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Opinión

Claudia Sheinbaum: un camino abierto al 2024. Por Caleb Ordóñez T.

El periodista Caleb Ordoñez señala que la jefa de gobierno ha recuperado puntos de popularidad y este miércoles 8 de diciembre es muy importante para ella, quiere saber ¿con quiénes cuenta?, ¿qué grupos la arroparán?


Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez Talavera

Apenas sonríe enfrente de la gente que le aplaude y la aclama. Con un semblante mayormente serio y cauto, Claudia Sheinbaum Pardo representa para muchos, la “consentida” del presidente López Obrador para sucederlo.

Claudia viene de un trasfondo izquierdista que dictaron sus padres, don Carlos Sheinbaum Yoselevitz –fundador del PRD– y Annie Pardo Cemo, quienes participaron activamente como estudiantes en el movimiento de 1968.

Sheinbaum se siente contenta cuando el presidente la menciona, muy seguido, en sus discursos y ruedas de prensa. Cómo olvidar esa porra que le obsequiara desde el micrófono el tabasqueño: “¡No estás sola!”, repitió en tres ocasiones: “Es maltratada por unos grandulones abusivos, ventajosos, pero no está sola. Tiene el apoyo del presidente de la República”. Sentenciaba López Obrador, aquel remoto 11 de junio del 2019. En “ese entonces”, cuando la tormenta del COVID no la vislumbraba ningún mexicano.

La jefa de gobierno sabe que tiene una oportunidad inmejorable para posicionarse como la favorita del morador de Palacio Nacional, rumbo al, no muy lejano, 2024.

Y es notorio, su perfil es el que más embona al régimen que busca imponer la 4T. No solo mantiene el cariño del presidente y su esposa, Beatriz Gutiérrez, sino de una maquinaria sólida que ya la pasea por distintas partes de la República, mostrándola como la “candidata natural” de Morena, el partido que ella ayudó a fundar y construir.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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