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Chile: Dos muertos en marcha de estudiantes

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Un joven recibió un disparo en el cuello en el centro del puerto de Valparaíso (119 kilómetros de Santiago) cuando pintaba paredes en medio de una batahola entre encapuchados y policías. Otro también fue alcanzado por un balazo.

Las víctimas, según informó la prensa chilena, eran grafiteros que se encontraban escribiendo en las paredes de un edificio. También se informó que el autor de los disparos, un joven de 22 años se encuentra detenido.

Fuentes de seguridad dijeron que las balas letales “no partieron de armas de los carabineros”. Los fallecidos fueron identificados como Exequiel Borbarán y Diego Guzmán.

La versión de Carabineros, entregada por el general Julio Pineda, es que el sujeto que ahora se encuentra detenido, es el hijo del propietario del departamento ubicado en el primer piso del edificio que los grafiteros estaban manchando con sus pinturas, informó la prensa chilena.

“El conserje salió, hubo una riña, salió el hijo del dueño del inmueble y después de amenazar a todo el mundo diciendo que si no se terminaba todo iba a disparar, volvió con el arma y realizó los dos disparos”, dijo. “Pese a los intentos que hizo la Asistencia Pública no se pudo salvar la vida” de los heridos, indicó Pineda.

La Brigada de Homicidios tomó el procedimiento, por lo que ahora se toma la declaración del joven detenido y la verificación del calibre del arma y la cantidad de disparos.

Portavoces médicos dijeron que Borbarán, quien fue trasladado por Carabineros hasta un centro asistencial cercano “falleció a los 30 minutos de haber empezado una cirugía de asistencia” yque “llegó con profusa hemorragia”. En cuanto a Guzmán dijeron que fue trasladado por el servicio local de asistencia y que “ingresó con herida en el tórax” y también falleció tras ser trasladado a pabellón.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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