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Chihuahua

Chihuahua entre los Estados donde se fomentó más la paz: Sheinbaum

A pesar de la percepción general, los homicidios en México han registrado una caída en los últimos meses. Así lo destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina de este 11 de marzo.

La funcionaria detalló que siete estados concentran la mayor cantidad de homicidios en el país, con Guanajuato a la cabeza, registrando 713 casos, lo que representa el 15.9% del total. Le siguen Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Sonora, entidades que continúan siendo focos rojos en materia de violencia.

A pesar de la reducción en las cifras, la violencia sigue siendo un desafío en estas regiones.

Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una disminución en los homicidios dolosos en México, pero la violencia sigue concentrada en ciertos estados, con Guanajuato a la cabeza.

Menos homicidios en el último semestre

De acuerdo con los datos presentados en la conferencia matutina del gobierno federal este 11 de marzo, el promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una disminución del 15% entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

  • En septiembre de 2024, el promedio diario fue de 86.9 homicidios.
  • Para febrero de 2025, la cifra bajó a 74.68 homicidios por día.

Este descenso en la tendencia es un reflejo de las estrategias de seguridad implementadas, aunque la violencia sigue siendo un problema latente en varias regiones del país.

Guanajuato sigue como el estado más violento

El análisis por entidad federativa muestra que siete estados concentran el 53% de los homicidios en México. Guanajuato lidera la lista con 713 asesinatos (15.9% del total), seguido por:

  • Baja California: 340 homicidios (7.6%)
  • Chihuahua: 297 homicidios (6.6%)
  • Sinaloa: 296 homicidios (6.0%)
  • Michoacán: 293 homicidios (5.5%)
  • Sonora: 260 homicidios (5.1%)
  • Edomex: 248 homicidios (4.8%)

Estos estados mantienen una alta incidencia de violencia relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y disputas entre grupos delictivos.

Homicidios en febrero: la cifra más baja desde 2018

Si se compara con años anteriores, el mes de febrero de 2025 registró el promedio diario de homicidios más bajo desde 2018.

  • En febrero de 2019, el promedio diario de homicidios era de 100.9.
  • En febrero de 2025, la cifra bajó a 74.7, lo que representa una reducción del 26% en los últimos seis años.

El gobierno federal ha destacado esta tendencia como un logro en la estrategia de seguridad pública, aunque expertos advierten que los desafíos en seguridad siguen siendo importantes, especialmente en los estados con mayor incidencia delictiva.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de la estrategia de seguridad basada en la prevención y la atención a las causas desde las mesas estatales de paz.

Municipios prioritarios y mesas de paz

El programa ha identificado municipios prioritarios, donde se concentra un alto índice de violencia. Entre ellos destacan Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Chilpancingo y Acapulco, así como varias localidades en Chiapas, donde la inseguridad ha ido en aumento en los últimos meses.

Además, la estrategia trabaja en 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, con un 59% de participación de mujeres y niñas, reforzando el papel de las comunidades en la pacificación del país.

Acciones clave para la construcción de paz

Dentro del eje de acción del programa, destacan tres áreas fundamentales:

  1. Atención en comunidades
    1. 70,663 visitas casa por casarealizadas.
    2. 452,654 atenciones brindadas a la población.
    3. Creación de 98 Comités de Paz, con un 76% de participación de mujeres.
  2. Ferias de Paz y actividades comunitarias
    1. 87 Ferias de Paz organizadas, con servicios de salud, asesoría jurídica y actividades recreativas.
    2. 612 talleres, cursos y pláticas en escuelas y para servidores públicos.
    3. 78 actividades deportivas, incluyendo la iniciativa nacional “Boxeando por la Paz”.
    4. 189 intervenciones comunitariaspara rehabilitación de escuelas y espacios públicos, pintura de murales y matrimonios civiles.
  3. Desarme voluntario y recuperación de espacios
    1. 642 armas cortas, 195 armas largas y 81 granadas entregadas de forma anónima entre el 10 de enero y el 10 de marzo.
    2. Ciudad Juárez lidera el canje de armamento, con 144 armas cortas y 73 armas largas entregadas.
    3. Intercambio de juguetes bélicos por artículos educativos y recreativos, con el lema “En vez de sembrar guerras, que se siembre vida y paz”.

Convenios de colaboración por la paz

Para reforzar la estrategia en las zonas más conflictivas, se han firmado convenios de colaboración entre estados, entre ellos:

  • Tlaxcala-Puebla
  • Morelos-Puebla
  • Oaxaca-Puebla
  • Tabasco-Chiapas
  • Morelos-Guerrero
  • Chiapas-Oaxaca

Estos acuerdos buscan una mayor coordinación para enfrentar problemas de violencia e inseguridad que cruzan fronteras estatales.

Un enfoque integral para la pacificación

Con la implementación de más de 100 programas y acciones gubernamentales a cargo de 38 dependencias y organismos, el gobierno apuesta por una estrategia que combina la atención social, la recuperación de espacios, el deporte y el desarme voluntario para reducir la violencia.

Si bien los resultados iniciales muestran avances en algunas regiones, el reto sigue siendo consolidar estas acciones y garantizar que la reducción de la criminalidad sea sostenible a largo plazo.

A su vez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un repaso de los decomisos realizados como consecuencia de los operativos del Gobierno.

Chihuahua

Corrupción evidente: El proyecto de Andrea Chávez por la candidatura caería por su hermano

El proyecto de Andrea Chávez para buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 enfrenta uno de sus momentos más delicados. A los cuestionamientos que ya perseguían a su grupo político por la cercanía de la senadora con Adán Augusto López Hernández y el escándalo de La Barredora, ahora se suma un problema dentro de su propia familia: Gregorio Chávez Treviño, hermano de la legisladora, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades millonarias durante su gestión en Liconsa.

Las observaciones provienen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e incluyen pagos registrados a nombre de proveedores fallecidos, recursos entregados a productores que presuntamente no reunían los requisitos establecidos y operaciones relacionadas con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.

La Cuenta Pública 2023 detectó alrededor de 45 millones de pesos pendientes de aclarar en operaciones de Liconsa y derivó en acciones encaminadas a determinar posibles responsabilidades administrativas. Gregorio Chávez era entonces gerente estatal del organismo en Chihuahua.

El escándalo amenaza con convertirse en algo mucho mayor que un problema administrativo para su hermano: ocurre cuando Andrea Chávez intenta consolidar su candidatura y cuando su principal grupo de respaldo político ya enfrenta un fuerte desgaste.

Pagos a proveedores que ya habían muerto

Entre las anomalías detectadas aparece una especialmente grave.

En operaciones relacionadas con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023 fueron identificados pagos superiores al millón de pesos a nombre de dos proveedores que habían fallecido.

Uno murió el 5 de febrero de 2023 y el otro el 4 de marzo. Pese a ello, posteriormente continuaron registrándose pagos relacionados con el contrato.

La ASF detectó las inconsistencias mediante el cruce de los datos de los proveedores con registros oficiales de defunciones.

A ello se agregan otros señalamientos.

La fiscalización encontró recursos entregados a productores que presuntamente no cumplían las condiciones necesarias para acceder al precio de garantía y operaciones en las que no pudo acreditarse adecuadamente la recolección y traslado de la leche.

Las observaciones conocidas no constituyen por sí mismas una sentencia contra Gregorio Chávez. Corresponde a las autoridades determinar responsabilidades y a los involucrados solventar las observaciones.

Sin embargo, políticamente el daño ya comenzó.

Morena pide investigar al hermano de Andrea

El caso consiguió algo poco habitual en la polarizada política chihuahuense: legisladores de Morena y PAN coincidieron públicamente en que Gregorio Chávez debe ser investigado.

Desde Morena se ha sostenido que el partido no debe proteger a nadie en caso de comprobarse irregularidades, mientras desde la oposición comenzaron a exigir investigaciones y responsabilidades por el manejo de los recursos públicos.

El problema para Andrea Chávez es evidente.

Su hermano no ocupaba un puesto menor. Fue nombrado delegado estatal de Liconsa en noviembre de 2022 y, de acuerdo con su declaración patrimonial difundida públicamente, reportó ingresos netos anuales por más de 839 mil pesos provenientes de ese cargo.

Ahora su gestión aparece directamente alcanzada por una fiscalización que incluye millones de pesos sin aclarar y procedimientos para determinar eventuales responsabilidades.

Y todo ocurre mientras su hermana pretende convencer a Morena de entregarle la candidatura para administrar Chihuahua.

De Adán Augusto a La Barredora

El nuevo escándalo tampoco llega a un proyecto político intacto.

Andrea Chávez ha mantenido una estrecha relación política con Adán Augusto López Hernández, quien durante años fue uno de sus principales impulsores nacionales. Esa cercanía se convirtió en un problema después de que el nombre del tabasqueño quedara políticamente atrapado en el caso de Hernán Bermúdez Requena.

Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto y posteriormente fue acusado de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, además de ser señalado como presunto líder de La Barredora.

El impacto sobre el proyecto chihuahuense no es nuevo: desde antes se advertía que los problemas políticos de Adán Augusto podían terminar perjudicando las aspiraciones de Andrea Chávez debido a la cercanía entre ambos y al respaldo que el tabasqueño brindó a su eventual candidatura.

Ahora el golpe ya no procede únicamente de su principal aliado político. Procede de su propia familia.

Hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a Andrea Chávez o a Gregorio Chávez con La Barredora, ni que relacione las operaciones observadas en Liconsa con esa organización.

Lo documentado es otra cosa: Andrea Chávez ha formado parte del grupo político cercano a Adán Augusto; durante el gobierno del tabasqueño, Hernán Bermúdez ocupó la Secretaría de Seguridad y posteriormente fue acusado de encabezar La Barredora; y ahora el hermano de la aspirante enfrenta sus propios cuestionamientos por el manejo de recursos públicos en Liconsa.

El apellido se convierte en problema electoral

Para Andrea Chávez, la controversia llega en un momento especialmente delicado.

Su proyecto depende primero de convencer a Morena de que puede competir por Chihuahua en 2027 y, posteriormente, de convencer a los electores de entregarle el gobierno estatal.

Las observaciones contra su hermano ofrecen nuevos argumentos a quienes, dentro y fuera de Morena, cuestionan ese proyecto.

El caso coloca frente a Chávez una contradicción política difícil de administrar: mientras Morena ha convertido el combate a la corrupción y los privilegios familiares en una de sus principales banderas, el hermano de una de sus aspirantes a gobernadora aparece ahora relacionado con operaciones observadas por el máximo órgano fiscalizador del país.

La investigación deberá determinar si Gregorio Chávez cometió alguna irregularidad y cuál fue su responsabilidad.

Andrea Chávez no puede ser responsabilizada jurídicamente por los actos de su hermano sin pruebas de su participación.

Pero una candidatura no se decide únicamente en tribunales.

También se construye alrededor de confianza, percepción pública, alianzas y costo político.

Y después del desgaste provocado por su cercanía con Adán Augusto y la sombra política del caso La Barredora, las irregularidades detectadas durante la gestión de Gregorio Chávez abren un nuevo frente justamente donde Andrea Chávez tenía menos margen para recibir otro golpe: dentro de su propia familia y rumbo a la batalla por 2027.

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