Hace unos días un radioescucha envió un mensaje desesperado al programa de radio que conduzco con Lupita Juárez: “Mi nombre es Humberto Mondragón Sánchez. Estamos constituyendo una empresa familiar. Se hizo el trámite de constitución ante notario público. Tenemos ya la escritura de constitución de la empresa. Al querer dar de alta ante el SAT nos topamos con que no hay cita para inscripción de personas morales y nos dicen que casi tiene casi cuatro meses ese problema. O sea, la 4T no quiere la creación de nuevas empresas privadas. ¡Qué mal.!”.

La verdad es que el problema tiene bastante más que cuatro meses. A mí me tocó sufrirlo en 2020. Entonces se justificaba por la pandemia; pero, aunque se nos ha dicho varias veces que sería superado, la pesadilla continúa. No sólo afecta a las empresas, a las llamadas “personas morales”, sino también a las personas físicas que quieren tener actividades productivas. Recibí cientos de comentarios sobre el tema cuando difundí el caso en Twitter: “En mi caso, meses esperando registrar una empresa. Mi idea, mi ilusión de tener un negocio, postergado”, comentó JM Gaytán (@jmgbiker). Josué Mosqueda (@JosueMosiba) añadió: “Yo he pagado hasta 3 mil pesos por una cita, y por amigos en el medio me he enterado que las llegaron a vender hasta en 10 mil “.

No tendría por qué ser así. Uno de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador como candidato fue llevar a cabo una simplificación radical del sistema fiscal. El 4 de septiembre de 2018, cuando era Presidente electo, afirmó en Monterrey que impulsaría una “reforma fiscal que desde mi punto de vista tendrá como elemento básico la simplificación, confiar en el ciudadano, el contribuyente, no verlo como un delincuente en potencia, sino como un ciudadano responsable”. Sí, el nuevo sistema se basaría en la confianza en los contribuyentes. Las revisiones se harían de manera aleatoria. Pagar impuestos sería un proceso sencillo que cualquiera pudiera realizar.

Al SAT hay que reconocerle una gran eficiencia en la recaudación. A pesar de la baja del IVA en las fronteras, y de los problemas económicos de los últimos años, ha logrado aumentar los ingresos. La informatización ha avanzado de manera muy importante. Hoy la autoridad sabe minuto a minuto cuál es la situación fiscal de cada contribuyente. Los asalariados con un solo empleo pueden recibir de manera electrónica su declaración anual ya hecha y cubrirla de manera rápida y sencilla.

El problema es la obligación del contribuyente de presentarse físicamente en una oficina del SAT para registrar sus datos biométricos. Ahí se ha colapsado el sistema, especialmente desde el inicio de la pandemia. El resultado ha sido convertir lo que debería ser un simple trámite en un obstáculo enorme a la creación de nuevas empresas y a la actividad productiva de las personas. Parecería que el objetivo es castigar el pago de impuestos, promover la economía informal y favorecer la corrupción.

Los empleados del SAT hacen un trabajo eficiente y la institución ha mantenido su profesionalismo en este sexenio. Pero es importante modificar las reglas. Si el SAT no tiene capacidad para dar citas suficientes, debe eliminarse o posponerse el requisito de la inscripción presencial. Esto no debería ser un problema. El contribuyente puede operar de manera provisional hasta que el SAT tenga capacidad de atenderlo. Después de todo, el propio Presidente prometió que su Gobierno confiaría en los contribuyentes.

El presidente López Obrador justificó ayer haber firmado la carta de respaldo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, pese a la filosofía de no intervención en asuntos de otros países, porque “no se debe usar la impartición de justicia con propósitos políticos”. Curioso, porque eso es lo que está ocurriendo cada vez más en nuestro País.

Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentarista de televisión.

Fuente: elimparcial.com