El Paso, Texas.— El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, obtuvo un fallo favorable en Estados Unidos luego de que un juez del condado de El Paso desestimara una demanda en su contra por la presunta adquisición ilícita de al menos 50 propiedades valuadas en 25 millones de dólares. La decisión se basó en la falta de pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

El recurso había sido presentado por Javier Corral Jurado, también exgobernador de Chihuahua y actual senador, quien afirmó que Duarte acumuló ese patrimonio inmobiliario durante su mandato al frente del estado entre 2010 y 2016, utilizando presuntamente recursos de origen ilícito.

El juez Rubén Morales, encargado del caso, dictaminó que los elementos presentados no permitían probar una conducta delictiva por parte del exmandatario. Con ello, la demanda quedó formalmente desechada en territorio estadounidense.

En respuesta al fallo, Corral sostuvo que la resolución no niega la existencia de las propiedades, sino que obedece a criterios procesales sobre la solidez de las pruebas. Aclaró también que la denuncia no fue de carácter personal, sino parte de una estrategia legal del gobierno de Chihuahua que derivó en más de 20 órdenes de aprehensión contra Duarte y su círculo cercano.

Cabe recordar que César Duarte fue detenido en Miami, Florida, en julio de 2020, a solicitud del gobierno mexicano, y posteriormente extraditado. Desde 2024, enfrenta en México diversos procesos penales relacionados con presuntos desvíos de recursos públicos, aunque permanece en libertad condicional mientras se desahogan los procedimientos judiciales.

La resolución del tribunal texano representa un revés para las acciones legales impulsadas desde México para recuperar activos supuestamente adquiridos con dinero público, aunque no detiene las causas abiertas en el país. Duarte sigue bajo observación judicial por delitos que incluyen peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

El caso continúa siendo uno de los más representativos en la lucha contra la corrupción de exgobernadores en el país, en un contexto donde las resoluciones en tribunales extranjeros también influyen en el debate político y jurídico nacional.