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México

Ciudad de México: a punto de ser la entidad 32

El Distrito Federal está a un paso de convertirse en el estado 32 de la República mexicana, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la reforma política de la capital del país, con lo que se da paso a una nueva composición de gobierno.

«Ciudad de México» será su nombre oficial tan pronto como el Senado y por lo menos 17 congresos estatales ratifiquen la reforma, la ciudad contará por primera vez con una Constitución propia y un Congreso, además de que sus delegaciones se transformarán en demarcaciones con un alcalde en el gobierno.

Por 329 votos a favor y 53 en contra, así como una abstención, la Cámara de Diputados también aprobó la reforma que crea la entidad federativa que mantendrá la sede de los Poderes de la Unión, la mayor transformación de autonomía desde la apertura de elecciones locales de 1997.

Estos son los principales cambios aprobados por el Congreso, los cuales deberán ser ratificados por la mayoría de los congresos locales y publicados por el presidente en los próximos meses.

Entidad, no estado

La Ciudad de México no tendrá la denominación de “estado”, sino que será una “entidad” más de la República Mexicana, según la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución.

La capital sigue siendo la “sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos”, y la única forma en que podría convertirse en estado es si los poderes federales se trasladan a otro lugar.

El gobernante seguirá siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Constitución

La Constitución federal en su artículo 122 detalla la nueva forma de gobierno de la capital, la cual por primera vez permite a la ciudad tener su propia Constitución.

Para su redacción, el Jefe de Gobierno se encargará de enviar la propuesta a un Congreso constituyente que será electo en un 60% por los ciudadanos en las elecciones del 5 de junio de 2016.

El Congreso constituyente

Habrá 100 diputados en una Asamblea Constituyente que se instalará el 15 de septiembre de 2016. La nueva Constitución de la Ciudad de México debe estar aprobada el 31 de enero de 2017.

Los habitantes de la capital podrán votar a 60 diputados por el principio de representación proporcional (plurinominales), pero también podrá haber candidatos independientes.

Catorce integrantes más serán senadores electos por su cámara, y otros 14 diputados por su contraparte. Otros seis diputados constituyentes serán nombrados por el presidente, y seis más por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Jefe de Gobierno

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México estará seis años en el cargo. Ya no podrá ser removido por acuerdo del Senado, como decía la Constitución hasta ahora.

La seguridad pública de la Ciudad de México recaerá en la responsabilidad del Jefe de Gobierno, por lo que podrá “nombrar y remover libremente” a los servidores públicos como el procurador y el secretario de Seguridad Pública.

Pero queda bajo derecho del presidente remover a los mandos cuando haya “causas graves”.

Impuestos y gasto

La reforma marca que corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer a su nuevo Congreso local «las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria».

El proyecto de presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.

Diputados del Congreso

Los diputados locales tendrán cargos de tres años, pero podrán ser reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos. Ahora el Congreso local podrá votar las reformas a la Constitución que haga el Congreso federal.

Podrán proponer leyes al Congreso federal, lo que hasta ahora no tenían facultado.

Las demarcaciones

Las 16 delegaciones políticas actuales se convertirán en demarcaciones territoriales a partir de las elecciones de 2018.

Estarán bajo la administración de un alcalde y un concejo, los cuales serán electos por votación universal por un periodo de tres años.

La reforma prevé que los concejos estén integrados con entre 10 y 15 miembros, en proporción al número de habitantes de la localidad.

Fuente CNN Expansion

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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