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Ciudad Juárez casi triplica la tasa de homicidio doloso entre octubre de 2016 y julio de 2021: Ficosec

Ante las declaraciones emitidas por el exgobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado en la rueda de prensa del día de ayer, descalificando a Ficosec por la información que dimos a conocer sobre el balance de su administración en materia de seguridad, nuestra organización aclara lo siguiente:

1. Se manifiesta un desconocimiento y la ausencia de un análisis a detalle de la evolución de la tasa de homicidios en Ciudad Juárez por parte del exgobernador. Los datos que publicamos comparan la tasa anual al mes de Octubre de 2016, fecha en que el Gobernador Javier Corral tomó protesta, contra la tasa anual al mes de Julio de 2021, que es el último dato oficial publicado para el gobierno de Corral.

2. Ficosec obtiene sus datos de la propia fuente gubernamental, por lo tanto no puede existir falsedad, como fue dicho por el exgobernador. Mes a mes, la Fiscalía General del Estado reporta los delitos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien cada día 20, publica los datos de todo el país. Los informes del SESNSP son públicos y abiertos al escrutinio de la ciudadanía. No contamos con otra fuente más que la oficial.

3. Sostenemos que de acuerdo a los datos oficiales del SESNSP, en Ciudad Juárez la tasa de homicidios durante la administración que ha concluido casi se triplicó. La tasa anual al mes de Octubre de 2016 fue de 30.1 homicidios por cada 100 mil habitantes; la tasa anual a julio de 2021 con datos reportados por la Fiscalía General del Estado al SESNSP es de 84.3homicidios por cada 100 mil habitantes. Casi el triple que cuando tomó protesta. No existe falsedad en nuestra información, dado que es procesada de fuentes del propio gobierno estatal.

4. Reiteramos, como dice nuestro comunicado, que «resulta relevante realizar un balance en materia de seguridad y procuración de justicia de la actual administración; no con el ánimo de señalar o golpear políticamente a ningún actor, sino para contar con elementos para el análisis de los resultados con el fin de no repetir las prácticas que no son efectivas y para reconocer y dar continuidad a las buenas prácticas. El análisis servirá de línea de base para la administración entrante.»

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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