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Círculo cercano a Calderón estaría en la mira por movimientos millonarios irregulares

Felipe Calderón Hinoja se encuentra en medio de diversos tipos de acusaciones, algunas relacionadas con el narcotráfico y otras con Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen en la mira al circulo cercano del ex presidente mexicano.

Los presuntos señalados son ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle, todos ellos conocidos como personas cercanas Calderón, de acuerdo con el periódico Milenio. La UIF identificó que su modus vivendi y movimientos bancarios no coincidían con sus ingresos.

El periódico mexicano detalló que detectaron movimientos irregulares en los denominados “senadores rebeldes”. En el caso de Gil Zuarth se identificaron movimientos de 31 millones de pesos en un solo día, lo que fue calificado de “inexplicable” por la UIF porque el funcionario no tiene ningún ingreso que supere esa cantidad o acredite la legalidad de ese tipo de movimientos.

Los movimientos irregulares de Javier Lozano son por 360 millones de pesos que no tienen explicación puesto que sus registros fiscales reportan ingresos como senador y asesor de una empresa.

Finalmente, Cordero se identifica como asesora de gobernadores de los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el proyecto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para incrementar la competitividad y el crecimiento de la región y su sueldo estaría formado de aportaciones voluntarias de todos esos estados.

El documento obtenido por la periodista Jannet López Ponce destaca que no se ha encontrado un vínculo en el sistema financiero de estos tres funcionarios con las investigación por el caso de corrupción de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a pesar de que son mencionados en su denuncia de hechos.

Por otro lado, el medio mexicano dio a conocer que la Unidad también investiga a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado de la República y a Guillermo Gutiérrez Badillo, ex secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, luego de que fuera dado a conocer un video en el que se les podía observar recibiendo fajos de dinero.

Otro video que se volvió recientemente controversial fue el del hermano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, habría recibido dinero para la campaña electoral de 2018 de un personaje que hoy es funcionario gubernamental, según vídeos divulgados este jueves por el sitio Latinus.

Los videos, con fecha del 2015, muestran al hermano del presidente al recibir en dos ocasiones paquetes que supuestamente contienen dinero de parte de David León, presunto representante del Gobierno de Chiapas y ahora funcionario.

Sin hablar específicamente de dinero, David León le dice al hermano del presidente en un vídeo del 26 de junio del 2015, que le lleva «uno».

El 31 de mayo, tres semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.

En ambas ocasiones, Pío López Obrador recoge los paquetes sin abrirlos.

León y el hermano del presidente conversan acerca del destino que tendrán los recursos, que Pío López Obrador dijo que serían para fortalecer al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones de 2018.

Pío López Obrador se desempeñó en ese tiempo como operador de la campaña electoral rumbo a la Presidencia del 2018, que fue ganada por Andrés Manuel López Obrador.

León ha sido en el Gobierno de López Obrador coordinador de Protección Civil y ahora ha sido designado como responsable de la entidad que regula la distribución de medicinas.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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