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México

Caso “Kiki” Camarena: Bartlett ha sido mencionado en la investigación por el asesinato del agente de la DEA, según funcionarios de EEUU

Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), formaría parte de los implicados en el asesinato de del agente de la DEA Enrique, “Kiki”, Camarena en 1985. Esto luego de que varios “testigos protegidos” lo ubicaran en las reuniones con el crimen organizado para planear la ejecución.

Funcionarios del Departamento de Justicia revelaron a Proceso que el director de la CFE tendría problemas para transitar en el país vecino, ya que “si ingresa a Estados Unidos sería detenido inmediatamente para ser interrogado al respecto”.

Bartlett “tendría que declarar ante un Gran Jurado” por las repetidas ocasiones en las que ha sido señalado como parte de la conspiración para asesinar a Camarena. Su nombre “ha sido mencionado durante las décadas que lleva esta investigación en curso” e, incluso, testigos protegidos que no se conocen lo han ubicado en las reuniones entre funcionarios y narcotraficantes, antes y después de la ejecución.

(Bartlett Díaz) tendría que hacer muchas aclaraciones sobre por qué diferentes testigos que, incluso entre ellos no se conocen, insisten en involucrarlo en el caso del secuestro, tortura y asesinato de Camarena”, aseguraron las fuentes anónimas, quienes también confirmaron la veracidad de los fragmentos del expediente publicados por el semanario con anterioridad.

El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena interpretado por el actor Michael Peña en la serie Narcos: México, fue asesinado, según la versión oficial, por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Gallardo Félix). En la imagen también aparece Juan José Esparragoza, el "Azul" (Foto: Netflix)El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena interpretado por el actor Michael Peña en la serie Narcos: México, fue asesinado, según la versión oficial, por Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Gallardo Félix). En la imagen también aparece Juan José Esparragoza, el «Azul» (Foto: Netflix)

“Kiki” Camarena fue un condecorado agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos que murió por infiltrarse en el crimen organizado y participar en uno de los golpes más fuertes contra el entonces Cártel de Guadalajara.

En 1974, Camarena ingresó en las filas de la DEA luego de haber sido bombero, policía y detective de narcóticos, donde fue creciendo de rango hasta tener que infiltrarse en uno de los grupos del crimen organizado fuertes de la época.

Al entrar en la organización, “Kiki” fue creciendo hasta llegar a ser el encargado de seguridad del cártel en la zona del Pacífico. Gracias a ello podía enviar información a la DEa sobre los laboratorios y plantaciones que podrían ser desmantelados en la zona.

Además, su trabajo también implicaba seguir de cerca los pasos de tres grandes capos del narco en México: Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes” y Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos” y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.}

El asesinato de Kiki Camarena marcó el inicio de una cruenta búsqueda de la DEA por el Cártel de Guadalajara (Foto: www.dea.gov)El asesinato de Kiki Camarena marcó el inicio de una cruenta búsqueda de la DEA por el Cártel de Guadalajara (Foto: www.dea.gov)

Las filtraciones de Camarena permitieron concretar la Operación Rancho Búfalo, en las que se destruyó una finca de 1,000 hectáreas y se decomisaron cerca de 10,000 kilos de marihuana. Sin embargo, el cártel buscó al infiltrado hasta encontrarlo.

“Kiki” Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985, cuando salía del Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara. Su captura fue llevada a cabo por pistoleros y ex policías bajo las ordenes de los tres capos que él mismo vigilaba.

Fue torturado durante dos días de las formas más crueles en una casa de la calle Lope de Vega en Guadalajara hasta que decidieron asesinarlo. Tanto su cadáver como el de su chofer fueron encontrados el 5 de marzo de ese año en la zona rural de La Angostura, un pequeño pueblo de Michoacán.

Del asesinato de Camarena derivó el Operativo Leyenda de la DEA, en el que lograron detener a los máximos jefes del Cártel de Guadalajara. Así fueron capturados Rafael Caro QuinteroRuben Zuno ArceMiguel Ángel Félix GallardoHumberto Álvarez MachainMario Verdugo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Luego de esto, el Cártel de Guadalajara se desarticuló, dando paso a células más pequeñas como el cártel de Sinaloa, de Juárez o del Golfo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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