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COLAPSO DE INFORME; INFORME DE COLAPSO POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA

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COLAPSO DEL INFORME; INFORME DEL COLAPSO
por: Víctor M. Quintana S.

 

El colapso marcó el V Informe del Gobernador César Duarte Jáquez en Chihuahua. No pudo acudir a entregarlo ni organizar los tradicionales mensaje político y besamanos  por prescripción médica: luego de dos operaciones en la columna, el especialista le ordenó absoluto reposo para recuperarse de las lesiones sufridas por la caída de  su helicóptero en agosto pasado. No sólo es eso: el quinto informe no pudo ser ahora ni bueno ni triunfalista porque el propio estado de Chihuahua se encuentra al borde del colapso. La quiebra que sacude a la administración estatal no es sólo financiera, es política,  social, de legitimidad.

El endeudamiento gubernamental de entre 45 mil y 47 mil millones de pesos,  alcanza ya un 8.6% del producto estatal bruto, el más alto a nivel nacional, por encima incluso. Y aunque todos los días el gobierno afirme que es un “monto manejable”, la realidad que perciben y sufren los proveedores del Gobierno del Estado es otra: hace meses que no les pagan y en algunos casos hasta perdedizos les hacen adeudos anteriores. La obra pública brilla por su ausencia  si no fuera por las inversiones federales, a cuentagotas y retrasadas, como el Libramiento Oriente de Chihuahua y la vía corta a Parral.

Se presumen  las inversiones millonarias de una nueva planta de la Ford y de la Cervecería Heineken, en Meoqui, así como que la entidad ocupa  el tercer lugar en inversión en maquiladoras. Las primeras dos son importantes y positivas, es cierto, a reserva del agua que acapare la segunda, pero aun insuficientes para generar una dinámica de industrialización que supere el recurso fácil a atraer maquilas malbaratando la mano de obra chihuahuense, la peor pagada de la Frontera Norte.  El estado tiene porcentualmente la mayor economía formal del país, pero también una de la que percibe menores ingresos y prestaciones.

Las inversiones, así se cuenten alegremente no han sido palanca para el bienestar de las personas y de las familias. El colapso de Chihuahua en el  índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha sido estrepitoso. Tan sólo en 2008, la entidad ocupaba el 8º. Lugar nacional en dicho índice, para 2012 cayó al 15, y en 2015 al 19.  Del estrato  de entidades con nivel “alto”  cayó al de nivel “medio”. Chihuahua es el peor estado en el subíndice de salud, pues aquí los hombres adultos perdieron casi 4 años de esperanza de vida. Descendió un lugar en el subíndice de educación y avanzó uno en el subíndice de ingreso, pero fue el lugar 28 en crecimiento de los ingresos familiares.

Es cierto que se logró, al menos en el papel, la cobertura total en educación media y superior. También que según el CONEVAL, entre 2012 y 2014 se redujo el número de personas en pobreza, en carencia de servicios de salud y en ingreso inferior a la línea de bienestar. Pero volvió a incrementarse el número de personas en extrema pobreza, así como  la población vulnerable por carencias sociales, el rezago educativo, en calidad y servicios en la vivienda, y, sobre todo, en carencia de alimentación adecuada.

Ciertamente hay avances significativos en la reducción de delitos, según el Observatorio Ciudadano del FICOSEC. Pero Chihuahua sigue estando muy por encima de los niveles delictivos anteriores al Operativo Conjunto de Felipe Caderón en homicidios dolosos: 18.3 por cada cien mil habitantes en 2007 y 27.8 en 2014.  Además, hay datos que ni se publican ni el gobierno quiere reconocer: 1. el hecho de que municipios completos estén controlados por el narco, comenzando por los cuerpos policíacos; 2. Las más mil 573 desapariciones forzadas que hay en la entidad, sobre todo en la región de Cuauhtémoc, y, 3, el desplazamiento de poblaciones completas ante el acoso y el enfrentamiento de los narcos, como sucede en los municipios serranos de Chínipas y Uruachi.

Hay un aspecto no cuantitativo que no incluye el Informe: la situación de los poderes del Estado. Hay un total sometimiento del Legislativo al mismo y  obsecuencia vergonzosa del Judicial. Los organismos denominados “autónomos”, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ICHITAIP, Auditoría Superior del Estado, Instituto Estatal Electoral también obedecen a las órdenes del Palacio de Gobierno. Este es el autoritarismo, rasgo básico de la quiebra política que caracteriza a la actual administración en Chihuahua. Quiebra que se manifiesta también en el enfrentamiento de Duarte con quienes considera son sus adversarios al interior del PRI y en el control o represión a los medios informativos.

Pero la opacidad y la no respuesta a las serias acusaciones de corrupción hacen que la mayor quiebra del actual gobierno de Chihuahua sea la de la legitimidad. La población exige que se aclare la inversión de 65 millones de pesos que  Duarte hizo en el Banco Progreso. También los depósitos por más  de cinco millones de dólares en un banco de El Paso, Texas hechos por su Secretario de Salud. Y los cheques que este giró hasta por casi dos millones de dólares a la esposa del gobernador. La percepción generalizada es que el actual ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido Chihuahua y el factor fundamental de ello es la corrupción.

El último año del gobierno de Duarte será muy difícil si es que Peña y Beltrones deciden pagar el costo de mantenerlo ahí. Por lo pronto, lo que se observa en algunos aspirantes tricolores a la gubernatura es una súbita y oportunista conversión al antiduartismo. Resta por ver qué hace la oposición para capitalizar la justificada indignación ciudadana.

 

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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