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México

CNDH pide a Malasia suspender pena de muerte para tres mexicanos

Ante la pena de muerte que la Corte Suprema de Malasia dictó contra los hermanos mexicanos González Villarreal, el titular de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, pidió este viernes a las autoridades de ese país que suspendan dicha condena «por respeto al bien supremo de la vida».

A través de un comunicado, el ombudsman mexicano dijo que no se opone a la imposición de penas, «porque dichas acciones se realicen dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos», al que el sistema jurídico de México se acoge.

Pero que «la vida representa el bien supremo del ser humano, y como tal, constituye el bien jurídico más valioso», por lo que debe haber un reconocimiento y amparo como valor esencial de ese derecho.

El titular de la CNDH dijo que fueron enviados oficios a Abdul Halim, máximo gobernante de Malasia; Najib Tun Razak, primer ministro malasio, e Ibrahim Ismail, sultán del gobierno de Johor.

También envió misivas a Zeid Rayad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a Tan Sri Hasmy Agam, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Malasia.

Luis Alfonso, de 47 años; Simón, de 40, y José Regino González Villarreal, de 37, fueron acusados de producción y tráfico de narcóticos. Finalmente el máximo tribunal malasioratificó el 23 de abril pasado la pena de muerte contra los hermanos mexicanos.

Con ese fallo, los González Villareal agotaron sus vías legales en los tribunales en el caso que inició hace siete años, aunque su abogado Hisyam Teh Poh Teik dijo el 23 de abril pasado que se pedirá una revisión judicial del mismo a la Corte Federal de Malasia en Putrajaya, la capital administrativa del país, de acuerdo un reporte de la agencia AFP.

Los hermanos González Villareal fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 junto a un ciudadano malasio y otro de Singapur, en un operativo que realizó la policía en una fábrica de la ciudad de Johor.

En la redada, agentes de la brigada antinarcóticos decomisaron cerca de 29 kilos de metanfetaminas, un cargamento valorado en 15 millones de dólares, de acuerdo con la agencia EFE.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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