Opinión
COMER Y MALCOMER EN CHIHUAHUA POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA
COMER Y MALCOMER EN CHIHUAHUA
El Foro por el Derecho a la Alimentación
´por: Víctor M. Quintana S.
Las y los chihuahuenses se reúnen para ver, pensar y actuar sobre su comer y su malcomer. Sábado 5 y domingo 6 se celebra en la capital del estado el “Foro por el Derecho a la Alimentación”. Lo impulsa toda una variedad de organizaciones campesinas, de consumidores, de mujeres, de derechos humanos, de jóvenes, de ecologistas. Participan además organizaciones nacionales como la campaña “Sin Maíz no hay País” y las internacionales OXFAM YGreenpeace.
El Foro tendrá dos partes: el sábado se van a analizar la realidad de la producción de alimentos en nuestro estado, la situación de nutrición y malnutrición de sus habitantes: los hábitos de consumo y las enfermedades que de ahí se derivan. Enseguida se van a considerar las diversas experiencias y prácticas de resistencia al modelo dominante agro-alimentario y de construcción de alternativas de producción, distribución y consumo de manera sustentable y solidaria. Será un foro abierto a todo el mundo que se llevará a cabo el sábado en el local de El Barzón, y el domingo culminará con un tianguis o mercado en la Plaza del Arte donde se expondrán, compartirán y venderán productos alimenticios aportados directamente por los campesinos e indígenas, alimentos orgánicos, artículos distribuidos por cooperativas de consumo, etc.
Son muy bienvenidas este tipo de alternativas, más en esta entidad donde los problemas de nutrición y malnutrición se han ido agudizando los últimos dos años. A pesar de que en números absolutos y relativos la pobreza y la pobreza extrema han disminuido en Chihuahua entre 2010 y 2012, el porcentaje y el número de personas que padecen la carencia de acceso a la alimentación ha aumentado en 39 mil personas: de 624 mil 900 a 663 mil 900.
El problema de la inseguridad alimentaria también es agudo. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Chihuahua ocupa el lugar 28 a nivel nacional en cuanto a la percepción de la gente sobre su inseguridad alimentaria. En nuestro estado el 40.7% de la población ha tenido que sacrificar la calidad de los alimentos, lo que la coloca en “inseguridad leve”; el 12.9%, ha tenido que sacrificar también algo de cantidad de alimentos, lo que la coloca en “inseguridad moderada”, y el 8.1% no ha podido acceder ni en calidad ni en cantidad a los alimentos indispensables, ubicándose en la “inseguridad alimentaria severa”.
De acuerdo a la Secretaría de Salud, el estado de Chihuahua, junto con los del sureste, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y el estado de Hidalgo, experimentan los más altos porcentajes de “desnutrición severa” en el país, pues la padece entre un 8.1 y 10.1% de la población total. Las zonas de mayor desnutrición en nuestro estado son, ciertamente, los municipios serranos como Guachochi, Carichí, Balleza, Morelos, Batopilas, Guadalupe y Calvo y Urique. Pero también hay fuertes lunares de desnutrición en las ciudades donde se concentra en números absolutos un alto número de personas en extrema pobreza: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral.
La desnutrición se manifiesta entre otros indicadores, en la baja talla para la edad de los niños. Y ésta sigue siendo un problema de salud pública para Chihuahua, según la propia encuesta. Afecta al 12% de los niños menores de cinco años, pero a nivel rural, a uno de cada cuatro infantes. Y a pesar de que se ha disminuido, la anemia sigue afectando sobre todo a los muy pequeños o a los adultos muy mayores.
No menor al problema de la nutrición es el de la malnutrición en Chihuahua. El comer en exceso o alimentos de mala calidad hace que el 11.4% de los niños menores de cinco años sean afectados por la obesidad y sobrepeso; a tres de cada diez niños entre 5 y 11 años; al 31.4% de los adolescentes de entre 12 y 19 años. Para los adultos las cifras son aun peores: el 35.9% padecemos sobrepeso y el 30.2, sobrepeso. La población adulta chihuahuense con un peso adecuado apenas llega al 30%. Todo esto provoca que nuestra entidad figure en los primeros lugares nacionales en cuanto a la incidencia de la diabetes y la hipertensión.
Aun habría muchas cosas por decir, como por ejemplo, que superamos con mucho la media nacional y andamos cerca del máximo nacional en cuanto a consumo de bebidas alcohólicas, tanto en menores como en mayores de 20 años. Sin embargo, esto sería objeto de un posterior análisis en una futura entrega.
Lo absurdo de la situación que hemos analizado es que, al tiempo que Chihuahua presenta estos datos preocupantes de acceso a la alimentación, inseguridad alimentaria, desnutrición y malnutrición, nuestros productores rurales tienen una gran capacidad de producir alimentos buenos, suficientes, nutritivos y a bajo costo para las familias chihuahuenses. Lo que pasa es que la política agroalimentaria de los diversos niveles de gobierno está diseñada para favorecer a los grandes productores, a los coyotes, a las grandes cadenas distribuidoras de alimentos y a los expendedores de comida chatarra.
Por eso es todo un acontecimiento este primer “Foro por el Derecho a la Alimentación”: porque si desde arriba los gobiernos no se preocupan por hacer efectivos los derechos a alimentarse de la población y a vivir dignamente de su trabajo de los campesinos, sólo la articulación entre ellos, sólo las iniciativas y las luchas desde abajo harán que Chihuahua se vaya convirtiendo en el estado del buen comer, buen producir y buen vivir para todas y para todos.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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