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México

Castigo a legisladores dormilones: proponen descontarles un día de salario por distraerse en sesiones

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CIUDAD DE MÉXICO.– Tras las constantes polémicas por diputados y senadores que se distraen, duermen o realizan actividades ajenas durante las sesiones, la senadora priista Anabell Ávalos presentó una iniciativa que busca sancionar económicamente a los legisladores que no cumplan con su deber.

La propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, plantea descontar un día de dieta a cualquier legislador que sea sorprendido dormido, viendo contenido ajeno —como partidos de futbol— o realizando actividades personales en plena sesión.

Ávalos ejemplificó su planteamiento con los casos de las diputadas morenistas Patricia Armendáriz y Herminia López Santiago, así como de los exlegisladores María de los Ángeles Huerta y Manuel Huerta, quienes fueron captados durmiendo en el pleno. También mencionó al senador Adán Augusto López, sorprendido viendo futbol durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Aunque no lo citó directamente, la iniciativa llega después del reciente caso del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien fue evidenciado jugando pádel mientras participaba de manera virtual en una sesión de la Comisión de Presupuesto.

“La ciudadanía no nos elige para venirnos a dormir, hacer negocios o distraernos con contenidos ajenos al trabajo legislativo. Hay quienes incluso han mostrado comportamientos sin recato y respeto por el recinto”, señaló la senadora.

La reforma propuesta al artículo 64 de la Constitución establece que los legisladores perderán el derecho a su dieta diaria si son sorprendidos dormidos o distraídos durante las sesiones. En caso de reincidencia, advierte el documento, los infractores podrán ser separados de su cargo.

México

Sheinbaum responde a Trump y rechaza señalamientos sobre control del narcotráfico

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.

La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.

Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.

Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.

El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

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