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Opinión

Código Kumamoto: ¿Cuánto cuesta un político? Por Caleb Ordóñez T.

Rumbo a la debelación de los candidatos a las gubernaturas, ha surgido un silencio incómodo en los adentros del morenismo.

Caleb Ordóñez T.

La gesta electoral convulsionada, que vivió Morena para elegir a su candidata a la presidencia de México ha dejado varías enseñanzas en el partido del presidente. Mientras que a la “cargada” se le logró persuadir a favor de Claudia Sheinbaum, fue notable la extrañeza que mostraron los grupos más democráticos al interior del partidazo guinda.

Al rescate de las clases medias y medias altas, Mario Delgado ha diseñado una estrategia para promover candidaturas ciudadanas, independientes y hasta conservadoras.

El caso de García Harfuch muestra esa nueva apertura, para ofertar espacios a quienes no comulgan desaforadamente por la 4T. El precandidato podría llenar el vacío que dejará Marcelo Ebrard si decide bajarse del barco morenista tajantemente.

Lo que ha llamado fuertemente la atención, a nivel nacional, es la adición de Pedro Kumamoto a las filas del oficialismo. 

Kumamoto desde sus pininos políticos, emergió como un fenómeno que inspiró a toda una generación, en su momento. 

Al ser electo como diputado independiente, el primero en la historia, los bonos del joven jalisciense estaban por las nubes. Luego, cuando su movimiento perdió elecciones, se fraccionó y tomó la decisión de crear un partido político, donde empezaría a resentir la crítica feroz y el descrédito, de aquellos que creían en su radical propuesta de acabar con la “partidocracia” (como el le llamaba al sistema electoral mexicano). Entonces todo se empezó a derrumbar.

HAMBRE DE PODER

Kumamoto ya no es un jovencito; sino un adulto de 33 años. Muy atrás quedó esa aventura utópica, que le fue imposible defender más. La frescura e irreverencia que mostraba, se ha ido desapareciendo por completo.

No solo se ha aliado al partido oficialista que tanto criticó, sino a una alianza con PT y el partido Verde, a quienes no dejaba de ofender y denostar.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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