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Política

Causa revuelo propuesta priísta de castrar violadores

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Ciudad Juárez,Chihuahua.-Los ojos de Adriana Fuentes Téllez, diputada priísta electa el pasado 2 de julio, se abren descomunalmente. Sus brazos se extienden para ilustrar la colocación en la que los violadores deben de ser colgados. Como crucificados, pero no emulando al Cristo, sino como criminales.
«Y públicamente que los castren, para que escarmienten. Que no los maten, que los castren como escarmiento», dice la diputada electa.

¿Está de acuerdo en un escarmiento así? ¿no es broma?

«Claroooo que no, estoy segura…», dice la diputada priísta, en entrevista con el equipo de redacción del periódico El Mexicano. Adriana Fuentes tiene motivos para presumir su triunfo, fue la candidata con mayor votación en el 2012, en los cuatro distritos en disputa con cabecera en Juárez. Sus estadísticas superan todos los registros históricos.

En ambas muñecas lleva pulseras. Sobresalen dos que, en distintos tiempos, recibió la empresaria. Es la imagen de San Benito, un santo que provenía de familias italianas ricas, protector de varias calamidades. Junto con su hermana Escolástica, también de abolengo, alcanzaron la gracia de ser santos.

La oración a San Benito está considerada, por los católicos, como ‘muy milagrosa’, pero de la que la candidata no sabe nada, ni siquiera sabe quien fue San Benito.

Una de las medallitas que cuelgan de sus muñecas se la regalo una niña con capacidades diferentes… la otra, la hija del finado abogado juarense Luis Fernando Mayán Patiño, asesinado apenas unas horas antes de la entrevista.

«Es una de las mejores amigas de mi hija», revela la candidata ganadora.

Hermana de Angélica Fuentes Téllez, esposa del propietario del equipo de futbol profesional las ‘Chivas’ de Guadalajara y de la empresa Omnilife, Jorge Vergara, la ahora diputada electa se refiere a la única controversia y acusación de sus detractores durante su campaña: los abusos en el precio del gas natural, cuya compañía es propiedad de su padre Valentín Fuentes.

En dos ocasiones intenta evadir la pregunta o, más bien, el tema.

«¿Usted paga el gas?» se le pregunta finalmente

Claro que lo pago. Voy y peleo pero mi padre me pregunta ¿qué tienes mucho frío?, pues paga… y pago.

La diputada refiere que su padre es una persona estricta, dura con sus hijos y de una gran disciplina. El tema lo aborda con amplitud durante la entrevista.

Información de El Mexicano

TEMA CON ANTECEDENTES

Aunque la virtual diputada federal Adriana Fuentes, no especificó si se refería a la castración física o química, resulta llamativo que en el año 2007 la medida fue discutida en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La fracción parlamentaria del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propuso reformas al Código Penal a la Ley de Salud locales, para imponer la pena de “castración química” para los violadores, abusadores sexuales de menores, y pederastas.

En conferencia de prensa, Jorge Schiaffino y Armando Tonatiuh González Caze presentaron la iniciativa que luego llevaron a la tribuna de la ALDF, y fue remitida a comisiones unidas para su dictaminación.

De acuerdo con González Caze, la “castración química” consiste en inyectar a un sentenciado por los delitos mencionados un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas –como la Depo Provera–, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la eyaculación. Incluso, comentaron con ironía al considerar que los “curas pederastas” bien podrían recurrir a este tratamiento.

El legislador priísta argumentó que en la actualidad se cometen de seis a siete violaciones en promedio al día, por lo que en los centros penitenciarios de esta capital se tienen 3 mil 117 reos acusados de delitos sexuales en sus diferentes modalidades, sobre todo violación calificada y simple.

Frente a ese panorama, el diputado local aseguró que “por el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de todas las mujeres de esta ciudad”, se promoverán estas modificaciones legales para que todo aquel que no respete la integridad física de esa población “sea tratado medicamente, para que pueda disminuir sus impulsos sexuales”.

González Caze detalló que, por ejemplo, la hormona Depo Provera tiene la función de bloquear la producción de testosterona en los testículos durante seis meses, al actuar directamente en la glándula hipófisis, localizada en la base del cerebro, y tiene una efectividad de 95 por ciento, dosis que al terminar el medio año debe repetirse para que no falle.

Al hacer un balance de este tratamiento, comentó que se ha adoptado en algunas partes del mundo, ya sea como pena o como tratamiento médico para violadores y pederastas, y citó el caso de Alemania, donde la castración química existe desde 1969, y se aplica a violadores mayores de 25 años.

Mencionó que en el caso de Estados Unidos, se aplica contra delincuentes sexuales en estados como Georgia, Oregón, Oklahoma, Wisconsin y Florida, y en este último punto se tiene, desde 1969, ya como obligatoria para los reos pederastas que alcanzan libertad condicional.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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