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Cien años después de 1917 por Victor Orozco

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Hace un siglo, cuando se promulgó la Constitución, concluía un largo ciclo de guerras civiles iniciado en noviembre de 1910. Ardían todavía varios rescoldos de los enfrentamientos armados. Mientras tanto, las tropas norteamericanas que habían invadido el estado de Chihuahua cruzaron la frontera de regreso, dos meses antes de que su gobierno entrara en la Gran Guerra. El país se encaminaba trabajosamente hacia una etapa de paz, en uno de los peores escenarios conocidos. Las fuerzas productivas se encontraban agotadas o destruidas y la población diezmada por las bajas entre muertos e inválidos o emigrados. Para colmo de los males, ese año se inició la epidemia de gripe y no hubo cosechas. Fueron años de hambre.

El comienzo, que todos tenían fresco en la memoria, había sido «la cuestión política» o de la democracia. Un buen sector de la gente, el más activo o rebelde, se hartó de los treinta años con el mismo gobernante, de la ausencia de elecciones, la imposición de autoridades en todos los niveles, la pantomima de la división de poderes, también de los privilegios legales y extralegales para los ricos y las persecuciones a los disidentes.  Estas violaciones a lo postulado en la Constitución de 1857, se fueron acumulando y constituyeron un nido de agravios que finalmente provocaron una gran explosión social. Igual a lo sucedido en 1810 y en 1855-61, en el curso de la revolución se fueron decantando las demandas de cambio y agregándose al catálogo inicial muchas otras, cada vez de mayor contenido social.

La idea de una nueva constitución tomó cuerpo hasta después del triunfo contra la dictadura de Victoriano Huerta y eso en el bando dirigido por Venustiano Carranza. Cuando éste se impuso a los convencionistas en 1915, se abrió paso el proyecto del nuevo código político en el cual se incluyeron las aspiraciones mas generalizadas de los revolucionarios. Sobre todo el reparto agrario y los derechos obreros.

Las constituciones han sido, en términos generales, redactadas por los dirigentes de los grupos protagonistas de las revoluciones. Éstas no son actos provenientes de las urnas, son hechos de violencia, aunque entre sus motivaciones se encuentren ideales democráticos. El código político de 1917 fue el resultado de un debate entre militares revolucionarios y algunos civiles que apoyaban al movimiento armado. Su legitimación proviene, sin más, de la propia revolución triunfante. Y, con el tiempo, de su aceptación gradual por la mayoría de la población.

Reformada en incontables ocasiones, ha permanecido vigente por cien años, un récord en la historia nacional. Desde el México independiente, la legislación del primer imperio fue como éste fugaz, la constitución federal de 1824 duró doce años, la centralista de 1836 estuvo en vigor siete, la de igual corte llamada Bases Orgánicas cinco, luego se sucedieron el Acta de Reformas, la propia constitución de 1824 y los decretos expedidos por la última dictadura santanista. Al último la revolución de Ayutla produjo la gran Constitución Federal de 1857, que duró sesenta años.

Muchas de las reformas sufridas por la ley fundamental de 1917, han tenido la virtud de ir adecuándola a nuevas instituciones y perspectivas universales. Otras han obedecido a la coyuntura política y a los intereses inmediatos de las cúpulas al mando del Estado. Buena parte de sus preceptos, más que una norma jurídica, se parecen a un programa o un proyecto de nación. No regulan conductas de las autoridades o de los ciudadanos, sino contienen anhelos y deseos compartidos por el grueso de los mexicanos, de allí que ningún movimiento popular la haya combatido o dejado de usar como bandera. Con todo eso, ha sido el marco institucional de nuestro devenir en esta última centuria.

¿Lo puede seguir siendo?. En sus postulados centrales sí. La definición del estado mexicano como una república laica, representativa, federal, es uno de ellos. La enunciación de los derechos humanos, de los medios para protegerlos y para ajustar los actos de las autoridades a la ley, entre ellos el juicio de amparo, son también determinaciones esenciales, que estarán en el horizonte jurídico-político mexicano por un sinnúmero de generaciones.

En 1917, uno de los debates cruciales era el del patrimonio nacional, que había sido entregado a los capitalistas extranjeros, según lo consideraban los diputados constituyentes. De allí su empeño en incluir  una cantidad de limitaciones y prohibiciones a la propiedad privada, para garantizar el dominio de la nación sobre sus recursos naturales. Cien años más tarde, seguimos en el debate. Van varios rounds que perdemos quienes estamos en contra de meter esos recursos en el mercado, a disposición de las empresas trasnacionales. La última batalla ganada por los privatizadores fue la reforma de 2013, que revirtió una de las determinaciones claves de la Carta Magna. En presencia de la política de agresión iniciada  por el gobierno norteamericano, aún antes de la asunción de Trump, el asunto vuelve a replantearse de manera parecida a 1917: ¿Con qué instrumentos jurídicos, políticos y de otra índole cuenta la nación para hacer frente al imperio?. Si perdemos el control del petróleo, la energía eléctrica, en general de los recursos energéticos, ¿No implica ello una condición de extrema vulnerabilidad en un pleito con dimensiones económicas, raciales, culturales y si se agudiza, incluso militares?.

La constitución ahora centenaria, tuvo desde su redacción, un énfasis nacionalista, según algunos críticos exagerado. Este impulso fue difuminándose y los políticos dirigentes se apoltronaron, cayeron en las delicias del enriquecimiento fácil producto de la corrupción al tiempo que se entregaban alegremente a los tecnócratas. Éstos, fueron los profetas de la buena nueva proclamada por el mercado mundial y la globalización: estábamos ante el fin de la historia, el único camino hacia el futuro. No se dieron cuenta que Estados Unidos, el socio principal y por momentos casi único, se cuidaba muy bien de no poner en la mesa todas sus cartas, mientras los ingenuos mexicanos sí lo hacían. Hay un chiste, no de mi agrado por sus tufo antifeminista, pero bastante ilustrativo: Un amigo le cuenta a otro que a su mujer no le gustó finalmente la fiesta de intercambio de parejas. Y el otro le contesta: ¿Pero cómo, tú sí llevaste a tu esposa?. Somos el tonto del cuento, en la fiesta de la globalización. Quizá, hoy muchos estén pensando que los constituyentes de 1917 tenían razón, después de todo.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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