arecen tarjetas de crédito, aunque en lugar del logotipo de un banco tienen plasmada la foto y el lema de algún candidato que las reparte a granel en sus actos de campaña. Ofrecen dinero a través de futuros programas sociales, pero los beneficios sólo se harán efectivos si los políticos en cuestión ganan las elecciones.
Este es uno de los tipos de propaganda electoral más populares en México y que despiertan la sospecha por posible compra de votos, ya que los candidatos confunden a los electores que guardan las tarjetas con la esperanza de que, una vez que el político llegue a su cargo, reciban lo prometido.
Las dudas sobre la legalidad de las tarjetas electorales se reavivó la semana pasada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación en contra de los candidatos a gobernadores de Nuevo León, Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (Movimiento Ciudadano).
La noticia desató suspicacias, ya que ambos son opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador y una eventual suspensión de sus candidaturas, cuando falta menos de un mes para las elecciones del 6 de junio, beneficiaría a Clara Luz Flores, abanderado de la coalición oficialista Juntos Haremos Historia. García será investigado por presuntas aportaciones ilícitas, y De la Garza, por solicitar el voto a cambio de dinero.
El motivo es la distribución de la «Tarjeta rosa», como bautizó el candidato el plástico que anuncia el programa «Por ti, mujer fuerte» a través del cual promete la entrega de un apoyo económico de 1.500 pesos mensuales (75 dólares). Solo si gana, claro.
Aunque por ley tiene prohibido hablar de las campañas, López Obrador aprovechó una de sus conferencias mañaneras de la semana pasada para mostrar fotos de la «Tarjeta rosa» y denunciar al político priísta. Días después, la FGR anunció la investigación.
Pero su caso no es el único.
Candidatos de diversos partidos, incluido el del presidente, reparten tarjetas en esta campaña.
Es el caso, por ejemplo, de la propia candidata a gobernadora en Nuevo León, Clara Luz Flores, que ofrece la ‘Tarjeta Nuevo León’; o de Víctor Romo, aspirante a alcalde en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que entrega la ‘Tarjeta violeta’ que anticipa apoyos económicos a 170.000 mujeres.
‘Tarjeta del salario rosa’ es el nombre del plástico repartido por la candidata del PRI a gobernadora en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, quien promete entregar 2.600 pesos (130 dólares) cada dos meses a las amas de casa.
Desde la alianza PRI-Partido de la Revolución Democrática (PRD), los candidatos a alcaldes en Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, y Acapulco, Ricardo Taja Ramirez, entregan la ‘Tarjeta Mérida’, para personas de escasos recursos, y la ‘TarjeTaja’, para mujeres vulnerables y madres solteras.
En Baja California Sur, el candidato de la alianza Partido Acción Naciona (PAN)-PRI a gobernador, Francisco Pelayo, reparte la ‘Tarjeta unidos conmigo’; mientras que el abanderado del PAN a gobernador en Querétaro, Mauricio Kuri, se llama ‘Tarjeta contigo’. El aspirante a gobernador en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde-Partido del Trabajo, prefirió bautizarla ‘Tarjeta cumplidora’.
El Instituto Nacional Electoral (INE) había prohibido en 2017 la entrega de tarjetas durante las campañas. Incluso su director, Lorenzo Córdova, solía subrayar que representaban un delito, aunque hoy ya no hace declaraciones en ese sentido.
Ese mismo año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la entrega de tarjetas al considerar que son promesas de campaña que no condicionan el voto. El fallo fue recordado esta semana por el consejero electoral Ciro Murayama.
Las posiciones de Córdova y de Murayama con respecto a esta estrategia de propaganda ha provocado una nueva polémica en México, ya que ambos son los funcionarios electorales más criticados por López Obrador, quien los acusa de parcialidad y de formar parte de los regímenes corruptos del pasado.
Más allá de las declaraciones de todos los personajes involucrados, la controversia legal continúa porque el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, que es precisamente lo que hacen los candidatos al repartir las tarjetas.
Burlas a OEA
Los llamados para que López Obrador condene este mecanismo se han multiplicado ante la multiplicidad de candidatos que usan las mismas estrategias que el denunciado De la Garza. La respuesta del presidente es que todos, sin importar el partido, deben ser investigados.
«Qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia porque es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones«, aseguró el presidente al celebrar la investigación en contra de De la Garza y reiterar que el voto tiene que ser libre y secreto, sin nada a cambio, porque no es una mercancía.
«Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada», señaló.
En respuesta a la causa iniciada en su contra, De la Garza viajó hasta Washington para denunciar ante al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la «intromisión» del presidente en las elecciones.
El candidato consiguió el respaldo de Almagro, quien, dados sus antecedentes en Bolivia, en donde validó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales, fue objeto de burlas en México en las que se le acusó de haber recibido ya la ‘Tarjeta rosa’ por parte del político opositor.
La polémica ya tiene antecedentes, puesto que en 2018 el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, fue denunciado por repartir la ‘Tarjeta Ingreso Básico Universal’ con la que prometía entregar un apoyo mensual de 1.500 pesos (75 dólares) a todos los mexicanos.
En ese momento, el INE concluyó que no había delito a perseguir, ya que las tarjetas y folletos forman parte de la propaganda. Pero el debate, lejos de cerrarse, se reavivó en estas elecciones.
