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México

CNDH exhibe negligencia en ISSSTE en Reynosa; emite recomendación

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al ISSSTE luego de que una adolescente de 16 años perdiera a su bebé de 40 semanas de gestación por la inadecuada atención médica que recibió en el Hospital «Dr. Baudelio Villanueva Martínez», en Reynosa, Tamaulipas.

La CNDH detalló en un comunicado que la joven acudió al hospital el 1 de junio de 2013 con dolor de cabeza, vientre y cadera; y al ser revisada se encontró que presentaba presión arterial alta pero sólo se le practicaron exámenes de sangre y orina.

La adolescente regresó al nosocomio los siguientes tres días porque el dolor no cedía pero en todas las ocasiones los médicos la regresaron a su casa, incluso el 4 de junio, cuando un médico detectó que la frecuencia cardiaca del bebé era muy débil, pero lo consideró «normal».

Para el 7 de junio, la joven fue internada a las 23:00 horas y un médico ginecoobstetra detectó que el feto no presentaba ritmo cardiaco, pero al no contar con el equipo necesario en el hospital, llevó a la mujer a su consultorio particular donde confirmó que el bebé había fallecido dos días atrás.

La mujer fue trasladada nuevamente al hospital y a las 2:50 horas del 8 de junio fue ingresada al quirófano donde fue extraído el feto.

La causa del deceso registrada en el certificado de muerte fetal fue disminución de la oxigenación como consecuencia de bajo nivel de líquido amniótico, falla cardiaca y escasa circulación sanguínea a través del cordón umbilical.

Luego de que familiares de la adolescente presentaran una queja ante la CNDH el 14 de junio, el organismo investigó y encontró violaciones a los derechos humanos, a la protección a la salud de la mujer y a la vida del nonato, así como al trato digno.

«Los médicos adscritos a los servicios de Urgencias y Ginecoobstetricia omitieron diagnosticar el cuadro clínico de emergencia obstétrica que presentaba y brindarle atención médica adecuada, lo cual ocasionó la muerte fetal», se apunta en la recomendación.

De acuerdo con la CNDH el personal médico incurrió en negligencia, omitió proporcionar atención y no integró correctamente el expediente clínico, por lo que emitió la Recomendación 07/2015, dirigida al director ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias.

El organismo solicitó al ISSSTE indemnizar a la mujer y brindarle atención médica y psicológica; además de que se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso al fondo de ayuda.

Fuente: Terra Noticias

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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