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México

CIDH presenta avances sobre caso Ayotzinapa

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignados para el caso Ayotzinapa, presentaron este lunes el tercer informe que sugiere una docena de quejas de los procesos por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso.

El grupo interdisciplinario de expertos expresó su preocupación por la fragmentación y detalló en conferencia de prensa que las autoridades cuentan con 13 causas penales, en seis juzgados distintos.

«Hay un grupo numeroso de detenidos que nos dijo que había sufrido malos tratos y tortura. Nosotros contrastaremos las versiones», detalló el experto, Carlos Beristain.

El especialista del grupo, precisó que la dispersión de la investigación le resta eficacia y dificulta el adecuado acercamiento al proceso de los implicados y agregó que sigue a la espera de la entrevista con los soldados del 27 batallón, en Iguala, con el objetivo de contrastar los datos y tener su visión de los hechos.

«Sobre señalamientos de tortura de detenidos, hemos recogido la información y lo contrastaremos con informes médicos. Nos han asegurado que el proceso de búsqueda sigue y hay voluntad de la policía federal», detalló el experto.

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Beristain afirmó que continúa la recomendación a las autoridades para clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada y no como secuestro y que se deben investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes. «La búsqueda de desaparecidos debe ser lo principal y hay que dar respuesta coordinada», aseveró.

Claudia Paz aclaró que durante su permanecía en México y sobre las labores de investigación que buscan dar claridad al caso de la desaparición y presunta ejecución de los 43 estudiantes normalistas, hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no han recibido ningún tipo de amenaza.

«Pedimos que acumulen causas para que un juez pueda conocer la integralidad de los hechos», agregó Paz.

Añadieron que entre los últimos avances destaca la apertura de un canal de comunicación entre familiares de los normalistas y autoridades al reconocer que la relación entre las familias y la Procuraduría General de la República (PGR) era nula.

Los expertos informaron que en su última semana de actividades, a finales de mayo, se reunirán con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex Alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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