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Opinión

COMENTARIOS DE PRENSA POR LUIS OCHOA MINJARES

INGLES Y COMPUTACIÓN,

ARMAS IMPESCINDIBLES

Luis Ochoa Minjares

Cerca de mil estudiantes chihuahuenses de educación superior formarán parte de un intercambio estudiantil con universidades de Estados Unidos en el marco del Programa «Proyecto 100 mil», que implementarán de forma conjunta la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chihuahua.

De cristalizar tal proyecto, sería uno de los actos de gobierno de mayor trascendencia en este sexenio, si se considera que un intercambio estudiantil masivo y permanente con el país más próspero de la tierra contribuiría a fortalecer la educación superior y a apuntalar la comunicación bilingüe entre uno y otro país, considerando que el inglés y la computación son armas imprescindibles.

Hace más de medio siglo, allá por los años cincuenta, quien no sabía escribir en máquina y manejar un vehículo de motor, poco era lo que tenía que hacer en este mundo. Entonces una y otra cosa eran armas o instrumentos indispensables para enfrentar las exigencias del mundo en marcha.

Hoy, sesenta largos años después, quien en el presente y en el futuro inmediato no sepa hablar inglés y manejar una computadora, casi nada, por no decir que absolutamente nada tiene que hacer en ese planea excepto quedar rezagado. Ambos conocimiento serán por mucho tiempo armas e instrumentos elementales, mínimos para luchar y tener éxito en la vida.

Puede decirse que la educación, ya sea pública o privada que no incluye como materias centrales en sus panes de enseñanza primaria, media y superior la computación y los idiomas, principalmente el inglés, esa educación no cumple con su misión de preparar las nuevas generaciones que impulsen, dirijan y lleva al mundo por la senda del progreso.

Recuérdese que desde el año 2000, durante la campaña para elegir al mandatario del pais, el candidato del Partido Revolucionario Institucional propuso, como uno de sus compromisos centrales, dotar de una computadora a cada uno de los salones de clase del sistema educativo nacional, cosa que en esa época no se supo valorar. Hoy no se proporciona una computadora a cada salón, sino una a cada alumno.

Años después, el gobierno federal se vio obligado por la demanda y las circunstancias a llevar los sistemas digitales y computacionales al mundo educativo. Hoy por fortuna, el manejo de la enseñanza y la educación por los modernos sistemas computacionales es cada día una realidad,  sin dar, todavía,  cabal cumplimiento a toda la población estudiantil.

Por lo que toca a la enseñanza de una segunda lengua en el sistema educativo mexicano, el aprendizaje del inglés es una materia obligada desde la escuela primaria. Por fortuna ya se aplican novedosos y modernos sistemas de aprendizaje con las famosas e imprescindibles “tabletas” computacionales.

LA DEGRADACIÓN DE

INTERNET SIN FRENO

Es evidente que la perversidad humana y el relajamiento de las buenas costumbres se han adueñado de la Internet, esa maravillosa red de redes ciberespaciales. El más portentoso invento de la inteligencia humana, está siendo paulatinamente infestado por los vicios más degradantes que agobian en estos tiempos al género humano.

La pederastia, esa diabólica plaga humana que cunde como una verdadera epidemia, tiene asolada a la niñez del mundo, y encuentra en la comunicación ciberespacial uno de los vehículos más eficaces para su incremento y difusión.

La decadencia moral de muchos sacerdotes pederastas tiene indignada a la misma Arquidiócesis Primada de México que, a través de su periódico oficial “Desde la Fe”, acepta que muchos religiosos han quedado atrapados en las más negativas situaciones de decadencia moral de nuestros días, refiriéndose a la pedofilia en el seno de la iglesia.

La protección a la población infantil ha pasado a ser una de las preocupaciones mayores del sector público. Es a través de Internet donde los niños y los adolescentes empiezan a caer en las redes que hábilmente tienden los pederastas.

Y mientras no haya una limitante o un control, cualquier infante puede husmear en el ciberespacio a través de Internet, invento que debiera estar al servicio de la cultura, de la comunicación y de la elevación del ser humano.

LA BLASFEMIA POLÍTICA

MERODEA EN EL ESPACIO

Todo lo anterior sin contar con la desenfrenada y escandalosa incursión en el espacio de la blasfemia y la diatriba como instrumentos para descalificar, injuriar y a veces, calumniar a partidos políticos, funcionarios públicos, personajes de la vida pública y privada, al gobierno federal y a nuestro sistema político.

Al munícipe de Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los prospectos a la gubernatura del Estado, prácticamente lo han despojado ante la opinión pública de sus méritos y esfuerzos por desempeñarse en su puesto.

Mediáticamente lo han inhabilitado para lograr sus ambiciones políticas y lo motejan de inepto para resolver los problemas fronterizos de su municipio, donde no se ha realizado ninguna obra de gran envergadura.

Al abrir Internet, no hay portal, web, muro o espacio sideral, donde el gobernador de Chihuahua no sea vapuleado por todos los flancos. Lo motejan de “el siete ranchos” y lo acusan de ligereza al utilizar naves aéreas del gobierno para llevar a invitados a su mansión serrana incrustada en el corazón de la nación tarahumara, sin mencionar los enredos financieros que trae con la banca privada.

Con el presidente de la República la blasfemia no hace malos quesos. Repetir las sandeces que le dirigen, sería más que ensuciar este espacio. Lo que menos le perdonan al mandatario, es su osadía que será histórica, de transferir el poder público y los destinos de la nación, de una generación en trance de extinción, a una generación de renuevos.

Y, ya sabemos, la oposición al cambio trastorna la vida interna de cualquier pais, particularmente los intereses de los residuos de una burguesía parasitaria en trance de extinción. Este es el problema más peliagudo que está enfrentando el actual mandatario nacional.

ABUSAR DE “LA FOTO”,

YA NO DA RESULTADOS

Tanto en los medios artísticos como en los políticos “la foto” como recurso publicitario, de difusión y colocación de la imagen en la comunidad llevada a hasta la saturación, ya no da buenos resultados, sino al contrario, atosiga al respetable y termina por rechazarla. Como dice el refrán, “ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.

Particularmente en la actividad política y no se diga en la gubernamental. La imagen de un buen gobernante de cualquier nivel, que centra toda su actividad en comunicación social difundiendo fotos a diestra y siniestra, termina por debilitar su imagen pública  abriendo flancos vulnerables a la crítica y a veces hasta la descalificación.

Existen ejemplos dramáticos de gobernadores y presidentes municipales que terminaron chamuscados en su proyección política, por abusar de “la foto” difundida hasta por debajo de las piedras, con magros resultados.

Se sabe de muchos aspirantes a puestos públicos postulados por sus respectivos partidos, que le están dando importancia a una estructura de los aparatos de comunicación social.

La novedad consiste en fortalecer el aparato de la comunicación social con equipos de articulistas aptos para replicar, reorientar a la opinión pública e invalidar los juicios y los ataques de los adversarios. La falta de réplica firme y oportuna, ha mandado a la lona a muchos gobernantes, presidentes municipales y funcionarios públicos.

 

 

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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