Conecta con nosotros

Opinión

Chihuahua: Otra elección épica. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

En Chihuahua, la gente es brava. Se han enfrentado a decenas de problemas climáticos, de seguridad, salud y de gobernantes infinitamente corruptos como César Duarte. En la capital del Estado más grande de la República, se han librado batallas políticas épicas. Ahí, la oposición del PRI ganó la primera alcaldía con el PAN, a través de la candidatura de Luis H. Álvarez, en 1983.

En la tierra grande, Francisco Barrio se erigió como un líder nacional luego de ganar una gubernatura para el PAN en 1992. En esas tierras revolucionarias, donde alguna vez el mismo Benito Juárez instauró la República en 1865. Allá, en un pequeño poblado llamado Batopilas, nació el fundador del panismo: Manuel Gómez Morin.

Se creería que con tanta historia azul, Chihuahua sería una tierra donde el panismo tendría su epicentro nacional, pero no ha sido así.

Chihuahua siempre ha sido un experimento nacional en el aspecto demócrata, específicamente la capital.

En los últimos 38 años los chihuahuenses han cruzado el voto de manera impresionante. Incluso, cuando Pancho Barrio terminó su periodo, dejó el gobierno en manos de Patricio Martínez del PRI, partido que estuvo en el poder, hasta que Javier Corral arrebataría el poder para regresárselo al panismo en el 2016.

En aquel noble estado, la alternancia ha sido una constante, es notorio que el voto tiene una carga de reflexión por aquellos norteños electores.

Este 2021 no será la excepción.

Maru contra todo

La elección para la gubernatura está en un cerradísimo empate entre la panista María Eugenia Campos y el morenista Juan Carlos Loera. Y, a pesar del incierto resultado, todo parece indicar que muchos de los votantes siguen indecisos.

Aunque en distintas encuestas, la panista Maru Campos aparece en primer lugar, varios fantasmas la asechan.

Por ejemplo, en Chihuahua capital, Maru Campos arrasa en las encuestas, sin embargo, el candidato panista a la alcaldía Marco Bonilla parece estar en serios problemas, pues la campaña del exalcalde Marco Quezada lo tiene en las cuerdas, sobre todo luego de que Quezada evidentemente ganara el primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral.

HAZ CLICK PARA SEGUIR LEYENDO

Haz click para acceder

 

Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto