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México

Chocan comunitarios; se llevan a 50 agentes

Chilpancingo.— Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) se enfrentaron a balazos con elementos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo (FUSDEG), en la comunidad San Juan del Reparo, del municipio Juan R. Escudero; el primer grupo se llevó a 50 elementos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, cuando elementos de la UPOEG llegaron a San Juan del Reparo para detener a policías comunitarios del FUSDEG.

Los ánimos se calentaron entre ellos y se desató una balacera. Los policías de la UPOEG, que superaban en número, se llevaron finalmente a los comunitarios.

Antes del mediodía, a través de altavoces y el repique de las campanas de la iglesia, los pobladores fueron convocados por el comisario Arquímides Vargas a una reunión en la comisaria municipal.

Se organizaron y aproximadamente a las 13:30 horas se colocaron sobre los dos sentidos de la carretera federal a la altura de su comunidad para exigir la liberación de sus compañeros.

El comisario explicó que además fueron desarmados al menos 50 elementos, que fueron llevados a la comunidad de Chacalapa.

Luego de dos horas de bloqueo, un grupo de policías federales y ministeriales asistió al lugar para dialogar con los inconformes para que liberaran la vía, además para resguardar la zona de posibles enfrentamientos.

Los habitantes rechazaron la petición de desalojar la vía y demandaron la liberación de 50 civiles, que afirman que la UPOEG mantiene retenidos en la cancha de San Juan del Reparo, después de que ese grupo irrumpió por la mañana y detuvo al comisario Tomás Santiago y a unas 10 personas más, y se los llevó al poblado de Cachalapa, San Marcos.

Anoche, más de 100 habitantes de San Juan del Reparo permanecían bloqueando la vía federal en la entrada principal de Petaquillas.

La gente advirtió que no permitiría que desarmen a sus policías, porque ellos les han brindado seguridad en todo este tiempo.

El pasado 30 de marzo un enfrentamiento a balazos entre estos grupos antagónicos dejó muertos y lesionados en San Juan del Reparo.

Los comunitarios reportaron cuatro fallecidos y al menos cinco heridos, mientras que Protección Civil del Estado identificó a un muerto y siete lesionados.

En aquella ocasión, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, explicó que el enfrentamiento ocurrió cuando sus compañeros se encontraban en el pueblo realizando un homenaje al comandante Guadalupe Quiñones por el segundo aniversario de su fallecimiento. Plácido aseguró que las cuatro personas fallecidas pertenecen a su agrupación.

Sin embargo, Crescenciano Ramírez López, líder de la FUSDEG, explicó que fueron los de la UPOEG los que emboscaron a sus compañeros cuando en la comunidad realizaban una asamblea donde un grupo de comunitarios de Plácido Valerio se pasaría a las filas de su organización.

La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por dicho enfrentamiento armado.

Fuente: El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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