WASHINGTON, 5 de junio.- El Comité de Supervisión acusó hoy al Departamento de Justicia estadunidense de mentir sobre la operación «Rápido y Furioso» de trasiego de armas a México luego que descubrió la autorización de seis operativos de intervención telefónica.

El presidente del comité legislativo, el republicano Darrell Issa, sostuvo que las operaciones de escucha subrepticia muestran que las declaraciones de funcionarios del Departamento de Justicia fueron “falsas y engañosas” respecto a su conocimiento de “Rápido y Furioso”.

“Las solicitudes de vigilancia electrónica muestran que hubo un inmenso nivel de detalle disponible a altos funcionarios que las revisaron y las autorizaron”, escribió Issa en una carta al procurador general de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder.

De acuerdo con la información de la comisión legislativa, las seis operaciones de vigilancia electrónica fueron aprobadas bajo la autoridad del subprocurador Lanny Breuer, de la División Criminal.

El Comité señaló que la intervención telefónica buscaba permitir a investigadores en Arizona escuchar las conversaciones de sospechosos, a fin de obtener evidencias del involucramiento de “altos miembros de cárteles mexicanos” en el trasiego de armas.

“Esto incluyó decisiones deliberadas de no confiscar armas que agentes (estadunidenses) sabían que habían sido compradas ilegalmente por contrabandistas que llevaban las armas a México”, sostuvo el Comité de Supervisión.

Dijo que la información contenida en las solicitudes de intervención telefónica ha sido requerida al Departamento de Justicia, pero indicó que éste se ha negado a entregarla a los investigadores.

Issa sostuvo que Holder debe responder cabalmente a las solicitudes del Comité, “a fin de evitar un proceso de desacato”.

El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y el líder de la mayoría republicana, Eric Cantor, demandaron el mes pasado a Holder cooperación plena en la investigación de “Rápido y Furioso”.

En una misiva, los líderes legislativos conservadores acusaron al Departamento de Justicia de no cumplir con un citatorio para obtener información de la pesquisa.

La carta, enviada a Holder, le habría advertido de que podría ser declarado en desacato por parte del Congreso, donde se enfatizó la necesidad de respuestas a raíz de la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en cuya escena del crimen se encontraron armas de “Rápido y Furioso”.

Se trató de una nueva escalada de la polémica entre la mayoría republicana de la Cámara de Representantes y el Departamento de Justicia, ante discrepancias sobre la información disponible en relación con “Rápido y Furioso”.

El subprocurador James Cole había señalado en una carta a Issa, que una declaratoria de “desacato” por supuesta falta de cooperación en la entrega de documentos es “injustificable”.

El Departamento de Justicia salió así al paso de la decisión de Issa de poner en marcha el procedimiento de desacato contra Holder por su supuesto rechazo a cooperar en la investigación.

En respuesta, la oficina de Issa desestimó la carta de Cole e insistió en que el Departamento de Justicia debe entregar los documentos solicitados en lugar de “distorsionar” las interrogantes del Comité.

En octubre pasado, el Comité de Supervisión emitió un citatorio a Holder para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación que derivó en el trasiego de más de dos mil armas de alto poder a México.

Bajo el citatorio, Holder debía entregar toda información relativa a “Rápido y Furioso” que involucre comunicaciones entre su oficina y las de los subprocuradores David Ogden, Gary Grindler, James Cole, Manny Breuer, Jason Weinstein, Kenneth Blanco, John Keeny y Bruce Swartz.

El citatorio emitido por Issa cubre además la información relacionada con el asesinato del agente de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE) en México, Jaime Zapata.

Aunque en febrero, el Departamento de Justicia había entregado al Comité más de seis mil páginas de documentos, Issa lo consideró insuficiente argumentando que al menos 80 mil cuartillas habían sido puestas a disposición del inspector general.