Opinión
CHARROS, MARIACHIS Y VIVALES POR LUIS OCHOA MINJARES
CHARROS, MARIACHIS Y VIVALES
Luis Ochoa Minjares
La cancelación del comodato del Lienzo Charro “Adolfo López Mateos” y su adjudicación al municipio de Juárez a través de la Secretaría del Deporte, constituye un acto de gobierno histórico que dará la pauta para el futuro y que plantea la pregunta obligada: ¿renacerá la charrería en la frontera norte?
El arte e la charrería y la figura del charro mexicano, la belleza de sus mujeres ataviadas con los vistosos trajes de chinas poblanas, recorrían el mundo entero y llenaban los lienzos charros de miles y miles de fanáticos admiradores.
Chihuahua y Ciudad Juárez contribuyeron de manera destacada a mantener la tradición de la charrería en México, así como la expresión cultural de sus artesanías y expresiones del folclor nacional y, por supuesto, la industria del licor nacional, el tequila de calidad y excelente sabor.
Tequila, charros y canciones enmarcaban la belleza y la gallardía del mexicanísimo arte de la charrería y México era, y esperamos que vuelva a ser, como dice la vieja canción, “un jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color”. Es de esperarse que la charrería deje de ser motivo de pugnas y disputas por intereses menores y se olviden los propósitos superiores.
Desgraciadamente el panorama actual de la charrería en la frontera norte del país no es nada halagador porque siendo un deporte mantenido a durante varias generaciones, en la actualidad los hijos nietos y bisnietos de los fundadores no lo practican con la misma emoción que en otros tiempos.
EL LEGADO DE
LOPEZ MATEOS
Si como se dice, la charrería es un deporte nacional, debiera recibir el estímulo y el apoyo necesario del sector público en todos sus niveles para que algún día decir charro equivalga a decir México.
Pero no solamente la falta de apoyo oficial ha llevado al colapso el arte de la charrería. También han influido de manera decisiva las discrepancias, desuniones y pleitos por intereses económicos.
Recuérdese la forma poco edificante en que terminó aquel lienzo que llevó el nombre de “Baca Gallardo”. La ambición por el valioso terreno cuyo fin nunca se supo, desdibujó o mejor dicho, desprestigió a la charrería fronteriza.
Lamentablemente la historia se repite. El actual Lienzo Charro que entregó a los fronterizos el presidente Adolfo López Mateos en 1964 para que sirviera de instrumento para fomentar el sentido de pertenencia de los mexicanos y de escaparate para fortalecer nuestras tradiciones, se le dio un mal uso durante largos años.
CHARROS Y
MARIACHIS
En alguna ocasión le preguntamos a don Ismael Sosa, auténtico charro fundador del primer lienzo juarense que cuál era el futuro de la charrería como expresión de nuestra identidad nacional y, palabras más o palabras menos, nos vaticinó:
“Como deporte promisor se requiere que llegue tan lejos como debe ser un instrumento de identidad nacional, educando a la gente para que sepa distinguir entre un traje de charro y un traje de la muy noble y distinguida profesión de mariachi.
Que nuestros cantantes que se dicen charros, con sus honrosas excepciones, distingan lo que es vestirse de charro y vestirse de árbol de navidad. Hoy todo el que puede comprar un traje de charro no puede decir sin sonrojarse que es un charro.
Aunque hay muchos que son charros aún cuando no puedan usar tan hermosa y mexicanísma prenda de vestir. Por fortuna en Ciudad Juárez hay muchas familias que pueden decirse charros de abolengo”.
DUARTE Y SERRANO
SABRÁN QUE HACER
Arte o deporte la charrería nacional debe reverdecer sus laureles en la frontera norte. Se percibe a leguas la esperanza de que el gobernador del Estado y el presidente municipal de Juárez sabrán desenredar la madeja que la avaricia y la codicia han enredado en torno al Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.
Este bello inmueble deportivo, como los otros destinados a los diversos deportes, no podía seguir en manos de quienes no aman de corazón la charrería, ni utilizarse para otras actividades especulativas y fomentadoras de vicios perniciosos, sino para alcanzar los altos fines para los cuales fue concebido, construido y puesto a disposición de los mexicanos fronterizos.
Para ello, nuestros mandatarios municipales, estatales y nacionales requieren de la comprensión y el apoyo de todos y cada uno de nosotros los ciudadanos y ciudadanas que tenemos conciencia del significado y la responsabilidad de fortalecer el sentido de pertenencia, tonificar la mexicanidad y, sobre todo, combatir la desnacionalización.
LLEGO EL TURNO
DE SAMALAYUCA
El domingo pasado el presidente municipal de Juárez y su equipo de trabajo realizaron una visita a Samalayuca la “reina de los médanos”. Tuvo singular significado porque es la primera vez que un alcalde del municipio, no solamente “presidente municipal de Cd. Juárez”, visita Samalayuca, y esperamos que la siga visitando, así como Zaragoza, Jerónimo y demás conglomerados integrantes del gran municipio.
¿Qué impide a los ejidatarios y hombres de empresa del ramo turístico hacer del desierto de Samalayuca una gran ciudad de casinos, hoteles, restaurantes y centros de diversión a la última moda, donde se concentre la flor y nata de los turistas de todas partes del mundo?
Es tiempo de que el sector público, centralizado en el Distrito Federal, se ocupe de nuestra extensa franja fronteriza y nos compense por los largos lustros de indiferencia y olvido. El municipio de Juárez y su cabecera municipal continúan en el más franciscano de los abandonos por el gobierno federal y por los organismos y la burocracia que se justifican con una maltrecha oficinita o delegación de turismo federal que nada o muy poco hace
La deuda que en materia turística tiene el gobierno federal con Juárez y la franja fronteriza, bien podría saldarla con un gran desarrollo para aprovechar los extensos y atractivos arenales de Samalayuca y Ejidos aledaños. Todo es cuestión de promover a las grandes corporaciones inversionistas en la industria del turismo y sus atractivos.
La idea de convertir a Samalayuca en una ciudad de atractivo turístico, es esencialmente un proyecto generador de riqueza y, sobre todo, de fuentes de trabajo para miles de jefes de familia. Samalayuca pues, podría convertirse en un rico filón turístico.
AÑORANZAS DE
SEMANA SANTA
Antaño, los días cuaresmales de la Semana Mayor eran propios para el recogimiento espiritual y la reflexión, y en algunos casos, ocasión para visitar el terruño, el pueblo o el rancho donde el olor a pan, la nostalgia, el afecto familiar y la sonrisa de los coterráneos nos recordaban los bellos tiempos de la irrepetible y lejana juventud. Hoy, la delincuencia desenfrenada y la impunidad nos cambiaron las cosas y alteraron las costumbres.
Recorrer la Ciudad aprovechando la quietud de estos días de guardar, era en alguna forma vivirla y disfrutarla. Advertir de su inusitado crecimiento, de sus calles tranquilas y seguras, sus barrios y sus colonias, no obstante sus carencias y sus añejos y múltiples rezagos urbanísticos. Hoy, además de todas esas dificultades, se agrega el cáncer social de la delincuencia, por fortuna en retirada.
Pero ante el riesgo de ser considerados como herejes al ocuparnos de problemas mundanos en tiempos cuaresmales, lo conveniente pues, será conducirnos con la beatitud propia de estos “días de guardar” y acudir a confesar nuestros múltiples e imperdonables pecados y a recibir la comunión, como lo hacíamos antaño, en la Iglesia del inolvidable y risueño San Pablo Meoqui.
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Luis Ochoa
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LUIS OCHOA MINJARES
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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