Opinión

COLAPSO DE INFORME; INFORME DE COLAPSO POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

COLAPSO DEL INFORME; INFORME DEL COLAPSO
por: Víctor M. Quintana S.

El colapso marcó el V Informe del Gobernador César Duarte Jáquez en Chihuahua. No pudo acudir a entregarlo ni organizar los tradicionales mensaje político y besamanos por prescripción médica: luego de dos operaciones en la columna, el especialista le ordenó absoluto reposo para recuperarse de las lesiones sufridas por la caída de su helicóptero en agosto pasado. No sólo es eso: el quinto informe no pudo ser ahora ni bueno ni triunfalista porque el propio estado de Chihuahua se encuentra al borde del colapso. La quiebra que sacude a la administración estatal no es sólo financiera, es política, social, de legitimidad.

El endeudamiento gubernamental de entre 45 mil y 47 mil millones de pesos, alcanza ya un 8.6% del producto estatal bruto, el más alto a nivel nacional, por encima incluso. Y aunque todos los días el gobierno afirme que es un “monto manejable”, la realidad que perciben y sufren los proveedores del Gobierno del Estado es otra: hace meses que no les pagan y en algunos casos hasta perdedizos les hacen adeudos anteriores. La obra pública brilla por su ausencia si no fuera por las inversiones federales, a cuentagotas y retrasadas, como el Libramiento Oriente de Chihuahua y la vía corta a Parral.

Se presumen las inversiones millonarias de una nueva planta de la Ford y de la Cervecería Heineken, en Meoqui, así como que la entidad ocupa el tercer lugar en inversión en maquiladoras. Las primeras dos son importantes y positivas, es cierto, a reserva del agua que acapare la segunda, pero aun insuficientes para generar una dinámica de industrialización que supere el recurso fácil a atraer maquilas malbaratando la mano de obra chihuahuense, la peor pagada de la Frontera Norte. El estado tiene porcentualmente la mayor economía formal del país, pero también una de la que percibe menores ingresos y prestaciones.

Las inversiones, así se cuenten alegremente no han sido palanca para el bienestar de las personas y de las familias. El colapso de Chihuahua en el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha sido estrepitoso. Tan sólo en 2008, la entidad ocupaba el 8º. Lugar nacional en dicho índice, para 2012 cayó al 15, y en 2015 al 19. Del estrato de entidades con nivel “alto” cayó al de nivel “medio”. Chihuahua es el peor estado en el subíndice de salud, pues aquí los hombres adultos perdieron casi 4 años de esperanza de vida. Descendió un lugar en el subíndice de educación y avanzó uno en el subíndice de ingreso, pero fue el lugar 28 en crecimiento de los ingresos familiares.

Es cierto que se logró, al menos en el papel, la cobertura total en educación media y superior. También que según el CONEVAL, entre 2012 y 2014 se redujo el número de personas en pobreza, en carencia de servicios de salud y en ingreso inferior a la línea de bienestar. Pero volvió a incrementarse el número de personas en extrema pobreza, así como la población vulnerable por carencias sociales, el rezago educativo, en calidad y servicios en la vivienda, y, sobre todo, en carencia de alimentación adecuada.

Ciertamente hay avances significativos en la reducción de delitos, según el Observatorio Ciudadano del FICOSEC. Pero Chihuahua sigue estando muy por encima de los niveles delictivos anteriores al Operativo Conjunto de Felipe Caderón en homicidios dolosos: 18.3 por cada cien mil habitantes en 2007 y 27.8 en 2014. Además, hay datos que ni se publican ni el gobierno quiere reconocer: 1. el hecho de que municipios completos estén controlados por el narco, comenzando por los cuerpos policíacos; 2. Las más mil 573 desapariciones forzadas que hay en la entidad, sobre todo en la región de Cuauhtémoc, y, 3, el desplazamiento de poblaciones completas ante el acoso y el enfrentamiento de los narcos, como sucede en los municipios serranos de Chínipas y Uruachi.

Hay un aspecto no cuantitativo que no incluye el Informe: la situación de los poderes del Estado. Hay un total sometimiento del Legislativo al mismo y obsecuencia vergonzosa del Judicial. Los organismos denominados “autónomos”, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ICHITAIP, Auditoría Superior del Estado, Instituto Estatal Electoral también obedecen a las órdenes del Palacio de Gobierno. Este es el autoritarismo, rasgo básico de la quiebra política que caracteriza a la actual administración en Chihuahua. Quiebra que se manifiesta también en el enfrentamiento de Duarte con quienes considera son sus adversarios al interior del PRI y en el control o represión a los medios informativos.

Pero la opacidad y la no respuesta a las serias acusaciones de corrupción hacen que la mayor quiebra del actual gobierno de Chihuahua sea la de la legitimidad. La población exige que se aclare la inversión de 65 millones de pesos que Duarte hizo en el Banco Progreso. También los depósitos por más de cinco millones de dólares en un banco de El Paso, Texas hechos por su Secretario de Salud. Y los cheques que este giró hasta por casi dos millones de dólares a la esposa del gobernador. La percepción generalizada es que el actual ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Chihuahua y el factor fundamental de ello es la corrupción.

El último año del gobierno de Duarte será muy difícil si es que Peña y Beltrones deciden pagar el costo de mantenerlo ahí. Por lo pronto, lo que se observa en algunos aspirantes tricolores a la gubernatura es una súbita y oportunista conversión al antiduartismo. Resta por ver qué hace la oposición para capitalizar la justificada indignación ciudadana.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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