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Chihuahua

Chihuahua uno de los Estados que no reúne el total de la ley antisecuestro

Los gobiernos de las entidades no han cumplido con la certificación total de su personal antisecuestro, delito de alto impacto cuya incidencia principal se concentra en Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, afirmó Marisela Morales Ibáñez, procuradora General de la República.

En la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que de un estado de fuerza actual de mil 311 elementos en dichas unidades, mil 129 han sido evaluados, es decir, 86 por ciento; 186 resultaron no aptos.

“Los avances son significativos; sin embargo, todavía no hemos alcanzado el objetivo que nos planteamos, de tener 100 por ciento de los elementos evaluados”, agregó.

Expuso que Durango, Yucatán, Estado de México, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Zacatecas, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz y Nayarit tienen un avance menor a 60 por ciento; otras 12 entidades llevan 60 por ciento y sólo ocho superan 70 por ciento.

Informó que de 2008 a 2011 siete entidades reportaron el mayor índice de secuestro; ahí ocurrieron entre 91 y 180 casos por año.

Morales Ibáñez indicó que se deben redoblar esfuerzos para que las instituciones federales y los estados concluyan lo más pronto posible los procesos de evaluación y depuración en términos de ley.

“Hemos avanzado”

Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, afirmó que el país está “muchísimo más adelantado” en reformas y modelos de seguridad que antes, pero dijo que hay un rezago en el combate a la impunidad y en alinear las políticas gubernamentales con los intereses ciudadanos.

Durante su participación en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo en 2008, cuando lanzó la frase “si no pueden renuncien”, no había esquemas policiales y de combate al secuestro bien definidos.

“Entonces exigíamos muchas cosas; hoy tenemos muchas cosas qué hacer, hay una gran diferencia de hace cuatro años: tenemos modelos de reforma, modelos policiales, modelos de oficinas antisecuestro, muchas implementaciones que ya las podemos tomar como actos de buena práctica y replicados a en los estados.

“Estamos muchísimo más adelantos que hace cuatro años y medio, no cabe la menor duda, y lo quiero confesar. Sin embargo, nuestra desesperación es que nos faltan quizá cuatro años para terminar con esto”, comentó.

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Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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