La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el jueves la gratuidad para 60% de los estudiantes más pobres de la educación superior a partir de 2016, como parte de una reforma educativa opacada por la crisis que vive su gobierno.

En el marco de su segunda comparecencia pública ante el Congreso, en Valparaíso, la mandataria socialista realizó un anuncio que mantenía en vilo a miles de estudiantes, que durante años han exigido educación pública, gratuita y de calidad.

En Chile, y tras las reformas privatizadoras emprendidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) no existe la posibilidad de estudiar gratis a nivel universitario.

Bachelet, que habló por casi dos horas ante unos 1,000 asistentes en el Congreso, explicó que la medida beneficiará a unos 260,000 de los estudiantes más pobres del país.

«Esta medida es coherente con lo que hemos propuesto, y vamos a seguir avanzado decididamente hacia la gratuidad universal», afirmó la mandataria.

Bachelet agregó que hacia el fin de su presidencia, en el 2018, 70% del grupo más vulnerable de estudiantes gozará de gratuidad en la educación, para llegar a 100% de la matrícula en el 2020.

La medida se concretará mediante una ley de «gratuidad y financiamiento de la educación superior» que Bachelet planea enviar en el segundo semestre al Congreso, sobre la cual no dio detalles.

A la misma hora en que Bachelet hablaba en el Congreso, que tiene su sede en el puerto de Valparaíso (a 120 km al oeste de Santiago) miles de estudiantes protestaban en las afueras del parlamento, para exigir más participación en la reforma educativa.

Esta reforma es uno de los proyectos más ambiciosos que lleva adelante Bachelet, cuya promesa de implementación le valió un segundo mandato presidencial, a partir de marzo de 2014.

El proyecto ya logró la aprobación de una ley que pone fin a la selección de estudiantes en colegios públicos y de la obtención de ganancias en estas instituciones. Recientemente, envió al Congreso una iniciativa que aumenta 28% las remuneraciones de los profesores que se acojan a un nuevo plan docente.

Pero en los últimos meses Bachelet se vio forzaba a bajar el ritmo de sus reformas tras el estallido de una serie de casos de supuesta corrupción política, uno de los cuales tiene a su propio hijo como protagonista, arrastrando la popularidad de la mandataria a un mínimo de 29 por ciento.

Sebastián Dávalos, hijo mayor de la mandataria, de 36 años, es investigado por la justicia tras concretar un millonario negocio de especulación inmobiliaria, mientras que varios grandes grupos económicos del país están acusados de fraude tributario tras el financiamiento ilegal de la actividad política, por medio de boletas por servicios no prestados.

Nueva Constitución

En su discurso, Bachelet reafirmó su compromiso de iniciar en septiembre un proceso para redactar una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Pinochet.

«El proceso constituyente debe ocurrir en contexto de acuerdo político amplio, con una participación ciudadana realmente incidente», dijo Bachelet, sin dar mayores luces acerca de cómo se llevará a cabo el proceso.

La mandataria tampoco mencionó la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, una medida que no está consagrada en la Constitución chilena.

La actual Constitución chilena fue refrendada en un cuestionado plebiscito convocado por la dictadura en 1980. En 25 años de democracia, se le han hecho algunas modificaciones, para darle un tinte más democrático.

Entre otros anuncios, Bachelet mencionó la creación de los ministerios de Ciencia y Tecnología y uno de Pueblos Originarios, comprometiéndose a implementar a partir del 2017 el voto de los chilenos en el extranjero, prohibido por la dictadura de Pinochet.

Fuente: El Economista