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CIDH presenta avances sobre caso Ayotzinapa

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Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignados para el caso Ayotzinapa, presentaron este lunes el tercer informe que sugiere una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso.

El grupo interdisciplinario de expertos expresó su preocupación por la fragmentación y detalló en conferencia de prensa que las autoridades cuentan con 13 causas penales, en seis juzgados distintos.

«Hay un grupo numeroso de detenidos que nos dijo que había sufrido malos tratos y tortura. Nosotros contrastaremos las versiones», detalló el experto, Carlos Beristain.

El especialista del grupo, precisó que la dispersión de la investigación le resta eficacia y dificulta el adecuado acercamiento al proceso de los implicados y agregó que sigue a la espera de la entrevista con los soldados del 27 batallón, en Iguala, con el objetivo de contrastar los datos y tener su visión de los hechos.

«Sobre señalamientos de tortura de detenidos, hemos recogido la información y lo contrastaremos con informes médicos. Nos han asegurado que el proceso de búsqueda sigue y hay voluntad de la policía federal», detalló el experto.

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Beristain afirmó que continúa la recomendación a las autoridades para clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada y no como secuestro y que se deben investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes. «La búsqueda de desaparecidos debe ser lo principal y hay que dar respuesta coordinada», aseveró.

Claudia Paz aclaró que durante su permanecía en México y sobre las labores de investigación que buscan dar claridad al caso de la desaparición y presunta ejecución de los 43 estudiantes normalistas, hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no han recibido ningún tipo de amenaza.

«Pedimos que acumulen causas para que un juez pueda conocer la integralidad de los hechos», agregó Paz.

Añadieron que entre los últimos avances destaca la apertura de un canal de comunicación entre familiares de los normalistas y autoridades al reconocer que la relación entre las familias y la Procuraduría General de la República (PGR) era nula.

Los expertos informaron que en su última semana de actividades, a finales de mayo, se reunirán con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Fuente: El Economista

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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