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Casos de desinformación y muertes vinculadas al dióxido de cloro en Argentina

A pesar de que las autoridades internacionales han alertado que el dióxido de cloro no es una sustancia segura para el consumo humano, persiste la desinformación y los casos de personas que sí creen que se trata de un producto milagro, capaz de curar la COVID-19 y muchas otras enfermedades, sin que existan pruebas científicas certificadas de ello.

Por desgracia, su uso ya ha sido vinculado con casos de fallecimientos. Uno de ellos es el de Oscar García Rúa, un hombre argentino de 93 años que murió luego de que un juez autorizó que se le administrara dióxido de cloro.

¿Qué pasó en Argentina?

García Rúa falleció el 11 de enero en el Sanatorio Otamendi, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un médico le suministró dióxido de cloro como parte de su tratamiento.

Un juez federal en aquel país, Javier Pico Terrero, autorizó el tratamiento mediante un instrumento jurídico. Ocurrió de esa forma porque el dióxido de cloro no está aprobado como medicamento por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ni por el Ministerio de Salud de Argentina.

Citando la narración del abogado de García Rúa, nuestros colegas de Chequeado en ese país reportaron que el ahora fallecido contrajo COVID-19 en diciembre, y fue internado a finales del mismos mes.

Según la versión del abogado, García Rúa no murió “a causa del COVID, sino de una infección intrahospitalaria”. El Ministerio de Salud argentino inició una investigación, para aclarar lo ocurrido.

Chequeado detalló que también se han descubierto varias irregularidades sobre el médico Dante Converti, quien prescribió el tratamiento. Por ejemplo, no renovó su matrícula ni inició trámite de actualización; dijo tener especialidades pero no están registradas en el Ministerio de Salud y su licencia es de médico, no de especialista, como él aseguró.

Además, el juez que dió la autorización para que se suministrará la sustancia fue denunciado por asociaciones médicas ante el Consejo de la Magistratura . La denuncia fue firmada por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Sociedad Iberoamericana de Salud Mental.

“La denuncia surge luego del masivo rechazo de la comunidad médica por la injerencia del Poder Judicial en una decisión médica”, señaló Chequeado.

La desinformación sobre dióxido en Argentina ha sido constante
La muerte de García Rúa, vinculada con el dióxido de cloro, no es un caso aislado en Argentina. En Agosto, Chequeado recopiló 4 historias: 2 muertes y dos intoxicaciones ligadas a esta sustancia.

Una de las muertes, fue la de un hombre de 50 años en la localidad de Jujuy. “Se investiga si la causa del deceso fue la ingesta de dióxido de cloro con la que la víctima buscaba curarse de una fuerte gripe”, señaló.

En la provincia de Neuquén también se registró la muerte de un niño de 5 años que minutos antes llegó al Hospital con un paro cardio-respiratorio, según indica el comunicado oficial del Ministerio de Salud. Los familiares señalaron que el día anterior el niño había consumido dióxido de cloro.

De acuerdo con Chequeado, el doctor Sergio Saracco, jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza, confirmó que en esa ciudad dos mujeres, de 36 y 33 años, se presentaron en mayo y julio respectivamente, en centros asistenciales privados con severos cuadros digestivos vinculados con el consumo de dióxido de cloro.

Matías Di Santi, jefe de redacción de Chequeado, explicó a Animal Político que la desinformación sobre el supuesto uso terapéutico del dióxido de cloro tiene tanta difusión, que incluso en Argentina una presentadora promovió su ingesta en televisión abierta.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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