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Opinión

Coincidimos con el Secretario de Gobierno: los compromisos son para cumplirse Por Antonio Escamilla

El próximo miércoles 20 de junio, una comisión representativa del Movimiento Antorchista Nacional en Chihuahua, llevará a cabo una marcha-mitin que partirá del Parque Lerdo en punto de las 10 de la mañana, hará un alto en el edificio “Héroes de la Revolución”, sede de las Secretaría de Fomento Social y de Educación Cultura y Deporte, y concluirá en Palacio de Gobierno, con el único objetivo de demandar el cumplimiento a la palabra empeñada por parte de servidores públicos que argumentando “falta de presupuesto”, ponen en duda la eficacia, la sensibilidad humana y política del Gobierno del Estado.

Luego de un sinnúmero de gestiones, varias horas de antesalas, distintas mesas de trabajo y diálogo, y de múltiples movilizaciones realizadas desde noviembre del 2010, el 27 de febrero de los corrientes, en el salón “Sacramento” de Palacio de Gobierno, se llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el mismo Secretario General de Gobierno, Licenciado Raymundo Romero Maldonado, por instrucciones, se nos dijo, del señor Gobernador. El Licenciado Raymundo, en su calidad de coordinador de todas las Secretarías y dependencias estatales fue, para los antorchistas, el garante de los compromisos contraídos. Ciertamente, algunos de ellos se están cumpliendo, pero otros siguen a la espera de la voluntad política de nuestros gobernantes. Veamos algunos ejemplos:

En dicha reunión la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), representada por el Ing. Eduardo Issa Bolos, subdirector técnico, estableció, entre otros, el siguiente compromiso:

*Analizar la suficiencia presupuestaria para introducir el agua potable en el año 2012, con recursos propios de la JCAS, a las colonias Jorge Barouse, Ampliación Crucero, Ampliación 11 de febrero y Lomas de Oriente. No se ha cumplido siquiera con la elaboración de los proyectos ejecutivos respectivos, a pesar de lo urgente del problema: recordemos que en días pasados, presas de la desesperación, los habitantes de la Ampliación 11 de Febrero secuestraron una pipa de agua porque llevaban varios días sin el vital líquido.

La Secretaría de Fomento Social, representada en la reunión mencionada por el Licenciado José Luis de la Madrid y la Licenciada Erika Loo, de la dirección de planeación, hizo el siguiente compromiso, entre otros:

*Que una vez integrados los expedientes, por parte de los interesados, de 4 salones de usos múltiples para los habitantes de las colonias marginadas de la capital Granjas Cerro Grande, La Noria, Granjas La Soledad y Los Llanos, se concluía el proceso de valoración e integración de los expedientes y se pasaría a tramitar los recursos correspondientes para realizar dichas obras en el primer semestre del 2012. No se ha cumplido. El Titular de la Secretaría, Profesor Rafael Servando Portillo Díaz, argumenta que su dependencia no cuenta con “suficiencia presupuestal” toda vez que la Comisión Estatal de Gasto-Financiamiento, mediante oficio No. CGF 0176.1/12, le informó que para “…procurar el Equilibrio Financiero del Estado…no es posible autorizar recursos adicionales, para apoyos en Infraestructura y Equipamiento a las organizaciones de la Sociedad Civil…”. ¿Y el equilibrio social y político? ¿Y el compromiso establecido?

El Doctor Fernando Uriarte Zazueta, cuando fungía como titular de Fomento Social, se comprometió a incluir en un programa alimentario mensual a familias en condiciones de pobreza representadas por nuestro Movimiento; hasta el momento, el Profesor Portillo, desconoce el compromiso.

La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, representada en la reunión citada por el Licenciado Andrés Meza Limón, se comprometió, entre otras cosas, a lo siguiente:

*Comprar un terreno para construir una escuela para el Jardín de Niños “Rayénari” en Granjas La Soledad, cuyos alumnos “reciben clases” en aulas móviles que son verdaderos hornos en primavera-verano y congeladoras en otoño-invierno. No se ha cumplido, con el argumento, se nos informa, de que la Secretaría de Hacienda no libera los recursos correspondientes.

*Aumentar el subsidio para la Casa del Estudiante “Antonio Sosa Perdomo”. No se ha cumplido, con el mismo argumento.

La Secretaría de Fomento Social, por una parte, y el Instituto de la Vivienda, por la otra, establecieron el compromiso de integrar a 212 familias de Bocoyna y 126 de Carichí, respectivamente, desde el año pasado, al programa de autoconstrucción de casitas de adobe, pero hasta el momento no se ha cumplido, no obstante la gran promoción que se hace por parte del Gobierno del Estado.

Las dependencias involucradas y sus funcionarios respectivos, aunque todas las peticiones fueron formuladas desde noviembre del 2010 precisamente para que fueran presupuestadas, aducen, pues, problemas de presupuesto a pesar de la reunión del 27 de febrero y de la posterior intervención de la Secretaría General de Gobierno (“Los compromisos son para cumplirse”, ha insistido una y otra vez el Licenciado Romero). Por lo tanto, creemos que la intervención decidida del Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, haciendo gala de su gran sensibilidad humana y política, es indispensable para resolver la problemática expuesta; la marcha-mitin anunciada tiene la finalidad de lograr ese propósito. Ojalá que así sea, sería en beneficio de miles de familias chihuahuenses que viven en la marginación.

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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