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Compañía china que obtuvo licitación para construir tramo del Tren Maya fue inhabilitada por el Banco Mundial en 2011

La compañía china de propiedad estatal que este jueves obtuvo la licitación, junto a otras, para la construcción del primer tramo del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue inhabilitada en 2011 por el Banco Mundial por “prácticas fraudulentas».

Y es que, en julio de 2011, la institución anunció la inhabilitación de China Communications Construction Company (CCCC) Limited, junto a todas sus subsidiarias, por prácticas fraudulentas en la primera fase del proyecto de mejora de las carreteras nacionales de Filipinas.

La CCCC fue declarada inelegible para participar en proyectos financiados por el Grupo del Banco Mundial hasta el 12 de enero de 2017, es decir, la sanción fue de cinco años y medio, aproximadamente.

Sin embargo, la CCCC fue la sucesora designada de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), la cual, junto a otras seis empresas y un individuo, fueron también inhabilitadas por ocho años por el Banco Mundial, sanción que comenzó en enero de 2009.

La CCCC es una empresa trasnacional, cuya propiedad es del gobierno de China, que está dedicada al diseño, construcción y operación de infraestructura, como carreteras, puentes, túneles, trenes, trenes de alta velocidad, metro, aeropuertos y trenes marítimos.

Este jueves, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) mexicano emitió el fallo de la licitación pública internacional para la construcción del Tramo 1 del Proyecto Tren Maya, en el que resultó ganador el consorcio Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con la CCCC, Grupo Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A..

De acuerdo con las autoridades, la empresa ganadora, entre 14 propuestas presentadas, dio la oferta económica más solvente para el proyecto, con un monto que supera los 15,538 millones de pesos.

La oferta elegida fue analizada por expertos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quienes revisaron las 14 propuestas y concluyeron que el consorcio ganador, en convenio con el resto de empresas, incluida la CCCC, “representa la mejor relación calidad-precio para Fonatur”.

El procedimiento, indicaron, “fue acompañado por el testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública”, el órgano vigilante de la administración de López Obrador. “La SFP vigiló que el procedimiento se realizara con transparencia, eficiencia, economía, imparcialidad, honradez y con estricto apego a las disposiciones aplicables”, añadieron.

El Tramo 1 del Tren Maya, que junto al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas conforman los principales proyectos de infraestructura del actual gobierno, recorrerá desde Palenque, Chiapas hasta Escárcega, Campeche.

“En estos 227 kilómetros aproximados se van a rehabilitar y mejorar vías existentes del Ferrocarril Chiapas-Mayab”, explicó el Fonatur, que aseguró que la construcción de los primeros cinco tramos del proyecto generarán cerca de 80,000 empleos en 2020 para la región del sureste de México.

Las obras, anunciaron, podrán comenzar a partir del próximo jueves 30 de abril, en medio de la epidemia que vive el país por el coronavirus, que hasta este miércoles se ha cobrado la vida de 970 personas y del cual se acumulan 10,544 casos confirmados.

“Como lo ha instruido el presidente López Obrador, los proyectos prioritarios del Gobierno de México continuarán como medidas para mitigar las consecuencias económicas derivadas del COVID-19”, indicó el Fonatur.

Y es que, a pesar de que la emergencia nacional por causas de fuerza mayor fue declarada a principios de mes, y las labores y actividades no esenciales se suspendieron desde entonces, la administración actual publicó un acuerdo para clasificar los proyectos más destacados de su gobierno precisamente como actividades esenciales.

Para el caso de los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía) y el Corredor Transísmico, las acereras, cementeras y vidrieras podrán continuar con los contratos vigentes que tengan con el gobierno federal, al menos hasta que cumplan los compromisos que se tienen a corto plazo.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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