legítimos que el gobierno aduce en su favor. Muy lejos de eso, antes de tomar la difícil decisión de plantarse, los antorchistas pasaron por un verdadero calvario que puso a prueba, una y otra vez, precisamente su capacidad para escuchar y discernir la sinceridad de los argumentos de los funcionarios, y también su paciencia para soportar la ordalía de antesalas interminables, de citas canceladas a última hora “por problemas de agenda”, o cumplidas sólo para decirles que “no hay todavía ninguna propuesta”, o para hacerles ofrecimientos tan obviamente inaceptables que no cabe duda sobre su carácter de simple provocación para reventar la negociación. Finalmente, no hay que olvidar, en este rosario de maniobras, las “minutas de acuerdos” firmadas y jamás cumplidas por los propios funcionarios que las validaron. Ninguna exageración hay en este recuento sucinto de los antecedentes del plantón.

Pero en la lógica de los gobernantes, los sucesos tienen otra dimensión y otro significado. Por ejemplo, el día 18 de junio, el diario digital elvistobueno.com.mx publicó las declaraciones del secretario de gobierno hidalguense, Fernando Moctezuma Pereda, sobre el plantón antorchista. De entrada, dijo que son instrucciones del gobernador, Francisco Olvera Ruíz “darle todas las atenciones a cualquier organización, y Antorcha no ha sido la excepción. Cuantas veces han venido a gobierno se les ha recibido”. En primer lugar, como dije, esto no es verdad; ha ocurrido, y no pocas veces, que los solicitantes han tenido que devolverse sin que nadie se digne escuchar sus quejas; pero lo más significativo es el juego de manos que se avienta el señor Secretario, pues finge olvidar que la protesta de los antorchistas no es “porque no se les haya recibido”, no es de eso de lo que se duelen, sino de que, a más de un año de la actual administración, no han obtenido ninguna solución aceptable a sus demandas más urgentes. Se trata aquí de un sofisma elemental cuyo propósito evidente es desviar la atención del asunto central hacia una cuestión secundaria que nadie ha subido a la mesa de las discusiones. El Secretario Moctezuma Pereda se sale por peteneras.

Pero el eje central de sus declaraciones es el mismo que los antorchistas hemos escuchado cientos (si no es que miles) de veces, a lo largo y ancho del país: sencillamente no hay dinero. Moctezuma Pereda lo dice así: “…el gobierno del estado entiende que las necesidades antorchistas pudieran ser sentidas, pero insiste en que nunca habrá dinero que alcance para resolverlas todas. Las demandas son muchas y no de este ejercicio gubernamental, sino que vienen generándose desde gestiones pasadas y obviamente ellos las toman como bandera”. Aquí tenemos otro sofisma: el pliego petitorio que actualmente defiende Antorcha no incluye “todas” las necesidades de los pobres de Hidalgo, sino sólo una mínima parte, aquellas que han logrado salvar las innumerables “depuraciones” y “jerarquizaciones” impuestas por el propio gobierno como condición para sentarse a discutirlas; si a pesar de ello al señor Secretario se le hacen muchas y, por eso, imposibles de atender, la culpa no es ni de Antorcha ni de los marginados hidalguenses, sino, como él mismo lo reconoce, de quienes, en pasadas administraciones, se negaron a atenderlas y las dejaron acumularse, tal como pretende hacerlo la administración actual. Y por ello resulta, ya no un sofisma, sino un verdadero dislate, decir que Antorcha aprovecha esta situación para hacerse de “banderas”, es decir, de simples pretextos para alardear de organización de lucha popular, lo que implica una ligereza imperdonable frente a las necesidades vitales de los más desamparados de nuestra patria.

La nota dice que el Secretario no dio cifras en vista del proceso electoral que se avecina, pero que, “por instrucciones” del gobernador, “después del primero de julio dará a conocer las obras, las acciones, los avances, los apoyos que se le brindan –a Antorcha Campesina-, porque finalmente esto transparenta el ejercicio gubernamental”. Esto, en buen romance, es una amenaza de guerra mediática que hoy está en suspenso por el interés de no espantar los votos de Antorcha en la elección que viene; pero, pasada la emergencia, están ya giradas las instrucciones del gobernador para abrir fuego dando a conocer las obras, apoyos y avances “que se le brindan”, acompañados seguramente de los montos en dinero que eso representa. Se trata de exhibir a los dirigentes antorchistas como insaciables devoradores del erario estatal, como viles (¡ya se habían tardado en usar la palabrita de moda!) chantajistas y extorsionadores que, so capa de defender a los pobres, sólo buscan el medro personal. Esto tampoco es nuevo; los antorchistas lo conocemos bien por haberlo sufrido más de una vez. Por eso, me adelanto a precisar que esto es tan endeble y falaz como todo el discurso del Secretario, porque, suponiendo que la cifra de obras y de dinero fuera realmente “impresionante”, ello no demostraría automáticamente que esos recursos fueron a parar a los bolsillos de los dirigentes y de los activistas de Antorcha. Nosotros, en cambio, con sólo recurrir al testimonio de los beneficiarios, podemos probar sobradamente que todo ha sido en beneficio de sus legítimos destinatarios cuyas necesidades y carencias son obligación del gobierno atender. Desafío desde ahora al Secretario de Gobierno a que demuestre lo contrario. Y también digo que eso de que es “mucho” lo que han “dado”, sólo tiene sentido en un marco de menosprecio reaccionario al bienestar del pueblo trabajador, pero no si se le contrasta contra el tamaño de la pobreza y contra el monto total de recursos que su verdadero combate demanda. Así visto, lo que han “dado” no pasa de ser una ridícula migaja. Hasta aquí la lógica del poder.

Ahora, muy brevemente, la “amnesia”. Cuando el actual gobernador hidalguense, Francisco Olvera Ruíz, era candidato, tuve el honor de entrevistarme con él a solicitud suya. En esa entrevista, refiriéndose al trato de tropa enemiga que nos dispensaba la administración saliente, me dijo: yo no entiendo este tipo de conductas; parece que el gobernante olvida que él es pasajero, pero que una organización popular como Antorcha no lo es. Se olvida que, ya fuera del poder, quizá la vida lo lleve a requerir un respaldo como el de ustedes, y que es necesario ganárselo desde ahora. Yo no lo olvidaré; y desde aquí y desde ahora me comprometo a tratar siempre de encontrar una solución a sus demandas, que son esencialmente justas (cito de memoria). Y ahora, a la vista de lo que ocurre en Hidalgo, yo me pregunto: ¿Tan inevitable y fatal es la amnesia que el poder engendra en quien lo detenta? ¿Tan profundo es el cambio que genera en los hombres? La respuesta la conocemos todos los mexicanos.

 

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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