Chihuahua

Cerrados y sin presupuesto albergues para mujeres violentadas en el estado, denuncia diputada

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivón Salazar Morales, solicitó en el pleno del Congreso del Estado, que se atienda de manera urgente, la falta de personal en los albergues temporales o casas de transición de los Centros de Justicia para Mujeres (CEJUM) a fin de atender a las mujeres víctimas de violencia.

Los albergues temporales o casas de transición que se localizan en Chihuahua y Ciudad Juárez, requieren de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para aumentar su eficacia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“Ambos se encuentran cerrados por falta “suficiencia presupuestaria” para la contratación del personal que los atiende, dejando a miles de mujeres desprotegidas que no tienen alternativa más que continuar viviendo el infierno de la violencia y llenas de miedo al seguir conviviendo con su agresor” lamentó la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado.

Cabe mencionar que estos lugares, fungen como un refugio fuera del alcance de los agresores de mujeres, mismos que tienden a perseguirlas para continuar el conflicto aún después de una separación física y pese a haber sido denunciados por violencia.

Salazar Morales, argumentó que tan solo en el primer año de confinamiento por la pandemia derivada del COVID 19, los casos de violencia familiar en el Estado aumentaron en 100 por ciento, pasando de 10 mil casos en promedio en los años anteriores hasta 21 mil casos de violencia familiar registrados en el 2020.

“Resulta imperativo establecer una política multidisciplinaria que atienda cada una de las fortalezas que brindan los Centros, en una colaboración abierta e interinstitucional capaz de dar solución de fondo al problema de la falta de elementos y recursos necesarios para cumplir con su función, motivo por el cual, consideramos que es de urgente resolución, ya que al depender de cuestiones presupuestales, deben preverse para el presupuesto 2022” urgió la legisladora priista.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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