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Opinión

Complejísima elección en Chihuahua

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No es una elección fácil para las fuerzas realmente competitivas en Chihuahua. Al contrario, es de una extrema complejidad. Al interior de cada agrupación partidaria conviven diversos y encontrados intereses, los que al calor de la competencia han debido subsumirlos, pero que a cada momento emergen y muestran el crítico momento por el que pasan.

Por: Luis Javier Valero Flores

Para el PRI y sus aliados la actual campaña electoral es extremadamente novedosa. Nunca, en el curso de los últimos 16 años habían enfrentado tal oposición (por supuesto, obviando las elecciones presidenciales del 2000 y el 2006 y las municipales en distintos momentos en varias alcaldías) en las elecciones estatales; desde las de 1998 habían transitado con cierta holgura.
Ahora no, la simpatía por los blanquiazules o el rechazo a la actual administración estatal, han provocado que un buen número de chihuahuenses estén optando por los candidatos de este partido, en mayor o menor proporción.

Pero el PAN está pagando, los numerosos errores cometidos en ese lapso y la aparición de los candidatos independientes le está imprimiendo (por lo menos en Juárez, Parral y Chihuahua y la estatal de “Chacho” Barraza) una dinámica diferente, en la que panistas e independientes deberán competir por los votos de los electores indecisos y los opositores al grupo gobernante en la entidad.

Probablemente el resultado será la aparición de un mayor porcentaje de voto “cruzado”, que determinará, con seguridad, el triunfo a las alcaldías de Juárez y Chihuahua, y posiblemente el del gobierno del estado.

Diversos acontecimientos ocurridos en la semana dan cuenta de lo que puede ser el inicio de la crisis terminal del actual gobierno. Tal pareciera que los controles, ejercidos férreamente por el gobernador César Duarte a lo largo de su administración, se han perdido, justamente en el momento en que más los necesitan los candidatos oficialistas.

Tras la publicación de diversas encuestas, en el priismo empezó a hablarse de la “consolidación” del candidato Serrano, pero la cancelación del debate entre los candidatos al gobierno estatal, a realizarse en Juárez el 11 de mayo y la posposición del que habría de realizarse en Chihuahua el 4, para pasarlo al 21 de mayo, a dos semanas de las elecciones, con el evidente propósito de que las consecuencias del debate no afectaran al candidato que supuestamente iría en el tope de las preferencias electorales tiene una sola lectura: El ex alcalde juarense, Enrique Serrano, no va adelante en las simpatías electorales, o que de llevar una ventaja, sería mínima, menor a la que las encuestas establecen.

Tal posposición fue duramente criticada por el candidato del PAN-Alianza Ciudadana, Javier Corral. Tienen miedo al debate, sostuvo en el curso del mitin de arranque de la campaña de María Eugenia Campos a la alcaldía de Chihuahua capital y acusó a la autoridad electoral de plegarse “a los designios” del PRI y del candidato Serrano, “son buenos para la guerra sucia, pero miedosos para la confrontación de las ideas, son buenos para la calumnia, pero absolutamente miedosos para plantear ante la gente de Chihuahua los problemas y los compromisos para solucionarlos…”, diría en el mitin, con la presencia del expresidente Felipe Calderón.

Tal postura fue replicada, sorpresivamente, por los candidatos de Movimiento Ciudadano, Cruz Pérez Cuéllar, y del PRD, Jaime Beltrán del Río.

Pero la sorpresa mayor fue la aportada por la dirigente estatal perredista, Guadalupe Aragón, quien, en comunicado oficial, sostuvo que la cancelación se debía a que “al parecer están protegiendo a un candidato que viene de picada en la aceptación de los electores”, además de calificar de “sospechosa” la decisión del Instituto Estatal Electoral de mover la fecha del debate y de sostener que “las autoridades electorales no deben proteger a los candidatos que no son aceptados por los electores”.
A su vez, Pérez Cuéllar afirmó que “Es antidemocrático y algo totalmente inmoral que la autoridad encargada de vigilar y asegurar un buen proceso electoral en Chihuahua, traicione a los electores de ésta forma… ”.
El “aflojamiento” de los controles gubernamentales tendrá serias repercusiones para los candidatos oficialistas.
Más de un simpatizante de esta causa sostendrá “que no es para tanto”, pero la pérdida o la ganancia de uno o dos puntos en las preferencias electorales podrán ser la diferencia en la larga noche del 5 de junio, día de las elecciones.
Y no sólo en la gubernatura, la disputa será cerrada en varias alcaldías y distritos electorales, de tal manera que también está en el aire la mayoría en el Congreso del Estado.
Así, la falta de decenas de camiones del transporte urbano dejó varados a decenas de miles de la capital, hecho que concitó el enojo hacia la actual administración, de manera tal que la frase más recordada, usada por el Gobernador Duarte en la la toma de posesión, “el poder es para poder, y no para no poder”, fue duramente recordada por miles.

Será uno de los dolores de cabeza para el oficialismo.

Del mismo modo, aunque con menor repercusión, el diferendo suscitado entre el líder del Congreso del Estado, Rodrigo de la Rosa, y el Auditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, quien amenazó con renunciar debido a que el Poder Legislativo, sostuvo, no ha realizado los trámites necesarios para la aplicación de sanciones a los alcaldes y funcionarios públicos que su dependencia ha señalado como probables responsables de desfalcos al erario.

Alientan la corrupción y la impunidad, dijo Esparza.
No son cualquier funcionario, y no sólo por la importancia de sus cargos, sino por la cercanía con el actual ocupante de la Casa de Gobierno, son integrantes, llamémosle así, del “War Room” del actual grupo gobernante.
Sin embargo, la explosiva denuncia pública realizada por el dirigente estatal del sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres, José Acuña, acerca de la utilización de los servicios de los trabajadores para las tareas partidistas, “de nuestro instituto político”, sostenida en tensa entrevista radiofónica (Aserto Radio, en Antena 102.5 FM, 27/IV/16), es de una importancia mayúscula.

Acuña acusó al gobierno de Chihuahua de pretender “desaparecer” al sindicato de Bachilleres debido a que les anunciaron que desaparecerían las comisiones sindicales, tal y como lo establece la reforma educativa.
“Así nos pagan”, dijo un encolerizado Acuña, al informar que él había afiliado al sindicato, al total de los trabajadores (maestros y administrativos) al “Partido Revolucionario Institucional” porque es el partido, sostuvo, que hace posible los progresos que tenemos los mexicanos y que, gracias a esa afiliación, los trabajadores realizan múltiples tareas partidistas, “en beneficio de nuestro instituto político”.

Tal corporativismo se hizo evidente, también, en la declaración realizada, en el curso de la reunión sostenida por los trabajadores al servicio del municipio de Juárez, con los candidatos priistas al gobierno del estado, Enrique Serrano, y a la alcaldía, Héctor Murguía, por Héctor Cano, secretario del Trabajo del SUTM, quien dijo “que el sindicato ya está decidido a apoyar a Murguía Lardizábal para la presidencia municipal y a Serrano para la gubernatura”, lo que explica el porqué la candidata panista a la alcaldía, Vicky Caraveo, no fue recibida en esa reunión. (Nota de O. Saucedo/M. Giacomán, El Diario, 29/IV/16).

Y si hubiera algún suceso que retratara nítidamente “la crisis terminal” de la actual administración, este es la arbitraria detención del ex periodista y actual candidato suplente de Morena a una diputación por un distrito capitalino, Gabriel Ortega.
¿A quién se le ocurrió, en plena contienda electoral, al igual que el cese de los pagos a los líderes sindicales del Bachilleres?
Lo detuvieron, dijeron después las autoridades prejudiciales, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por la acusación del Secretario de Salud, Pedro Hernández, de haber “producido o editado” una información “falsa o verdadera” que se refiere a la difusión de unos documentos bancarios en los que aparece que Hernández transfería recursos millonarios a una cuenta de la esposa del gobernador Duarte, Bertha Gómez.
Lo liberaron, pero el proceso sigue y ahí se abre una oportunidad de oro para esclarecer los hechos, en cualquiera de los dos sentidos.

Finalmente, en el PAN también sufren lo suyo.

La visita de Felipe Calderón, en medio de una evidente tensión, por los ríspidos diferendos entre éste y Corral, que se apreciaba hasta por el modo en que se comportaban en los actos públicos, en los que la defensa de su gobierno se convirtió en el tema central de sus discursos.
Revivió las heridas acaecidas en el tiempo más aciago para los chihuahuenses. Además, el intento de promover a su esposa, Margarita Zavala, como una mejor presidenta, “mejor que yo”, llevaría a más de uno a gritar ¡No me ayudes, compadre! Especialmente a Javier Corral.

¿No sería una de las respuestas de la extrema derecha al evidente acercamiento de Corral, no sólo a los grupos de izquierda, sino a las posturas ideológicas y políticas de éstos?

[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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