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Opinión

Cigarros y videojuegos: los nuevos villanos fiscales. Por Caleb Ordóñez T.

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La noche del 16 de octubre en San Lázaro se convirtió en un momento histórico para la política fiscal mexicana. Con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que tocará fibras sensibles: refrescos, cigarros, apuestas digitales y, por primera vez, los videojuegos violentos. No es cualquier cosa. Hablamos de productos que forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos y que ahora costarán más caro.

El incremento es significativo. El litro de refresco pasará de pagar 1.65 a 3.08 pesos de impuesto, un ajuste que representa un salto cercano al 87%. Las bebidas con edulcorantes, que hasta ahora habían esquivado este gravamen, también entran en la lista con una cuota de 1.5 pesos por litro. El tabaco verá crecer su carga con una cuota de 0.85 pesos por cigarro, que alcanzará 1.15 pesos en 2030, mientras que la tasa ad valorem se elevará a 200%. El golpe más duro será para las apuestas en línea, que saltarán de un 30% a un 50%, y para los videojuegos clasificados para adultos, que enfrentarán un inédito 8% de IEPS.

¿Por qué tanto ruido? Porque la medida toca tanto a la salud pública como al bolsillo de los ciudadanos. En México se consumen más de 160 litros de refresco por persona al año y tres de cada cuatro adultos viven con sobrepeso u obesidad. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son ya la segunda causa de muerte y le cuestan miles de millones al sistema de salud. Elevar el precio de los productos que más daño causan parece, en principio, una apuesta sensata. No es casual que la Organización Mundial de la Salud recomiende esta estrategia como la más efectiva para reducir el consumo de tabaco.

Los críticos no tardaron en alzar la voz. Desde la oposición se acusó al oficialismo de “asfixiar” a las familias mexicanas con un impuesto regresivo, que castiga más a los que menos tienen. Y de cierta forma es cierto: en términos proporcionales, un aumento en el precio de un refresco afecta más a un hogar de bajos ingresos que a uno de clase media. También se advierte del peligro del contrabando, particularmente en el caso de los cigarros, donde el mercado negro ya es una realidad palpable. En el terreno digital, la discusión es aún más espinosa: ¿cómo gravar videojuegos violentos sin caer en definiciones ambiguas o en censura disfrazada?

Un golpe a la mesa necesario.

Sin embargo, más allá de estas críticas, lo cierto es que México enfrenta una emergencia de salud pública que no admite dilaciones. La obesidad, el tabaquismo y las adicciones digitales no son solo problemas individuales, sino cargas colectivas que se traducen en más enfermedades, más muertes prematuras y mayores gastos hospitalarios. La medida no resolverá por sí sola este panorama, pero puede ser un paso inicial. Y lo que parece más importante: abre un margen fiscal significativo. Hacienda calcula que los nuevos gravámenes generarán miles de millones de pesos adicionales cada año, dinero que, si se administra con responsabilidad, podría destinarse a programas de prevención, campañas educativas y atención médica.

Las industrias afectadas reaccionaron con discursos previsibles. Las refresqueras prometen reducir el azúcar en sus bebidas, pero se quejan de que se les grave igual a las versiones sin azúcar. Las tabacaleras anticipan que el contrabando crecerá. Las plataformas de videojuegos argumentan que se criminaliza un sector cultural que genera empleos. Todas esas voces tienen algo de razón, pero también defienden intereses económicos que llevan décadas imponiéndose sobre la salud pública.

Quienes se oponen suelen olvidar que el impuesto no elimina la libertad de consumir, solo la encarece. El ciudadano seguirá decidiendo si compra un refresco, un paquete de cigarros o una tarjeta para apostar en línea. Lo que cambia es que ahora lo hará sabiendo que esos productos no solo cuestan en la tienda, también generan un costo social que se refleja en hospitales saturados y presupuestos públicos agotados. Internalizar ese costo mediante un impuesto puede parecer impopular, pero es, en realidad, un acto de responsabilidad colectiva.

La pregunta de fondo es si el dinero recaudado irá realmente a donde se promete. La historia mexicana no ayuda: en el pasado, lo recaudado por el IEPS se diluyó en el gasto corriente, sin un destino claro hacia la salud. Esta vez la exigencia ciudadana debería ser firme: que cada peso se traduzca en medicamentos, hospitales, campañas de nutrición, programas contra la diabetes y medidas de salud digital. De lo contrario, la reforma corre el riesgo de ser vista como un parche fiscal más.

La decisión de los diputados puede incomodar a muchos, pero también puede ser el inicio de un cambio cultural profundo. Un país que consume menos azúcar, menos tabaco y que regula con mayor seriedad el entretenimiento digital no es un país más pobre, sino un país más consciente de su futuro. El desafío será vigilar que lo prometido se cumpla. Porque si el nuevo IEPS logra salvar vidas además de recaudar dinero, entonces el costo de un refresco o de un videojuego caro habrá valido la pena.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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