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México

En complicidad con el padre, hermanos secuestran a su propia madre

Dos personas fueron aprehendidas tras haber presuntamente privado de la libertad a su madre en complicidad con su padre en la colonia de San Pedro Mártir en la delegación Tlalpan.
Tras labores de la Procuraduría General de Justicia de la capital, se vinculó a proceso a los imputados de 24 y 30 años de edad, donde un juez de Control les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por el delito de privación de la libertad agravado.
El hombre de 30 años de edad presentará su proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, mientras que la mujer de 24 lo hará en el Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.
La mujer sufría violencia familiar desde hace 30 años.
De acuerdo con el expediente, una persona denunció que la víctima había sido presuntamente privada de la libertad por su cónyuge e hijos en un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Renacimiento Axalco de la delegación Tlalpan.
Las indagatorias arrojaron que la víctima sufría violencia familiar desde hace 30 años, cuando contrajo matrimonio con el ahora prófugo, lo que la motivó a resguardarse en casa de su madre en noviembre pasado en una casa de la colonia Topilejo de la misma demarcación.
Al enterarse de esto, los presuntos agresores llegaron a dicho inmueble y la obligaron a abordar una camioneta en la que la trasladaron contra su voluntad a una casa ubicada en el pueblo de Santa Justina Ecatepec, en el municipio de San Felipe Ixtacuixtla en el estado de Tlaxcala.
Intento escapar en dos ocasiones, por lo que fue agredida y posteriormente encadenada a la escalera del domicilio. Los responsables decidieron regresar a la Ciudad de México, donde se enteraron de una denuncia en su contra, por lo que fue obligada a tomar una llamada de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dónde manifestó que se encontraba a salvo en Puebla, sin embargo, por geolocalización se definió que la mujer se encontraba en un domicilio de la delegación Tlalpan, por lo que fue posible ubicarla y rescatarla.
La víctima fue entrevistada y valorada por las lesiones que presentaba, entre ellas la fractura del dedo gordo del pie derecho.
De acuerdo con lo establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro por la comisión del delito de privación de la libertad agraviado con el propósito de causar daño, establece que los imputados, podrían ser acreedores a pena privativa de libertad de 50 a 100 años.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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