La Fiscalía del Edomex señaló que el enfrentamiento en Texcaltitlán fue “legítima defensa” de pobladores contra sicarios de la Familia Michoacana
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que luego del enfrentamiento entre pobladores de Texcaltitlán contra sicarios del Cártel de la Familia Michoacana,14 personas fueron secuestradas o no localizadas.
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En conferencia de prensa, José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, explicó que el asesinato de los sicarios de laFamilia Michoacana fue en legítima defensa, por lo que los pobladores de todas las comunidades de Texcaltitlán que participaron en este enfrentamiento quedan excentos de toda culpa.
El 13 de diciembre, a través de medios de comunicación se informó sobre la desaparición de nueve personas derivado de este enfrentamiento ocurrido el 8 de diciembre, donde murieron 14 personas, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación de oficio.
El enfrentamiento habría comenzado luego de que la Familia Michoacana pretendiera hacer ‘cobro de piso’ a los habitantes las fuerzas armadas, mejor conocido como ‘halcón’ Crédito: @beltrandelrio
En este sentido, el fiscal del Edomex apuntó que ese mismo día compareció un hombre que fue identificado como R.G.A, mismo que denunció el secuestro de su hijo G.G.G por parte de un comando armado en un hospital de Coatepec de Harinas; esto luego de que fuera lesionado por arma de fuego en la pierna durante el enfrentamiento con sicarios de la Familia Michoacana y trasladado por un familiar a ese nosocomio.
“En esta comparecencia, la misma persona denuncia la desaparición ocurrida previamente el 11 de julio de 2023 de otro de sus hijos con iniciales O.G.G. Manifiesta que esta situación no la hizo del agente del Ministerio Público toda vez que fue objeto de amenazas en caso de realizarlo”, precisó Cervantes Martínez, quien aseguró que esta desaparición también se investiga.
Aseguró que en este caso, un menor de edad, identificado con la iniciales C.O.R.O, fue detenido por parte de las autoridades de seguridad del estado. Las investigaciones lograron establecer que esta persona participó en el secuestro de los dos hermanos G.G.G y O.G.G, así como en la lesión de otro sujeto, por lo que se le cumplimentó una orden de aprehensión en su contra y este 27 de diciembre fue vinculado a proceso.
El 14 de diciembre, detalló el fiscal, una mujer denunció la desaparición de nueve personas, cuatro de ellas menores de edad, quienes fueron interceptadas por personas armadas cuando viajaban en un vehículo a la altura del Nevado de Toluca.
Ese mismo día se abrió otra carpeta de investigación por la desaparición de tres hombres, uno de ellos era policía municipal de Texcaltitlán.
“Se tiene conocimiento que estas 3 personas viajaban a bordo de un vehículo Chevrolet, tipo Aveo”, explicó el titular de la FGJEM que dijo que todos los casos fueron concentrados en un solo expediente de investigación.
José Luis Cervantes Martínez, fiscal General de Justicia del Edomex explicó que la célula del crimen organizado está relacionada con el asesinato de 13 elemento de seguridad, ocho de la Secretaría de Seguridad del estado y cinco de la Fiscalía ocurridas el 18 de marzo del 2021. Captura de pantalla
El total de desaparecidos es de 14 personas, las cuales 4 son menores de edad y 10 son adultos: 2 niñas, 2 niños, 3 mujeres y 7 masculinos adultos, los cuales fueron identificados como:
1) Keyli Nataly Huicochea Trinidad, de 1 año y 6 meses.
2) Dilan Tadeo Huicochea Trinidad, de 4 años.
3) Lucero Huicochea Esquivel, de 13 años.
4) Edwin Huicochea Esquivel, de 14 años.
5) Ana Teresa Huicochea Esquivel, de 19 años.
6) Nataly Guadalupe Huicochea Esquivel, de 23 años.
7) Javier Balbuena Albarrán, de 23 años.
8) Germán García González, de 25 años.
9) Joel Huicochea Arce, de 34 años.
10) Norma Esquivel Ortiz, de 36 años.
11) Pablo Esquivel Salcedo, de 42 años.
12) Urbano Alejandro Ramírez Mercado, de 49 años.
13) Rodrigo Calixto Ramírez, de 64 años.
14) J. Trinidad Huicochea Salcedo, de 67 años.
De acuerdo con las autoridades, estas personas son buscadas a través de diferentes mecanismos de la entidad y con la asesoria de dependencias estatales.
“Además fueron compartidos a las Fiscalías de las 31 entidades federativas, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de manera física se distribuyeron en la región donde sucedieron los hechos”, precisó el fiscal quien dijo se ofrecen 500 mil pesos por información que dé con su paradero.
Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.
De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.
Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.
El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.
Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.
La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.