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CD. JUAREZ YA O SERÁ INGOBERNABLE POR LUIS OCHOA MINJARES

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CD. JUAREZ YA NO SERÁ INGOBERNABLE

 

Luis Ochoa Minjares

 

   La aclaración pronta, eficaz y creíble de los tres últimos, monstruosos e inenarrables crímenes cometidos en Ciudad Juárez, es no solamente un primer severo golpe a la impunidad, sino la evidencia plena de que el infamante mito adjudicado a Juárez de ciudad ingobernable, podría caer hecho añicos si esta nueva política anticrimen sigue firme, permanente y sin tropiezos.

 

   Sería mezquindad extrema no mencionar siquiera los apellidos del nuevo tipo de funcionarios y servidores públicos que requieren los municipios, los estados y el país entero: González Moken, González Nicolás, Serrano Escobar y Duarte Jáquez. Han sabido manejar con sabiduría, integridad y destreza el instrumento más eficaz y poderoso en contra de la impunidad del crimen organizado: la denuncia popular.

 

    La delincuencia desbocada y la incapacidad para garantizar seguridad pública vinieron a complicar los problemas de la macrocefálica Ciudad Juárez, y a pensar acerca de la necesidad de dividirla en Delegaciones, tal y como funciona el gobierno de la Ciudad de México, a fin de facilitar su gobernabilidad y, sobre todo, garantizar la prestación de los llamados servicios municipales primarios con mayor eficacia y facilitar el control de la delincuencia.

 

PROYECTO  A

LARGO PLAZO

 

   Tenga o no fundamento la vieja sugerencia, no deja de ser signo y expresión de la preocupación cada vez más generalizada de los juarenses por la incapacidad manifiesta que durante los últimos trienios han dado las administraciones municipales en el desempeño de sus funciones, y al acumularse los problemas proyectamos nacionalmente la imagen de una ciudad ingobernable.

 

 La explosión demográfica y la imparable afluencia de mexicanos y mexicanas de todas partes del país en busca de mejores niveles de vida, genera tal cantidad de problemas que convierten al Presidente Municipal en turno en un simple jefe de barandilla donde consume todas sus energías y su tiempo en atender minucias, mientras los grandes problemas y proyectos quedaban descuidados o aplazados.

 

   Dividir la Ciudad en cinco o seis delegaciones equivaldría a dividir la responsabilidad y el trabajo en seis delegados elegidos por su capacidad, responsabilidad y cariño a su terruño, mientras el alcalde en turno tendría todo el tiempo del mundo para coordinar las delegaciones, estudiar los problemas y planear las grandes obras a corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo, tendría mayor libertad y tiempo para relacionarse, gestionar y tramitar la ayuda y colaboración necesaria de los otros niveles de gobierno y de sus funcionarios.

 

PELIAGUDA TAREA

PARA LOS EDILES

 

   Las ciudades fronterizas limítrofes con el país más desarrollado y poderoso de nuestros tiempos, jamás dejarán de ser asediadas por la migración no solamente del interior del país, sino de los demás países hermanos de Centroamérica. Llegará el momento en que los ayuntamientos dejarán de ser eficientes para enfrentar los problemas que de ello se derivan. Ningún presidente municipal tendrá la capacidad, el tiempo y los recursos para desempeñar su función normalmente.

 

   Las ciudades fronterizas necesariamente serán cosmopolitas y refugio de oleadas de pobladores del centro del país insatisfechos de la falta de  oportunidades en sus lugares de origen. Ningún plan de desarrollo municipal que no tome en cuenta este hecho y prevea e instaure los mecanismos para amortiguar sus efectos tendrá éxito completo en su gestión administrativa. Y hasta ahora, no hay a la vista ningún programa de gobierno federal que mire hacia la creación de empleos y oportunidades en todos y cada uno de los municipios del interior del país, sin contar con los de nuestros hermanos de centro y América del sur.

 

   Por ahora es obvio que lo inmediato es devolver a los mexicanos fronterizos la seguridad pública en primer lugar y las fuentes de trabajo y ocupación necesarias para no alimentar la delincuencia ni obligar a los desempleados a buscar el sustento por caminos indebidos. Y enfrentar estos retos, no es cosa fácil para un presidente municipal convertido en jefe de barandilla por el exceso de población que no tiene más que un solo sitio a donde acudir a demandar solución a sus problemas.

 

LLEGAN MÁS

“JUAROCHOS”

 

   Instaurar cinco o seis delegaciones sería algo así como dividir el monstruoso e ingobernable masacote actual en que está convertido Ciudad Juárez en seis pequeñas ciudades manejables, controlables y con oportunidad para que cada uno de sus delegados  haga del desempeño de su cargo una verdadera carrera en el servicio público y en la política, y el alcalde en turno tenga oportunidad de atender los grandes problemas y proveer de mayor jerarquía el cargo y darle más proyección a su carrera de eficiente gobernante de su comunidad.

 

   Es posible que haya otras soluciones para gobernar y conducir los grandes hacinamientos de habitantes en comunidades cosmopolitas, cuyo estandar de vida y oportunidades constituyen un imán irresistible para las familias en busca de mejores horizontes. Pero esas soluciones novedosas y modernas que resulten más prácticas y factibles de aplicar, solamente surgen cuando el tema despierte el interés de los ciudadanos capacitados y entren al diálogo y expresen sus puntos de vista.

 

   Tampoco se trata de soluciones mágicas e inmediatas. Es posible que Juárez siga gobernándose a la antiguita todavía durante muchos trienios municipales. Pero podemos ganar tiempo si los sociólogos, constitucionalistas, gobernantes y políticos estudian esta solución o buscan otras. No olvidemos que están llegando “juarochos” noche y día. ¿Cuáles son los impedimentos y los obstáculos para instituir el sistema de delegaciones en un municipio macrocefálico cuyos problemas se han acumulado y seguirán acumulándose durante trienios y más trienios?

 

PROYECTO

ATORADO

 

    A otra cosa mariposa: Poco sabemos los lectores y ciudadanos comunes y corrientes qué ha sido del ambicioso y anhelados proyecto de dotar a Creel de un moderno aeropuerto que dispararía la industria del turismo en proporciones difíciles de calcular. Se dijo que un viejo y añejo conflicto de tierras entre tarahumaras y terratenientes detuvo el anhelado proyecto a medio camino.

 

   El tema viene a cuento porque el diligente y dinámico secretario de la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) Jorge Carlos Ramírez Marín, acaba de dar solución a un viejo, añejo y petrificado conflicto territorial entre ejidatarios y pequeños propietarios, durante uno de sus   fecundos “jueves agrarios” que realiza a lo largo y lo ancho del territorio mexicano.

 

   Y tiene toda la razón del mundo, pues “en la medida en que se resuelvan los conflictos en el campo habrá más productividad y con ello una mejor calidad de vida para la gente.

   El secretario Ramírez Marín subrayó que la SEDATU trabaja para que el campo viva en paz y armonía y llamó a los campesinos beneficiados con la tierra, a hacerla rentable y productiva para que sus hijos puedan vivir de ella.

   Échenos una manita en Creel don Jorge Carlos.

   ([email protected])

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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