Opinión

Cigarros y videojuegos: los nuevos villanos fiscales. Por Caleb Ordóñez T.

La noche del 16 de octubre en San Lázaro se convirtió en un momento histórico para la política fiscal mexicana. Con 351 votos a favor, 129 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que tocará fibras sensibles: refrescos, cigarros, apuestas digitales y, por primera vez, los videojuegos violentos. No es cualquier cosa. Hablamos de productos que forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos y que ahora costarán más caro.

El incremento es significativo. El litro de refresco pasará de pagar 1.65 a 3.08 pesos de impuesto, un ajuste que representa un salto cercano al 87%. Las bebidas con edulcorantes, que hasta ahora habían esquivado este gravamen, también entran en la lista con una cuota de 1.5 pesos por litro. El tabaco verá crecer su carga con una cuota de 0.85 pesos por cigarro, que alcanzará 1.15 pesos en 2030, mientras que la tasa ad valorem se elevará a 200%. El golpe más duro será para las apuestas en línea, que saltarán de un 30% a un 50%, y para los videojuegos clasificados para adultos, que enfrentarán un inédito 8% de IEPS.

¿Por qué tanto ruido? Porque la medida toca tanto a la salud pública como al bolsillo de los ciudadanos. En México se consumen más de 160 litros de refresco por persona al año y tres de cada cuatro adultos viven con sobrepeso u obesidad. La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son ya la segunda causa de muerte y le cuestan miles de millones al sistema de salud. Elevar el precio de los productos que más daño causan parece, en principio, una apuesta sensata. No es casual que la Organización Mundial de la Salud recomiende esta estrategia como la más efectiva para reducir el consumo de tabaco.

Los críticos no tardaron en alzar la voz. Desde la oposición se acusó al oficialismo de “asfixiar” a las familias mexicanas con un impuesto regresivo, que castiga más a los que menos tienen. Y de cierta forma es cierto: en términos proporcionales, un aumento en el precio de un refresco afecta más a un hogar de bajos ingresos que a uno de clase media. También se advierte del peligro del contrabando, particularmente en el caso de los cigarros, donde el mercado negro ya es una realidad palpable. En el terreno digital, la discusión es aún más espinosa: ¿cómo gravar videojuegos violentos sin caer en definiciones ambiguas o en censura disfrazada?

Un golpe a la mesa necesario.

Sin embargo, más allá de estas críticas, lo cierto es que México enfrenta una emergencia de salud pública que no admite dilaciones. La obesidad, el tabaquismo y las adicciones digitales no son solo problemas individuales, sino cargas colectivas que se traducen en más enfermedades, más muertes prematuras y mayores gastos hospitalarios. La medida no resolverá por sí sola este panorama, pero puede ser un paso inicial. Y lo que parece más importante: abre un margen fiscal significativo. Hacienda calcula que los nuevos gravámenes generarán miles de millones de pesos adicionales cada año, dinero que, si se administra con responsabilidad, podría destinarse a programas de prevención, campañas educativas y atención médica.

Las industrias afectadas reaccionaron con discursos previsibles. Las refresqueras prometen reducir el azúcar en sus bebidas, pero se quejan de que se les grave igual a las versiones sin azúcar. Las tabacaleras anticipan que el contrabando crecerá. Las plataformas de videojuegos argumentan que se criminaliza un sector cultural que genera empleos. Todas esas voces tienen algo de razón, pero también defienden intereses económicos que llevan décadas imponiéndose sobre la salud pública.

Quienes se oponen suelen olvidar que el impuesto no elimina la libertad de consumir, solo la encarece. El ciudadano seguirá decidiendo si compra un refresco, un paquete de cigarros o una tarjeta para apostar en línea. Lo que cambia es que ahora lo hará sabiendo que esos productos no solo cuestan en la tienda, también generan un costo social que se refleja en hospitales saturados y presupuestos públicos agotados. Internalizar ese costo mediante un impuesto puede parecer impopular, pero es, en realidad, un acto de responsabilidad colectiva.

La pregunta de fondo es si el dinero recaudado irá realmente a donde se promete. La historia mexicana no ayuda: en el pasado, lo recaudado por el IEPS se diluyó en el gasto corriente, sin un destino claro hacia la salud. Esta vez la exigencia ciudadana debería ser firme: que cada peso se traduzca en medicamentos, hospitales, campañas de nutrición, programas contra la diabetes y medidas de salud digital. De lo contrario, la reforma corre el riesgo de ser vista como un parche fiscal más.

La decisión de los diputados puede incomodar a muchos, pero también puede ser el inicio de un cambio cultural profundo. Un país que consume menos azúcar, menos tabaco y que regula con mayor seriedad el entretenimiento digital no es un país más pobre, sino un país más consciente de su futuro. El desafío será vigilar que lo prometido se cumpla. Porque si el nuevo IEPS logra salvar vidas además de recaudar dinero, entonces el costo de un refresco o de un videojuego caro habrá valido la pena.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?