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México

Claudia Sheinbaum con aprobación del 84% tras operativo Enjambre

El Gobierno de la República ha lanzado una nueva iniciativa en materia de seguridad para combatir la impunidad de actos delictivos en el país, denominada «Operativo Enjambre». Este plan, impulsado bajo las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó en el Estado de México, siendo una de las primeras entidades en implementarlo como parte de su estrategia para reducir la inseguridad.

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Desde el 22 de noviembre de 2024, las autoridades de seguridad anunciaron la detención de varios funcionarios por su presunta colaboración en actividades criminales en la región, como parte de las acciones del «Operativo Enjambre». Esta operación ha permitido la captura de redes criminales en diversos municipios del Estado de México, como Acambay, Aculco, Amanalco, Coatepec Harinas, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tejupilco, Texcaltitlán, Tlatlaya y Tonatico.

¿Qué es el ‘Operativo Enjambre’ en el Estado de México?
Bajo las órdenes del Gobierno del Estado de México, el «Operativo Enjambre» tiene como objetivo desmantelar las redes criminales que operan en la entidad y descubrir posibles vínculos con autoridades municipales corruptas. Las fuerzas de seguridad involucradas actúan de manera sigilosa en diversos puntos de los municipios mencionados, con el fin de ejecutar órdenes de aprehensión contra altos mandos policiales y políticos.

Este operativo se lleva a cabo con la participación coordinada de diversas dependencias, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). La coordinación de los tres niveles de gobierno fue clave para su ejecución el pasado 22 de noviembre.

Preparación y objetivos del operativo
El «Operativo Enjambre» se comenzó a planear hace siete meses, con la presidenta Claudia Sheinbaum ordenando que las investigaciones sobre las redes criminales se mantuvieran reservadas para no comprometer la información sensible. Según Sheinbaum, el 25 de noviembre de 2024, el operativo fue el resultado de una investigación que había sido solicitada a la Secretaría de Seguridad, y que permitió realizar las detenciones de criminales y funcionarios vinculados con el crimen organizado.

Evaluación del éxito del ‘Operativo Enjambre’
La implementación del operativo ha generado especulaciones sobre la efectividad de la administración de Sheinbaum, sobre todo en lo que respecta a la seguridad. Para evaluar su impacto, se realizó una encuesta por El Heraldo Media Group y Question Mark. De acuerdo con los resultados, el 51% de los ciudadanos no estaban al tanto de los arrestos relacionados con las redes criminales, mientras que el 49% manifestó estar informado sobre el tema.

Un 84% de los encuestados aprobó la implementación del operativo, considerándolo necesario para combatir los altos índices de criminalidad en los municipios mexiquenses. Solo el 5% opinó que no era la estrategia adecuada, mientras que un 9% indicó no saber o no contestó, y un 2% consideró que el operativo no tiene un impacto positivo ni negativo.

El «Operativo Enjambre» continuará su despliegue en las 125 localidades del Estado de México y, según los datos de la encuesta, un 92% de la población opinó que esta clase de operativos debería replicarse en otras entidades del país.

Percepción de la gestión de Claudia Sheinbaum
En relación con la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, encuestas recientes han mostrado que el 53% de los ciudadanos cree que el país está avanzando positivamente bajo su presidencia, mientras que un 25% considera que las cosas van en dirección equivocada. La mandataria ha obtenido una aprobación considerable, con un 69% de aceptación según una encuesta de El Financiero realizada en octubre-noviembre de 2024. Esto refleja que una mayoría de los ciudadanos apoya su desempeño en los primeros meses de su administración.

Sheinbaum ha señalado que este respaldo es el resultado del trabajo conjunto con el pueblo mexicano, y se ha comprometido a seguir desarrollando su agenda, manteniendo la continuidad de la Cuarta Transformación propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En sus intervenciones, ha asegurado que su gobierno seguirá los mismos principios de lucha contra la corrupción y de separación entre el poder económico y político.

La presidenta expresó su agradecimiento por el apoyo de la población, reafirmando su compromiso de trabajar «en cuerpo y alma» por el bienestar del pueblo de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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