Zumo de naranja a cualquier precio. En este caso, muy bajo. De eso es de lo que grupos ecologistas y asociaciones de agricultores acusan a Coca-Cola, uno de los principales compradores del concentrado de este fruto que se produce en Calabria, en el sur de Italia. Dicen que la multinacional hace la vista gorda ante el trabajo ilegal, muy extendido en esta región y paga precios por debajo de mercado.

El precio justo, de acuerdo con la unión de agricultores italiana Coldiretti, sería de 15 céntimos de euro, es decir el doble de lo que actualmente están pagando las empresas de refrescos -7 céntimos-. Las ganancias son tan exiguas que a veces los agricultores incluso prefieren que la fruta pudra en los árboles.

Coca-Cola, que cerró el pasado ejercicio fiscal con un beneficio de 8.572 millones de dólares, es uno de los principales adquisidores de las naranjas italianas. La empresa se defiende de las acusaciones con un comunicado en el que asegura cumplir con la normativa laboral italiana. Según el último informe comisionado a una auditoría independiente, de acuerdo con el comunicado, no se han detectado irregularidades. Coca-Cola, sin embargo, admite que sería imposible llevar a cabo controles exhaustivos de todos los proveedores involucrados en el amplio proceso de producción de Fanta.

Cada invierno, unos 2.000 temporeros, en su mayoría provenientes de África subsahariana, se desplazan hacia Calabria para la cosecha de los cítricos. La compensación por turnos de trabajo de 12-14 horas suele rondar los 25 euros. La mayoría de ellos vive en fábricas abandonadas, sin electricidad, ni servicios. En 2010, la prensa mundial se hizo eco del pequeño pueblo de Rosarno, de 15.000 habitantes, donde los africanos protagonizaron violentos disturbios a raíz de una agresión por parte de lugareños.

Medios italianos relatan que esta región, en la que se producen unas 870.000 toneladas anuales de naranjas, está en manos de las mafias locales, que se ocupan personalmente de la selección de los temporeros entre los inmigrantes. Los elegidos, además, tienen que pagar una comisión de cinco euros por el favor obtenido.

Coldiretti sostiene haber pedido en varias ocasiones a las empresas de refrescos una revisión de los precios de las naranjas y una mayor atención hacia los derechos de los trabajadores empleados en Calabria, pero asegura no haber obtenido respuesta.