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Cerraron cerco sobre Andrés Roemer: UIF bloqueó las cuentas de su esposa

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Avanzan las investigaciones alrededor de Andrés Roemer por los señalamientos de delitos sexuales en su contra, y para cerrar el cerco, por lo menos financiero, han bloqueado también el financiamiento a su esposa, así como diversas organizaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el 16 de junio de 2021 que se mantendrán bloqueadas las cuentas del catedrático.

Sin embargo, el diario Milenio informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya hizo lo propio con Carmen María Hernández Cortés, esposa de Roemer, por órdenes de la dependencia encabezada por Santiago Nieto.

Pero aún hay más, pues la organización cívica y social, Poder Cívico A.C; así como Desarrollo de Proyectos Cynosura A.C. también tendrán congeladas sus cuentas por tiempo indefinido, informó la periodista Jannet López Ponce.

Fotografía de archivo fechada el 20 de agosto de 2019 del periodista y economista, Andrés Roemer, durante un evento, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo
Fotografía de archivo fechada el 20 de agosto de 2019 del periodista y economista, Andrés Roemer, durante un evento, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Sin embargo, el medio señaló aún restan un par de empresas en las que Roemer aparece como socio, de acuerdo con su consulta en el Registro Público del Comercio: Operadora TSOL S.A. de C.V. e Inception Lab S.A. de C.V.

Las cuentas de Andrés Roemer continúan bloqueadas

Por otra parte, fue a principios de junio de 2021 que Roemer y su defensa promovieron un amparo para desbloquear sus cuentas bancarias, mismo que fue negado por el Juzgado Decimoprimero en materia administrativa de la Ciudad de México.

La UIF explicó que se esta decisión se debe a que es una medida preventiva en contra del abogado, quien de por sí ya se encuentra en Israel. La medida se tomó en acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Lo anterior en virtud de que el bloqueo de cuentas realizado por la UIF se dictó en coordinación con la FGJCDMX, como una medida de prevención cuyo origen responde a la investigación de la posible comisión de un delito”, explicó el documento.

Andrés Roemer (Foto: Cuartoscuro)Andrés Roemer (Foto: Cuartoscuro)

El caso de Andrés Roemer

A mediados de mayo de 2021, desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se dio a conocer que se investiga a Roemer por su presunta responsabilidad en delitos de agresión sexual.

De acuerdo con la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, son seis las carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión que armó la fiscalía capitalina en su contra.

En este contexto, a Roemer se le señaló de alrededor de 60 agresiones sexuales de distintos tipos, por lo que es buscado tanto por la FGJ, la Fiscalía General de la República y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La ficha roja actualmente está activa para que el presunto agresor sea detenido y trasladado a México en 194 distintos países en lo que opera la Interpol.

De hecho, se le tiene ya identificado en el país de Israel, a donde fue tras darse a conocer el caso en su contra; pese a la huida, el titular de la Seretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la CDMX, Omar García Harfuch, informó que el proceso de judicialización, la atención a víctimas y las pesquisas continuarían.

Andrés Roemer (Foto: Cuartoscuro)Andrés Roemer (Foto: Cuartoscuro)

Por si fuera poco, en fechas recientes también se dio a conocer desde la Fiscalía capitalina que México solicitó a Israel la detención con fines de extradición de Andrés Roemer, bajo el principio de reciprocidad internacional.

Además, Ernestina Godoy exhortó a las mujeres mexicanas a que se acerquen a denunciar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues, aseguró, se encuentran preparados para atenderlas.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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