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Coincidimos con el Secretario de Gobierno: los compromisos son para cumplirse Por Antonio Escamilla

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El próximo miércoles 20 de junio, una comisión representativa del Movimiento Antorchista Nacional en Chihuahua, llevará a cabo una marcha-mitin que partirá del Parque Lerdo en punto de las 10 de la mañana, hará un alto en el edificio “Héroes de la Revolución”, sede de las Secretaría de Fomento Social y de Educación Cultura y Deporte, y concluirá en Palacio de Gobierno, con el único objetivo de demandar el cumplimiento a la palabra empeñada por parte de servidores públicos que argumentando “falta de presupuesto”, ponen en duda la eficacia, la sensibilidad humana y política del Gobierno del Estado.

Luego de un sinnúmero de gestiones, varias horas de antesalas, distintas mesas de trabajo y diálogo, y de múltiples movilizaciones realizadas desde noviembre del 2010, el 27 de febrero de los corrientes, en el salón “Sacramento” de Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el mismo Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, por instrucciones, se nos dijo, del señor Gobernador. El Licenciado Raymundo, en su calidad de coordinador de todas las Secretarías y dependencias estatales fue, para los antorchistas, el garante de los compromisos contraídos. Ciertamente, algunos de ellos se están cumpliendo, pero otros siguen a la espera de la voluntad política de nuestros gobernantes. Veamos algunos ejemplos:

En dicha reunión la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), representada por el Ing. Eduardo Issa Bolos, subdirector técnico, estableció, entre otros, el siguiente compromiso:

*Analizar la suficiencia presupuestaria para introducir el agua potable en el año 2012, con recursos propios de la JCAS, a las colonias Jorge Barouse, Ampliación Crucero, Ampliación 11 de febrero y Lomas de Oriente. No se ha cumplido siquiera con la elaboración de los proyectos ejecutivos respectivos, a pesar de lo urgente del problema: recordemos que en días pasados, presas de la desesperación, los habitantes de la Ampliación 11 de Febrero secuestraron una pipa de agua porque llevaban varios días sin el vital líquido.

La Secretaría de Fomento Social, representada en la reunión mencionada por el Licenciado José Luis de la Madrid y la Licenciada Erika Loo, de la dirección de planeación, hizo el siguiente compromiso, entre otros:

*Que una vez integrados los expedientes, por parte de los interesados, de 4 salones de usos múltiples para los habitantes de las colonias marginadas de la capital Granjas Cerro Grande, La Noria, Granjas La Soledad y Los Llanos, se concluía el proceso de valoración e integración de los expedientes y se pasaría a tramitar los recursos correspondientes para realizar dichas obras en el primer semestre del 2012. No se ha cumplido. El Titular de la Secretaría, Profesor Rafael Servando Portillo Díaz, argumenta que su dependencia no cuenta con “suficiencia presupuestal” toda vez que la Comisión Estatal de Gasto-Financiamiento, mediante oficio No. CGF 0176.1/12, le informó que para “…procurar el Equilibrio Financiero del Estado…no es posible autorizar recursos adicionales, para apoyos en Infraestructura y Equipamiento a las organizaciones de la Sociedad Civil…”. ¿Y el equilibrio social y político? ¿Y el compromiso establecido?

El Doctor Fernando Uriarte Zazueta, cuando fungía como titular de Fomento Social, se comprometió a incluir en un programa alimentario mensual a familias en condiciones de pobreza representadas por nuestro Movimiento; hasta el momento, el Profesor Portillo, desconoce el compromiso.

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, representada en la reunión citada por el Licenciado Andrés Meza Limón, se comprometió, entre otras cosas, a lo siguiente:

*Comprar un terreno para construir una escuela para el Jardín de Niños “Rayénari” en Granjas La Soledad, cuyos alumnos “reciben clases” en aulas móviles que son verdaderos hornos en primavera-verano y congeladoras en otoño-invierno. No se ha cumplido, con el argumento, se nos informa, de que la Secretaría de Hacienda no libera los recursos correspondientes.

*Aumentar el subsidio para la Casa del Estudiante “Antonio Sosa Perdomo”. No se ha cumplido, con el mismo argumento.

La Secretaría de Fomento Social, por una parte, y el Instituto de la Vivienda, por la otra, establecieron el compromiso de integrar a 212 familias de Bocoyna y 126 de Carichí, respectivamente, desde el año pasado, al programa de autoconstrucción de casitas de adobe, pero hasta el momento no se ha cumplido, no obstante la gran promoción que se hace por parte del Gobierno del Estado.

Las dependencias involucradas y sus funcionarios respectivos, aunque todas las peticiones fueron formuladas desde noviembre del 2010 precisamente para que fueran presupuestadas, aducen, pues, problemas de presupuesto a pesar de la reunión del 27 de febrero y de la posterior intervención de la Secretaría General de Gobierno (“Los compromisos son para cumplirse”, ha insistido una y otra vez el Licenciado Romero). Por lo tanto, creemos que la intervención decidida del Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, haciendo gala de su gran sensibilidad humana y política, es indispensable para resolver la problemática expuesta; la marcha-mitin anunciada tiene la finalidad de lograr ese propósito. Ojalá que así sea, sería en beneficio de miles de familias chihuahuenses que viven en la marginación.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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