La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las pensiones elevadas que reciben exfuncionarios de altos mandos de confianza en diversas entidades paraestatales.

El proyecto, denominado “Pensiones sin Privilegios”, busca modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que las pensiones no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo en los casos previstos en las condiciones generales de trabajo.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que la reforma no tendrá efectos retroactivos y que las pensiones ya otorgadas no podrán ser modificadas. Sin embargo, subrayó que, a partir de su entrada en vigor, no se permitirá seguir pagando montos elevados a exfuncionarios en un gobierno que busca eliminar privilegios.

Sheinbaum señaló que existen casos en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde exdirectivos y altos mandos, con uno o dos años de servicio, reciben pensiones mensuales de hasta 300 mil pesos durante más de una década. De acuerdo con sus declaraciones, estos pagos pueden representar más de tres millones de pesos anuales con recursos públicos.

Como ejemplo, reveló que una persona que ocupó un cargo directivo en Luz y Fuerza del Centro recibe actualmente una pensión cercana a un millón de pesos mensuales, lo que equivale a alrededor de 12 millones de pesos al año, sin precisar nombres.

La presidenta aclaró que la iniciativa no afectará a los trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con contratos colectivos en empresas como Petróleos Mexicanos o la CFE, ya que sus pensiones derivan de acuerdos históricos en los que el gobierno no puede intervenir.

La propuesta contempla a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo. El Ejecutivo Federal prevé que la iniciativa sea analizada por el Congreso en el próximo periodo legislativo.