La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al gobierno federal a transformar de fondo el sistema de atención a personas migrantes y abandonar el llamado “modelo carcelario” que aún prevalece en muchas estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). La recomendación surge del Diagnóstico 2024 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias, presentado este martes por el organismo.

En el documento, la CNDH reconoce ciertos avances en la atención y el trato a personas en situación de movilidad, pero advierte que “aún falta mucho por hacer”. Entre sus principales recomendaciones figuran remodelar las instalaciones para hacerlas accesibles a personas con discapacidad, reforzar las medidas de protección civil y de salud, y capacitar al personal en materia de derechos humanos y seguridad.

La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, recordó que este diagnóstico tiene como antecedente el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes. Ese hecho, dijo, marcó un punto de inflexión sobre la urgencia de revisar las condiciones en que son alojadas las personas extranjeras bajo custodia del INM.

El estudio se elaboró con información del propio Instituto Nacional de Migración, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El análisis incluyó indicadores en cuatro áreas: alojamiento, seguridad e infraestructura, protección jurídica y salud, además de la percepción de los propios migrantes.

De acuerdo con los resultados, 14 recintos (58.3%) fueron considerados adecuados para el alojamiento, nueve (37.5%) obtuvieron calificación insuficiente y uno (4.1%) fue clasificado como crítico, motivo por el cual fue cerrado. La CNDH celebró las mejoras logradas, pero insistió en que el cambio estructural debe continuar y consolidarse.

Asimismo, el organismo advirtió que la magnitud del fenómeno migratorio exige respuestas coordinadas y humanas, no sólo del Estado mexicano, sino de toda la sociedad, especialmente ante el contexto adverso generado por la política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Actualmente, el gobierno mexicano define las estaciones migratorias como centros de alojamiento temporal para personas extranjeras sin estatus regular. Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que en la práctica funcionan como espacios de detención, donde los migrantes pueden permanecer entre 15 y 60 días, en condiciones que aún distan de respetar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos.